DE CÓMO LA MEDIOCRIDAD E IRRESPONSABILIDAD (casi) MANDAN INOCENTES A PRISIÓN

Por: Marlene Román*

Una mezcla de satisfacción y desazón me genera la necesidad de poner en limpio algunas reflexiones sobre mis primeras andadas como defensora de derechos humanos y abogada litigante a la vez.

No es mi intención hacer un auto halago de mi labor; en su lugar, busco compartir y denunciar las injusticias que a diario se pueden cometer, no solo por la corrupción enquistada en los distintos órganos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, sino también a la mediocridad, la falta de responsabilidad, la desidia y la insensibilidad de los funcionarios que tienen sobre sus hombros la delicada tarea de hacer justicia.

Asumí el reto de defender a los dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados de la minera Casapalca prácticamente forzada por colegas que veían en mí solidez profesional, pero sobre todo capacidad para la pelea cuando de buscar justicia se trata. Nunca antes había litigado, ni siquiera practicado; y, ciertamente, no es lo mismo “litigar” casos hipotéticos y ante “tribunales internacionales” en competencias estudiantiles, que enfrentarte al Poder Judicial peruano y a todo lo que ello implica. Pero tuve la suerte de cruzarme con quien hoy es mi gran amigo y maestro, quien me guió y enseñó lo necesario para enfrentarme a lo que se me venía por delante.

Hoy, después de varias idas y venidas, frustraciones, sentimientos de impotencia, de esperanza, de pequeñísimas batallas ganadas y perdidas, puedo decir que me siento contenta con el primer caso ganado; y mi alegría es fundamentalmente por aquellos siete mineros absueltos y su familias pobres, a quienes literalmente se salvó de una condena inminente, pese a la inexistencia de pruebas de su responsabilidad. Aunque, como decía al inicio, esta primera victoria palpable me genera más preocupaciones que satisfacciones pues he confirmado, en la cancha, que – además de la presión que ejerce el poder político y económico en algunos casos - en casos “comunes y corrientes” (aquí no se trataba del caso de dirigentes incómodos para una poderosa minera – como el de Pedro Condori, Secretario General del Sindicato de Casapalca, al cual también patrocinamos - sino de simples obreros, algunos incluso no sindicalizados)-, la mediocridad, la desidia, la falta de seriedad y de responsabilidad de los funcionarios encargados de hacer justicia, terminan mandado a la reja a un gran número de inocentes cuando éstos no tienen la suerte de poder acceder a una seria y responsable defensa.

Las personas procesadas tenían ya un pie en prisión, y no es retórica. Asumí el caso con notificación para lectura de sentencia en mano. El Fiscal había pedido entre 7 y 8 años, nada más y nada menos, por supuestamente haber éstos bloqueado “en forma violenta y tumultuaria con piedras, palos y otros objetos la Carretera Central y en circunstancias que los efectivos policiales a cargo de la USE-Chosica procedía a limpiar las carreteras, los imputados del Sindicato procedieron a arrojar piedras desde la altura de los cerros impactando una de ellos en el policía, Giuliano Villareal, cegándole la vida, motivo por el cual se intervino a los procesados, incautándoseles a los mismos en poder de piedras y algunas mascarillas”.

A poquísimos días de la lectura de sentencia, me apersoné al proceso y luego de una minuciosa revisión de los dos tomos del expediente llegué a la conclusión de que una condena era más que absurda; “el mundo patas arriba” ironicé frente al Secretario del 49 Juzgado Penal, luego de plantearle mis principales cuestionamientos tras terminar mi revisión, a lo cual asintió sin poder evitar mostrar un rostro avergonzado, y tratando de justificarse a sí mismo y a sus superiores con un “doctora, pero usted es la primera que viene a revisar el expediente”. O sea, “si el abogado no se mueve, no espere mucho de nosotros”, entendí.

Terminé de leer la acusación fiscal haciendo esfuerzos por entender cómo un profesional que tiene mucha más experiencia y conocimiento penal y procesal que yo había podido formular acusación sin existir ni una sola prueba sólida que determinara responsabilidad penal en alguno de los procesados; se supone que había revisado el mismo expediente que yo. Ese “profesional” se llama Edmundo Pedro Calderón Cruz, y es el Fiscal Titular de la 49 Fiscalía Penal de Turno. Salí del lugar indignada con medio mundo, con la jueza por no haber estudiado con seriedad el caso, con el asistente por tampoco haberlo hecho (en la práctica, son éstos quienes conocen más los expedientes), con el Fiscal quien no aplicó ni una pizca de rigor al momento de decidir si acusaba o no, con el Secretario quien por una mera formalidad de trámite por poco y no me permite acceder al expediente a tiempo, con el Juzgado y la Fiscalía de Matucana por su nula aplicación del Derecho cuando de los mineros y dirigentes de Casapalca se trata (habrán sucumbido a la tentación del dinero de la Minera, me pregunto con harta, pero harta, ingenuidad), con la policía de Casapalca (idem), con los abogados anteriores a cargo del caso.

Pero bueno, había que transformar toda esa indignación en argumentos contundentes para tratar de convencer a la jueza – un día antes de la lectura de sentencia, por cierto – de la inocencia de estas personas.

En efecto, no existía ninguna prueba sólida contra los obreros mineros detenidos por la Policía de Casapalca, acusados de haber bloqueado la carretera y de haber causado la muerte del efectivo policial. El relato de los procesados era uniforme y coherente; algunos de ellos ni siquiera se enteraron en el momento de su (violenta) detención de los motivos de la misma, solo vieron aparecer de repente a la policía tirando bombas lacrimógenas y deteniendo a todos los que encontraba a su paso – una piedra acaba de matar a su colega, y era evidente que querían “encontrar” responsables a toda costa. Fueron 17 los detenidos, pero finalmente terminaron acusando solo a 7, pues el resto ni siquiera trabajaba para la minera Casapalca, eran simples pobladores que estuvieron en el lugar y momento equivocados. Los procesados narraron cómo fueron fuertemente golpeados, como les introdujeron piedras entre sus prendas y cómo les hicieron firmar papeles (las actas de registro personal) sin leer el contenido y sin presencia del Fiscal, mucho menos de abogados. En el expediente pude constatar con sorpresa que algunas actas habían incluso sido burdamente adulteradas, añadiendo con tinta distinta y sobre las líneas punteadas la existencia de piedras en bolsillos. No existía registro fotográfico, físico ni de ningún otro tipo de esas piedras (con las que supuestamente se llevó a cabo el bloqueo; sí, se bloquean carreteras con piedras que caben en bolsillos de pantalones y casacas, en opinión de estos entendidos en la materia). Los policías que llevaron a cabo las detenciones, pese a haber sido citados por la Jueza, nunca se presentaron a declarar. No había testigo alguno. El video cuya acta de visualización estaba en el expediente, solo registraba el momento de la detención de uno de los procesados cuando se encontraba sentado en la Plaza de Casapalca, y los golpes que la policía le propina al momento de intervenirlo. Uno de los procesados había señalado incluso que no era miembro del Sindicato y que no tenía motivos para participar de la protesta pues “ganaba bien”, y presentó como prueba su boleta por 1,600 soles (la gran mayoría gana en promedio de 400 a 600 soles). A este trabajador también le notificaron para la lectura de su sentencia; o sea, con boleta de pago y todo, iba a parar tras las rejas.

Pero el panorama no era nada sencillo. Cabía la posibilidad de que la Jueza (a todo esto, se llama Tania Parra Benavides) no aceptara nuestro escrito arguyendo que ya había precluido la etapa de alegatos finales, y que en todo caso planteemos nuestros argumentos en vía de apelación. Nos ubicamos entonces en ese hipotético escenario; de ser así, tendríamos que “sacrificar” a uno de los procesados para que recibiera su condena y permaneciera privado de su libertad mientras nos “tumbábamos” el proceso en segunda instancia. Sin duda era duro, pero teníamos que sondear todas las posibilidades; así que comenzamos con la más cercana: presentar nuestros argumentos al juzgado e intentar hablar con la jueza, así fuera a 24 horas de la lectura de sentencia.

Al comienzo la jueza no quiso recibirme; me mandó decir con su asistente que regresara al día siguiente, que entonces se me notificaría la sentencia, que ella no adelantaba opinión. Luego de insistir directamente con la magistrada y de dejarle en claro que no quería conocer de antemano el contenido de su resolución sino que me acaba de apersonar al proceso, me dejó entrar, pero era tan poca su receptividad que consideré prudente limitarme a invocarle que leyera el escrito presentado en mesa de partes, que quizá estaba por mandar a la cárcel a gente inocente y que estaba segura que no se había analizado el expediente con rigurosidad. De manera cortante, la jueza Parra me contestó que no me preocupara, que ella siempre solía leer “todo lo que se presentaba antes de emitir sentencia”.

Y parece que así lo hizo, recién; el día de la lectura de sentencia ninguno de mis patrocinados se presentó; por supuesto, tampoco yo. Al día siguiente, cuando fui a indagar qué había pasado, el Secretario me contó que la jueza había decidido cancelar la diligencia y que solo quedaba esperar a ver si volvía a citar o “quizá de frente nomás notifica la sentencia”. Salí contenta; sin duda era una buena señal, pero había que ser pacientes y esperar.

La siguiente noticia que tuvimos del proceso fue que – a raíz, al parecer, de que esta vez sí se pusieron a revisar el expediente con la responsabilidad requerida – se percataron que la parte civil nunca fue notificada para la presentación de sus alegatos finales. Así que para subsanar ese (grave) error, emitieron una resolución en donde llamaban la atención “al cursor para que ponga mayor cuidado en sus funciones”, se notificaba al procurador público del Ministerio del Interior a presentar sus alegatos, y se dejaba sin efecto la resolución por la cual se había citado a la diligencia de lectura de sentencia.

Un mes después, el Secretario celebra conmigo que hayan absuelto a todos los encausados. Yo, con la mezcla de sentimientos ya descrita, solo atino a decirle que ojalá y tengan más cuidado con los casos en adelante, que detrás de los expedientes hay personas, hay familias, hay dramas, y que un poco más de seriedad y responsabilidad en su trabajo puede hasta salvar vidas.

En términos personales, he descubierto que esto del litigio es, para mí, ya una obligación moral. La administración de justicia está mayormente en manos de corruptos, mediocres e insensibles; no podemos dejarlos solos. Hay que entrarle a ese charco y hacer hasta lo imposible por limpiarlo; vale la pena.

* Periodista y abogada con tesis suma cum laude por la USMP. Investigadora de la Facultad de Derecho de la USMP, y consultora de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Ex visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.