APUNTES SOBRE LOS ALCANCES DEL DEBIDO PROCESO

Derecho Procesal

Frank A. Acevedo Sánchez
Abogado, profesor de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil I , en la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte y Universidad Privada Cesar Vallejo.
“El Juez que aplica la ley injusta fríamente, sin cuestionamiento crítico, es en muchas ocasiones un hombre angustiado, la angustia es el reflejo psicológico de la conciencia de libertad y de la posibilidad de juzgar de forma menos simplista de aquel que produce concretamente la injusticia abstracta de la norma”
(Dyrceu Aguiar Cintra Júnior. Citado por: HERKENDOR, Joao Baptista. O direito precessual e o do humanisimo, Rio de Janeiro: Thex, 1997,p. 27).

1. Propedeútica

La máxima expresión de garantía de un proceso justo e imparcial descansa en aquel derecho constitucional llamado el Debido Proceso; pero para desarrollar los alcances de este derecho constitucional procesal, es pertinente conocer determinadas instituciones que están ligadas a ella, como es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de acción, el derecho de contradicción y el proceso mismo, a fin de ubicarnos dentro del contexto.
Desde antiguo sabemos que la acción directa, es decir la justicia por mano propia, fue una de las formas más extremas de resolver los conflictos de intereses, y a decir del maestro COUTURE[1] según la cual: “La acción civil viene a ser así, en último término, el instituto civilizado de la venganza”. La venganza, como mecanismo de hacer justicia, estuvo presente en las normas del Código de Hammurabi[2], sin perder de vista la ley de las XII Tablas[3].
Pero fue con el nacimiento del proceso como medio eficaz de solución de conflictos, que no sólo dejara de lado toda forma de acción directa, sino que hiciera remoto hasta imposible el retorno a aquella época primitiva en la que se defendía un derecho mediante el uso exclusivo de la fuerza, revistiendo al proceso de garantías que permita a los justiciables actuar igualitariamente. Esa garantía es lo que en doctrina se conoce como Debido Proceso.

2. Una aproximación al Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, Acción, Contradicción, Proceso y Debido Proceso.

Nuestro Código Procesal Civil (en adelante CPC), en su artículo primero del Título Preliminar, establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.
El jurista español JESÚS GONZALES PEREZ, establece que el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva es el derecho de toda persona sea demandante o demandada (el subrayado es nuestro) a que se le “haga justicia”; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por el órgano jurisdiccional, a través de un proceso con mínimas garantías. En esa misma línea el maestro argentino AUGUSTO MARIO MORELLO nos dice: “Según constante doctrina constitucional, el Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se configura, fundamentalmente como garantía de que las pretensiones de las partes que intervienen en un proceso serán resueltas por los órganos judiciales con criterio jurídico razonable...)[4]

Ahora bien, sin perjuicio de las posturas doctrinarias, sostenemos que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se consagra de tres formas: primero, en el acceso a la justicia a través del derecho de acción; segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y obtener del Estado a través de sus respectivos órganos jurisdiccionales una solución al conflicto de intereses, y por último, una vez dictada la sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos, lo que en resumen se manifiesta como: acceso a la justicia, debido proceso y eficacia de la sentencia.

El profesor JUAN MONTERO AROCA, catedrático de la universidad de Valencia, sostiene que puede entenderse al derecho de acción y contradicción como expresiones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. A nuestro entender, estimamos que el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva comprende tres derecho fundamentales como son: la acción, la contradicción y el debido proceso, en consecuencia, la negación al acceso a la justicia implica hacer caer al ciudadano en un estado de indefensión y alejarse de las soluciones pacificas de controversias.

Bajo este contexto aquella persona que sea lesionada en sus derechos materiales hará uso de su derecho de acción, la misma que se materializa a través de la demanda la cual es el instrumento para hacer valer el derecho de acción y la pretensión frente al demandado, y al ser la acción un derecho subjetivo, se encuentra presente en todo sujeto de derechos por la sola razón de serlo con absoluta prescindencia que sea el titular o no del derecho invocado.

Frente al derecho de acción del demandante existe el derecho de contradicción del demandado, quien también tiene el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tan igual como el demandante conforme lo establece el artículo I del T.P del CPC, que (... toda persona tiene el derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos ...), del mismo modo lo confirman los artículos 2 y 3 del CPC.
Para complementar lo dicho en los párrafos anteriores, diremos que el proceso viene a ser un instrumento de tutela de derecho que en él se hacen valer, constituido por una serie de actos ordenados cuya finalidad es lograr la paz social en justicia. En consecuencia si se vulnera los principios que garantizan el debido proceso, este se desnaturaliza y aquel instrumento de tutela falla y con él se vulnera el derecho de los justiciables.

Ahora bien, entendidos lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, acción, contradicción y proceso, cabe hacernos la pregunta ¿qué entendemos por Debido Proceso? Empezaremos diciendo que dentro de un estado de derecho, el ordenamiento jurídico es un sistema de conductas que deben ser cumplidas por los miembros de la sociedad; en consecuencia, la intervención de un Juez surge cuando uno de los miembros de la sociedad no cumple con dichas normas preestablecidas, en tal virtud el Juez actúa, pero su actuación no puede ser arbitraria, ni tampoco la de las partes, por que el Estado dicta normas de actuación en el proceso que garantiza el derecho de los justiciables, invistiendo al juzgador de poderes y facultades que le permita llevar a cabo su función de cumplir con la finalidad del proceso.

A este conjunto de garantías que aseguran el ejercicio de los derechos en un proceso, se les conoce como debido proceso que, como señala COUTURE, es algo más que la simple garantía de un proceso, es la garantía misma del derecho[5]. En consecuencia, es innegable que el debido proceso, como lo establecimos en el primer párrafo de este artículo, sea la máxima expresión de garantía de un proceso justo; no sólo para hacer eficaz el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva a través de los derechos de acción y contradicción, sino para hacer alcanzar los fines del proceso a que se refiere el artículo III del T.P del CPC[6].

El debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal, en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal, por lo tanto la contravención del derecho al debido proceso es sancionada ordinariamente por el Juzgador con la nulidad procesal, y se entiende por ésta aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de alguno de los elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido.

La expresión Debido Proceso, en doctrina, cuenta con diversas locuciones; por ejemplo: es conocida como garantía de defensa en juicio, debido procedimiento de derecho, forma de proceso, garantía de audiencia, debido proceso formal, derecho de contradicción, proceso debido, juicio justo y proceso justo.[7]

3. Principios que informan el debido proceso.

Para JUAN MORALES GODO, dentro de los principios que informan al debido proceso se encuentran los siguientes: Juez natural, defensa en un proceso, duración del proceso, motivación de las resoluciones y pluralidad de instancias[8]
a) Juez Natural. Es un principio que está vinculado al de legalidad de la competencia jurisdiccional por lo que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley. Está consagrada por el inciso 3, artículo 19 de la Constitución Política del Estado.
b) Defensa en un proceso. Como sabemos, una garantía del Debido Proceso es el derecho que tiene el demandado a defenderse en cualquier estado del proceso; esto se materializa en el derecho de contradicción o de bilateralidad, consagrado en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado.
c) Duración del Proceso. El tiempo en el proceso es una garantía cuando este es oportuno, pero la demora en la solución del conflicto nos trae la idea de que el sistema no sólo es lento y de por sí ha dejado de ser confiable, sino que se descree de él, es por ello que “el tiempo muerto en el proceso” es tiempo en la vida de una persona que está reclamando administración de justicia .[9] Es así que los principios de economía y celeridad procesal salvaguardan este principio, así como el deber del Juez de impulsar el proceso bajo responsabilidad, consagrado en los artículos II[10] y V[11] del Título Preliminar de CPC.
d) Motivación de las resoluciones. Motivar viene de motivum, que significa lo que mueve; es siempre una razón, la razón del acto; los jueces deben motivar todas las resoluciones que expida a lo largo del proceso, salvo las de mero trámite con expresión de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que sustente conforme lo establece el inciso 5, artículo 139 de la Constitución Política del Estado.
e) Pluralidad de la Instancia. Consagra la garantía de los justiciables de cuestionar las resoluciones que expida el Juez motivado por un vicio u error que adolece su decisión
y lo encontramos en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el cuál se ve reforzado por el artículo X del Título Preliminar del CPC.

4. Conclusión.

En definitiva, el Debido Proceso, es y será la absoluta garantía de todo justiciable que acude ante el Juez para que se le restablezca su derecho material lesionado. Por ello, resulta de suma importancia, que el proceso sea un instrumento al servicio de los justiciables para alcanzar la tan anhelada paz social. Sin embargo, debemos estar bien atentos porque allí donde el proceso no sea más que una mera solución de formalidades técnicas sin ninguna forma de razón fundada, donde el juzgador actúe con parcialidad y que sus fallos sean una farsa con fachada de legalidad; donde no se tome en cuenta una mínima escala de valores que le comprometa con el bienestar de los hombres y que la justicia sea tardía e inoportuna, la finalidad del proceso y por ende del procedimiento quedará como un sueño utópico y estaría siendo burlada; dándose las condiciones para retornar al ejercicio ilegítimo de la acción directa con el consiguiente peligro para la supervivencia del propio ser humano y de la sociedad.

[1] COUTURE Eduardo, Introducción ....,op, cit, pág. 17
[2] 196. Si un señor ha reventado el ojo de (otro señor) se le reventara su ojo”
197. “Si un señor ha roto el hueso de (otro) señor, se le romperá su hueso”
209. “Si un señor ha golpeado a la hija de (otro) señor, y motiva que aborte, pesará diez ciclos de plata por el aborto causado.
210. “Si esa mujer muere su hija recibirá la muerte .
“Mas si siguiere su muerte, pagará alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe” (Exodo, XXI, 23 y ss.).
“El que hiere a alguno de sus conciudadanos, como así se hará con el. Quebradura por quebradura, ojo por ojo, diente por diente restituirá. Cual fuere el mal que hubiere hecho, tal se le obligará a sufrir (Levítico, XXIV).
[3] TABLA VIII:
2. Si arrancó un miembro a alguien, y no pactó con él, aplíquese el talión.
11. Si por la noche alguien cometió un hurto y se le mató, sea muerto conforme a derecho.
23. Por las XII Tablas se dispuso que quien fuere convicto de haber prestado falso testimonio, fuese despeñado desde la roca Tarpeya.
[4] MORELLO,Augusto, “El proceso Justo”. Del garantismo formal a la tutela jurídica de los derechos , Buenos Aires, Abeledo-Perrot S.A, 1994, pág, 286-287.
[5] COUTURE, Eduardo “Estudios de Derecho Procesal” .T.I, pág.58.
[6] Art. III. TP .- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una encertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derecho sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia (...)
[[7] Al respecto CAROCCA PÉREZ, afirma que “Debido proceso” o “proceso con todas las garantías”, son las traducciones al castellano que mas se han difundido de dueprocess of law. Incorrecta a todas luces aparece la de “procedimiento debido” o “injusto proceso”, porque este último vocablo designa las formas a través de las cuales se determina el proceso y el inglés se corresponde como procedure y no con process (...) Sin embargo, siguiendo a VIGORTI nos parece que la traducción más correcta es la de “justo juicio” teniendo en cuenta que el término due, en el, que “recae toda la fuerza de la expresión es una apelación a la conciencia del hombre, a una justicia superior fundada por la naturaleza y sobre la razón (...) sin embargo debemos de reconocer que la expresión “debido proceso”, en el sentido de “justo” y no de “correcto”, poco a poco se ha ido imponiendo(...) En cambio las locuciones “juicio justo” y “juicio equitativo” parece haberse generalizado para designar esta garantía en la aplicación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (...) CAROCCA PÉREZ,Alex. Garantía constitucional de la defensa procesal: Barcelona: José María Bosch Editor 1998, p. 161, nota n° 475.
[8] MORALES GODO, Juan. “ La garantía Constitucional del Debido Proceso”, en Dialogo con la jurisprudencia
[9] MORELLO, Augusto M y Bidart Campos Germán. “La Corte Suprema y el tiempo muerto del proceso” J.A.1992-II-137.
[10]Art. II del TP.- La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien lo ejerce de acuerdo a lo dispuesto por este código. El Juez debe de impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuados del impulso de oficio los casos expresamente señalados en el código.
[11] Art. V del TP.-Las Audiencia y medios probatorios se realizaran ante el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se exceptúan las actuaciones procesales por comisión (...)

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