"LEGAL COMENTARIO"

APRUEBAN PROGRAMA SECIGRA (Servicio Civil de Graduados) Derecho 2012

2012-01-20T16:34:00.000-08:00

Para coadyuvar a una pronta y eficiente administración de justicia, ampliando el ejercicio práctico de la profesión, así como incentivar la responsabilidad social del graduando, el Ministerio de Justicia aprobó el programa Secigra Derecho 2012, que va desde el 16 de enero al 13 de julio y del 1 de agosto al 30 de noviembre próximo.

Según la RM 0281-2011-JUS, las unidades receptoras deberán abonar mensualmente a los secigristas que tengan asignados un estipendio no menor a S/. 510, en caso de que se trate de un secigrista pleno, y no menor a S/. 340 si fuera semipleno.

El alcance del programa Secigra Derecho 2012 comprende a las universidades, unidades receptoras y secigristas que solicitaron participar en las ciudades de Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cañete, Cusco, Chiclayo, Chimbote, Huacho, Huánuco, Huancavelica, Ica, Iquitos, Huancayo, Huaraz, Lima, Moquegua, Piura, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto, Tumbes, Trujillo y Pucallpa.

La norma regula aspectos sobre la evaluación y la supervisión de los participantes, la realización de eventos y publicaciones, el registro de participantes en el programa, la asignación de los alumnos a las unidades receptoras en el país.

El impulso otorgado al programa Secigra responde a que viene cumpliendo los propósitos para los cuales fue creado, colaborando en su marco normativo, con la administración pública y de justicia. La prestación facultativa de servicios conlleva a optimizar el rendimiento de los alumnos asignados y, en consecuencia, un mayor beneficio para las instituciones que conllevan su participación.

TESTIMONIO DE UN EX ESTUDIANTE DE DERECHO DE LA UCV.

2012-01-16T14:40:00.000-08:00

*Testimonio ofrecido en la clausura del la Semana de Derecho UCV, en el Colegio de Abogados de la Libertad como parte del Homenaje al Primer Decano de la Facultad de Derecho de la UCV. Dr. Sigifredo Orbegoso Venegas. Trujillo 25 de Noviembre del 2011

Primero quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo por haberme convocado junto a dos destacados colegas, Dr. Marco Carmona Brenis director de escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Sipan y Dr. Luis Valdez Farias actual Gerente de la Municipalidad Provincial de Trujillo con quienes tenemos algo en comùn y es que los tres egresamos de una misma universidad.

Debo confesar que es la primera vez que doy un testimonio, no sabía cómo empezar a escribir estas líneas. A veces me es más fácil escribir un artículo jurídico, hacer una clase o a dictarla, que hablar un poco de mí.

Pero gracias a Dios tenemos un Don muy preciado un Don casi divino quizá un espacio donde escapamos y nos refugiamos y podemos volver a ser felices y es la hermosa capacidad de poder cerrar los ojos y empezar a recordar, buscando entre mis recuerdos encontré material para escribir estas líneas que hoy lo han llamado testimonio. Y mis recuerdos me llevaron al año de 1993, año en que ingrese a mi Alma Mater que todos conocemos (UCV)

Y recuerdo con mucha claridad, por aquellos años que empezamos a estudiar en una casona antigua ubicada en el centro de Trujillo que estaba muy lejos a las confortables aulas que hoy tenemos en nuestra Facultad. Luego pasamos al Local de La Av. Larco muy conocido como el gallinero (porque solo era una franja de salones), pero poco a poco fuimos creciendo, nos fuimos fortaleciendo y digo fuimos porque me siento con autoridad al decir que crecí junto a mi universidad..

Así pasamos de la casona antigua, al único pabellón, pasamos de la tiza al plumón, de la pizarra verde a la pizarra acrílica, del piso de tablón al piso de cerámica. Pasamos de ser una universidad a 6 universidades, pasamos de ser pocos alumnos a ser miles en todo el país.

Antes en mi universidad había que marcar una tarjetita de ingreso y salida y ojo no podías salir de la universidad si no era con autorización de tus padres y recuerdo el timbre que anunciaba el conocido breake. Hechos que ahora sería impensable para uds.

Así era al inicio mi universidad y así aprendimos a quererla y a respetarla.

Sentir esa sensación de pertenecer a una institución que creció junto a ti es como sentir que es parte de ti, es parte de tu historia que ha sido escrita no por casualidad, sino por ti, a costa de esfuerzo y perseverancia. Entonces hay que vivir esta historia porque es parte de tu vida y la vida es un regalo de Dios. Nos la da como un bello cuaderno, con hojas en blanco, nos permite ensayar, rayarlo borrar y volverlo a rayar. Escribimos nuestra historia, Él solo pone el punto final

Como olvidar mis clases con destacados Maestros. Mi primera clase de introducción al Derecho fue con el Dr. Sigifredo Orbegoso Venegas, quien nos introdujo en el mundo del derecho y quizá el no recuerde porque simplemente fui uno de los tantos alumnos que formo el Maestro. Pero recuerdo su paso por el decanato su correcto actuar, su pasión por el derecho, pasión que influencio mucho en mi formación profesional y en la de mis compañeros de promoción. Hasta ahora mantengo en el recuerdo sus clases magistrales y las lecturas en voz alta que nos hacia leer.

Así fueron muchos los Maestros que desfilaron por mi aula, y muchos aun siguen enseñando; los veo caminado raudos a la Facultad y aún les saludo con el mismo respeto y admiración.

Tuve el honor de tener profesores como el Dr. Sigifredo Orbegoso, Dr. Marcelo Valdivieso, Dr. Francisco Urquiza, Dr, Carlos Castañeda cubas, Dra Wilda Cárdenas, Dr. Francisco Falcón, Dra Sara Chávez, Dr. Benjamin Yep Maeda, Dra Milady Castillo, Dr. Hilmer Zegarra, Dr. Nelson Lozano, Dr. Guillermo Urbina Gambini, entre otros.

Egrese un diciembre de 1998. Pero desde el año 1996 trabaje de la mano del Dr. Hilmer Zegarra Escalante, hombre de leyes a quien le debo todo mi respeto y aprecio, y también mis primero pasos por las pasillos de la corte y los vericuetos del litigio. Dos años después toque las puertas de la II Sala Civil y encontré a un querido profesor de Derecho Procesal, el Dr. Nelson Lozano Alvarado y le pedí ser su asistente de cátedra; para ese entonces solo imaginaba y soñaba enseñar Derecho como aquellos maestros que una vez me enseñaron a mí. Pero como todo en esta vida no es golpe de suerte sino esfuerzo, perseverancia y amor por lo que haces decidí ese momento que lo mío era lo académico, era la enseñanza.

Y así de pronto una mañana de abril del año 2002 empezó mi historia como catedrático, no solo de mi Alma Mater sino de otros 6 claustros universitarios, bajo cinco acuerdos: Sé impecable en tus palabras, no tomes nada personal, nunca hagas suposiciones y siempre da lo mejor de ti. Han pasado casi 10 años y aún sigo aquí caminado por los mismo pasillos de mi Facultad, pensando que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.

Pero también reflexionemos si esta vida no tuviera problemas ni obstáculos que librar, ni miedos que superar, ni amores por quien luchar entonces ¿qué tendría de divertido?

Por eso jóvenes no renuncien a la etapa más hermosa de vuestras vidas que es su paso por la universidad. Este puede ser el punto de partida de grandes metas y bases para su propio futuro. Por ello seamos inconscientemente investigadores, inconscientemente apasionados por el derecho, inconscientemente triunfadores, inconscientemente positivos, ya que sin esos ingredientes no es posible lograr el éxito.

Hoy por la tarde mientras pensaba que decir, tome un libro y al abrirlo encontré un mensaje que deseo compartir con uds y se trata de saber elegir.

• Siempre pueden elegir.

• Reír en lugar de llorar

• Abrazar en lugar de golpear

• Amar en lugar de odiar

• Compartir en lugar de ser egoísta

• Servir en ligar de ser arrogante

• Perdonar en lugar de ser rencoroso

• Orar en lugar de maldecir

Por ello elige hoy:

• Sonreír en lugar de sembrar discordia

• Aplaudir en lugar de criticar

• Ser paciente en lugar de acosar a los demás

• Ser bondadoso en lugar de ser resentido

• Ser amigo en lugar de ser enemigo de todos

• Alabar y reconocer en lugar de ser indiferente.

Por último, debo decir que en la vida hay momentos de plenitud que no pueden ser explicados totalmente por esos símbolos llamados palabras, su significado solo puede ser articulado por el ineludible lenguaje del corazón por eso de todo corazón quiero agradecer que me hayan brindado un pequeño espacio el día de hoy para resumir 10 años vinculado con lo que más amo hacer y es enseñar Derecho en mi universidad.

Gracias

“ORABUNT CAUSAS MELIUS” EL LEMA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Y LA HISTORIA (SINGULAR) DE UNA INFAMIA

2011-12-26T09:03:00.000-08:00

* Leysser León Hilario - Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Civil PUCP, UP, UPSMP. Asociado Senior del Estudio Ferrero Abogados

En una publicación electrónica reciente1, Alfredo Bullard identifica con objetividad y crudeza muchos de los problemas que agobian al Colegio de Abogados de Lima, cuyo nuevo decano será elegido dentro de poco. De esas polémicas reflexiones y reprensiones, en las que el autor cuestiona acremente el valor y la utilidad, inclusive, de la colegiatura, ha llamado mi atención la atinada referencia a la divisa del Colegio: “orabunt causas melius”, que aparece inscrita en la medalla que poseemos, como distintivo, los miembros de la Orden.

Como señala Bullard, la traducción corriente de esta enseña –masivamente inobservada, como él también destaca– es “sólo defenderemos causas justas”. Yo recuerdo otra versión, no muy diferente: “defenderéis las mejores causas”: una invocación a los miembros de la Orden para discriminar los pleitos buenos de los malos y para elegir los que sean justos.

En realidad, sin embargo, el lema del Colegio se traduce “(otros) serán mejores en oratoria” o “en elocuencia”. Sólo con la asociación tardía del vocablo “causa” con “controversia” cobran arraigo las traducciones “forenses” que, a pesar de todo, no nos son tan familiares: “(otros) defenderán mejor las causas” o, según Fray Luis de León: “(otros) abogarán mejor”2 o, como propone John Dryden: “(let others) plead better at the bar”3.

¿Cuál es el origen de esta tergiversación, que asigna el significado imperativo de defender las mejores causas a un augurio o esperanza de perfeccionar la elocuencia y, posteriormente, de ser mejores al defender o abogar? ¿Y qué valor, al margen de las precisiones filológicas, puede o debe reconocerse actualmente a la añosa enseña?

“Orabunt causas melius” es un verso tomado de la “Eneida” (Canto VI), en el que Anquises, padre del héroe troyano Eneas, augura para Roma un porvenir glorioso en sojuzgamientos y en reinados, a la vez que vislumbra la aparición de “otros” que serán mejores en las artes (entre ellas, la oratoria) y ciencias. El verso es famoso, empero, por constituir una infamia: una histórica diatriba del poeta Publio Virgilio Marón (70-19 a.C.) contra el filósofo y político Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.).

“Otros –añora Anquises en este pasaje de la “Eneida”– harán tan al vivo las imágenes, que parezca que respiran: no lo reduzco a duda. Otros en el mármol esculpirán al vivo los rostros. Otros abogaránmejor, escribirán altamente de la astrología, los movimientos de los cielos y los aspectos de los signos. Tú, oh romano, no te olvides de regir a los pueblos con imperio; guarda solos estos preceptos; procura siempre conservar la paz, favoreciendo a los desvalidos y no perdonando a ningún poderoso”4.

La interpretación ilustrada de “orabunt causas melius” revela que con estas palabras Virgilio dictamina la superioridad, en elocuencia, de Grecia (de Demóstenes, siendo precisos) sobre Roma (sobre Cicerón, siendo, una vez más, precisos)5. La esperanza en que otros, en el futuro, brillen más en la elocuencia representa un desconocimiento de todos los méritos de Cicerón; mezquindad que según los estudiosos que han analizado este pasaje virgiliano sería atribuible al distanciamiento entre el agraviado, opositor del Segundo Triunvirato, y Octavio, el futuro emperador Augusto (63 a.C.-14 d.C.).

En “La Ciudad de Dios”, San Agustín (354-430) descifra las palabras de Virgilio como una nítida manifestación de la vocación (romana) por el mando y el señorío, antes que por los oficios y las artes enaltecidos en otros pueblos: la vocación de “reinar y mandar, de sujetar y conquistar a otras gentes”6. Siglos después, el cardenal Pietro Sforza Pallavicino (1607-1667), al escrutar las razones del dictamen contenido en la “Eneida”, opina que una alabanza al orador habría sido vista como un vituperio contra Augusto, que había permitido la ejecución de Cicerón, resuelta por Marco Antonio (83-30 a.C.).

La invectiva de Virgilio, sin perjuicio de estas consideraciones, es claramente infundada, pues – como esmeradamente subraya Sforza Pallavicino– “la elocuencia había florecido en Roma, de manera admirable, desde los primeros años de esta ciudad”7. El propio Cicerón lo atestiguó en sus obras8, pero, sobre todo, con su ejemplo de vida, que le valió el reconocimiento general como “rey del foro y ley en el decir”. El don de la palabra de Cicerón habría sido tal que hizo derramar lágrimas a un gobernante, en Rodas, que luego de escucharlo cayó, emocionado, en la cuenta de que los romanos habían despojado a Grecia, no sólo del “cetro del poder”, sino también del de la elocuencia9.

En la segunda mitad del siglo XVIII el poeta Vittorio Amedeo Alfieri (1749-1803) califica de “cobarde” el insulto virgiliano y de “infames” las palabras “Orabunt (alii) caussas melius” (sic). Explicitando el denuesto, Alfieri traduce: “otros pueblos tendrán oradores más excelsos, que los romanos no tuvieron” y opina que, con este proceder, “un escritor latino excelente, con vil y mezquina desvergüenza, concede gratuitamente las palmas de la elocuencia a los griegos o a quien sea, con el solo fin de quitársela a Cicerón” y de congraciarse, a la vez, con el emperador Augusto10.

La explicación de Alfieri recibe la adhesión del escritor Lorenzo Pignotti (1739-1812), quien cita un hecho anecdótico sobre el odio de la familia imperial hacia Cicerón: en una ocasión Augusto descubrió que sus nietos leían, a escondidas, las “divinas obras” del ejecutado. Y les dijo que aquel autor, secretamente consultado, había sido “un hombre docto, amante de la libertad”11. Otro intelectual italiano, Antonio Meneghelli (1765-1844), dedica un entero ensayo al verso en cuestión, en el que sostiene, minoritariamente, que “orabunt causas melius” responde, no a un deliberado propósito de ofender, sino al convencimiento pleno y honesto de Virgilio sobre la superioridad de los griegos en el terreno de la oratoria. Cuando se escribió la “Eneida” – según Meneghelli– “todo lo que se conocía del griego era precioso a ojos de los romanos. Muchos dejaban a un lado la lengua patria para consagrarse a la de Pericles, y nadie pensaba que fuese posible alcanzar cierta celebridad si el saber no provenía de las fuentes griegas”12. No debe sorprender –concluye el autor citado– que Virgilio, “doctísimo en la letras griegas y latinas, aun al cabo del más riguroso cotejo, haya tomado partido por Demóstenes, y que sólo por él haya hecho decir al padre Anquises: orabunt causas melius”13.

Thomas De Quincey (1785-1859), finalmente, coincide en tildar el verso virgiliano de “insulto a la memoria de Cicerón” y ratifica la tesis tradicional de que, con sus palabras, el poeta buscaba congraciarse con el emperador y cumplir sus “deseos malignos”14. El ensayista inglés afirma – en otro de sus opúsculos– que “orabunt causas melius” es un “estudiado insulto [de Virgilio] a un gran compatriota recientemente desaparecido, no menos falso en los hechos que en sus motivos”15.

Llegados a este punto, es inevitable y comprensible la perplejidad ante cuáles fueron las reales intenciones de quienes, al organizar la Orden instituyeron “orabunt causas melius” como lema de los colegiados. Nada precisa, al respecto, el Decreto Supremo del 31 de marzo de 1838, en cuya virtud el mariscal Luis José de Orbegoso, como “Presidente Honorario” de la República, dispone:

“Art. 1. Los individuos del Colejio de Abogados de esta capital, a más del vestido negro que les corresponde, llevarán como distintivo particular una estrella de oro de dos pulgadas de diámetro con siete ángulos salientes y una corona cívica en el centro, dentro de la cual se leerá, en tres líneas paralelas, el mote del Colejio: Orabunt causas melius, y sin más adorno, según el modelo presentado”16.

El Decreto obliga a portar el distintivo (artículo 3) “en las concurrencias de etiqueta, en las Juntas del Colejio y en las asistencias a los estrados de los Tribunales y Juzgados; pudiendo los Majistrados, eclesiásticos y empleados que pertenecen al cuerpo usarla también”, y dispone terminantemente (artículo 4) que no se admita en “los Tribunales y Juzgados a los Abogados del Colejio que no se presentaren con la insignia detallada”, encargándose el cumplimiento de este mandato al Ministro de Estado del Despacho del Interior.

Habiendo rescatado y esclarecido el origen y significado de la expresión, creo que su lectura moderna debe enfocarse en la necesidad de la preparación del abogado para el ejercicio de la profesión; requerimiento que, como bien se entiende, está en un nivel más elemental que el de la noble elección de los “mejores” casos o de los casos “justos”: la práctica forense urge de preparación, también, en el “arte de arengar” –como lo llama Meneghelli– o en el de persuadir y, más en general, en el de comunicar. Estas exigencias, en no menor medida que todas las oportunamente efectuadas por Bullard, merecen el interés prioritario del Colegio.

Esta reclamación –hay que anotarlo– no es nada nueva. A mediados del siglo XIX, el polígrafo y jurisconsulto nacional Manuel Atanasio Fuentes (1820-1889), que llegaría a ser decano del Colegio (1879-1882), escribe, con su inconfundible estilo:

“La existencia en nuestro foro de algunos abogados que a pesar de muchos años de práctica, dan diariamente pruebas de una ignorancia escandalosa, sólo puede explicarse por la poca severidad de los miembros del Colegio, encargados de apreciar la suficiencia de los candidatos, y demuestra que en aquellos obran también ciertos estímulos que no son los de la imparcialidad y la justicia”17.

“Abogarán mejor” es, entonces, un ideal de viva actualidad y de obligatoria reafirmación hoy en día, cuando la actividad forense demanda de cada miembro de la Orden el compromiso y la responsabilidad de aprender y conocer más para perfeccionar, en todos los planos, el ejercicio de la profesión.

Lima, 15 de noviembre de 2011

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1 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo, en “Prohibido Prohibir”, en http://www.blogs.semanaeconomica.com, post del 31 de octubre de 2011.

2 PUBLIO VIRGILIO MARÓN, “Los Seis Libros Primeros de la Eneida”, traducidos en prosa castellana por Fray Luis de León, t. III, Oficina de Josef i Thomas de Orga, Valencia, 1777, p. 482-483.

3 DRYDEN, John, “The Works of Virgil”, vol. III, C. Bathurst y otros, Londres, 1782, p. 188.

4 Siempre según la traducción citada (nota 2) de Fray Luis de León.

5 Nótese que la abogacía está claramente excluida de la comparación virgiliana, porque Demóstenes, a diferencia

de Cicerón (abogado, además de tribuno y filósofo) se dedicó sólo a la actividad política.

6 SAN AGUSTÍN, “La Ciudad de Dios”, trad. de Antonio de Roys y Roças, Libro V, Capítulo XII, Imprenta de Juan de la Cuesta, Madrid, 1614, p. 137.

7 SFORZA PALLAVICINO, Pietro, “Del Bene” (1644), en ID., “Opere”, vol. II, Nicolò Bettoni e Comp., Milán, 1834,

Cap. XLIV, p. 567. Entre los autores italianos anteriores e interesados, igualmente, en descifrar el significado de este verso de VIRGILIO destaca el escritor y filósofo SPERONI DEGLI ALVAROTTI, Sperone (1500-1588), “Dialogo primo sopra Virgilio” (1542), en ID., “Opere”, t. II, Domenico Occhi, Venecia, 1740, p. 112 y s.

8 SFORZA PALLAVICINO (loc. cit.) remite al diálogo “De claris orationibus”, dedicado a Marco Bruto, y también a las “Tusculanae disputationes”, donde la afirmación de la superioridad romana en oratoria sería explícita. Este juicio es confirmado por WILLIAMS, R. D., “The Sixth Book of the «Aeneid»”, en “Greek & Rome”, 2a. serie, vol.

11, Cambridge University Press, 1964, p. 61.

9 Aunque no lo consigna SFORZA PALLAVICINO, esta anécdota proviene de PLUTARCO, “Cicerone”, en ID., “Le vite

parallele”, trad. de Girolamo Pompei, vol. IV, Felice Le Monnier, Florencia, 1846, p. 145. Cicerón, según informa

PLUTARCO, pronunció aquel famoso discurso en griego.

10 ALFIERI, Vittorio Amedeo, “Del Principe e delle Lettere”, Barbèra, Bianchi e Comp., Florencia, 1859, p. 106-107. El conde ALFIERI –oportuno es recordarlo– fue autor de una de las más famosas traducciones italianas de la “Eneida”.

11 PIGNOTTI, Lorenzo, “Lettere sopra i Classici”, en “Atti della Accademia Italiana”, t. I, Molini, Landi, e Compagno, Florencia, 1808, p. 55-56 (lettera II). La fuente es, una vez más, PLUTARCO, op. cit., p. 194. Tal vez PIGNOTTI cita de memoria, porque las expresiones de Augusto, según PLUTARCO, fueron: “Hombre docto, hijo mío, hombre

docto y amante de la patria”.

12 MENEGHELLI, Antonio, “Sopra il passo dell’Eneida Orabunt causas melius”, en ID., “Opere”, vol. IV, Tipográfica Minerva, Padua, 1831, p. 159-160.

13 IBÍD., p. 162-163. Abonaría en favor de esta interpretación el hecho, conocido, de que Virgilio encomendara a dos de sus amigos, como última voluntad, la destrucción del manuscrito de la “Eneida”.

14 DE QUINCEY, Thomas, “Letters To a Young Man Whose Education Has Been Neglected”, en ID., “Works”, vol. XIII, Adam and Charles Black, Edimburgo, 1863, p. 67 (texto y nota). Ver también: P. VERGILI MARONI, “Opera”, con el comentario de John CONINGTON, vol. II, Whittaker and Co. Ave Maria Lane, Londres, 1863, p. 526 (nota

al verso 849 de la “Eneida”).

15 DE QUINCEY, Thomas, “The Logic of Political Economy” (1844), Ticknor and Fields, Boston, 1868, p. 64.

16 En: “Colección de leyes y decretos y órdenes publicadas en el Perú desde su independencia”, t. VI, Imprenta de José Masías, Lima, 1842, p. 54-55.

17 FUENTES, Manuel Atanasio, “Estadística general de Lima” (1ª. ed., 1858), 2ª. ed., Tipografía de Ad. Lainé y J. Havard, París, 1866, p. 177.

Fuente: http://works.bepress.com/leysser_leon/16/, Peru Top Lawyer

Foto: www.up.edu.pe/carrera/derecho

Semana de Derecho del 21 al 25 de Noviembre. Facultad de Derecho UCV.

2011-11-11T07:09:00.000-08:00

El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, Dr. Roberto Alejandro Palacios Bran, en un esfuerzo por brindar espacios de calidad, invita a todo nuestro alumnado y público en general a participar de nuestra "SEMANA DE DERECHO" Se parte de una semana llena de actividades, reconocimientos, integración y jubilo, donde el principal protagonista son nuestros alumnos. Bienvenidos. Comisión Organizadora: Dr. Roberto Palacios Bran, Dr. Frank Acevedo Sánchez, Dra. Blanca Silva Castro, Dra. Carol Acuña, Dra, Diana Ramirez, Dra. Mariana de la Puente, Dr. Pool Fernandez.

COLOQUIOS JURIDICOS: "PRESCRIPCIÓN ADQUSITIVA Vs. HIPOTECA. ¿PREVALECE LA REALIDAD O EL REGISTRO?

2011-10-03T16:07:00.000-07:00

1er CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE LITIGACION PENAL - FACULTAD DE DERECHO UCV

2011-10-03T08:42:00.000-07:00

El 1er CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE LITIGACION PENAL. consiste en una competencia estudiantil en sesiones orales en las cuales los participantes de las Universidades demostrarán el dominio en las técnicas de litigación oral así como el ma...nejo de las herramientas dogmáticas, legales y jurisprudenciales para la solución de los casos penales. Ponemos a tu alcance las bases, el cronograma y la ficha de inscripción.

El primer puesto obtendrá como premio: S/.1000.00
(Mil y 00/100 Nuevos Soles), publicaciones de Derecho Penal y Diploma.
El segundo puesto obtendrá como premio: S/.600.00 (Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles) y Diploma.

INSCRIBETE EN NUESTRA FACULTAD DE DERECHO - UCV TRUJILLO.

Dr. Frank Acevedo - Coordinador Académico - UCV.

IMAGENES CHARLA MAGISTRAL "PROCESO EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL" DR. GIOVANNI PRIORI POSADA. FACULTAD DE DERECHO-UCV

2011-09-27T20:48:00.000-07:00

Agradecemos a nuestros alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo por su concurrencia a la Charla Magistral ¨El Proceso en Estado Constitucional¨. A nuestro panel de especialistas confiormado por el Dr. Roberto Palación, Rosa Aquize, William Arana, y Marco Carbajal, que sin duda enriquecieron con sus aportes a nuestros alumnos sobre las nuevas tendencias y reformas en materia procesal.

Cabe señalar que nuestra Facultad esta comprometida con seguir realizando eventos de esta naturaleza cuyos protagonistas son nuestros alumnos.
Gracias.
Dr. Frank Acevedo Sánchez.
Coordinador Académico - Facultad de Derecho UCV

Dr. Frank Acevedo Sánchez. Coordinador Académicos

Charla Magistral " EL PROCESO EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL" Expositor: GIOVANNI PRIORI POSADA. Sabado 24 de Setiembre 2011 - UCV

2011-08-31T07:58:00.001-07:00

La Facultad de derecho de la Universidad César Vallejo, tiene el agrado de invitar a todos los profesionales y estudiantes de Derecho a participar de la Charla Magistral por inicio del sementre académico 2011 -II

" El Proceso en el Estado Constitucional", a cargo del Dr. Giovanni Priori Posada. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister por la Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata. Profesor ordinario de derecho procesal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de las Maestrías en Derecho Procesal y en Política Jurisdiccional de dicha Universidad. Socio del Estudio Priori, Carrillo & Cáceres, Abogados. Profesor de la Maestría en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito). Miembro de la Comisión que elaboró la Ley del proceso contencioso administrativo, así como de la Comisión que elaboró la Ley Procesal del Trabajo.
Autor de los libros: "La Tutela cautelar: su configuración como derecho fundamental", "Comentarios a la ley que regula el proceso contencioso administrativo" y "Manual de derecho procesal administrativo".

Así mismo contaremos con un panel de destacados Docentes compuesto por:

Dr. Roberto Palacios Bran: Decano de la Facultad de Derecho, Profesor de Introducción al Derecho y Derecho Arbitral. Arbitro por la PUCP y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Libertad.
Dr. Nelson Lozano Alvarado. Profesor de Derecho Procesal Civil de la UCV. Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de la Libertad.
Dr. William Arana Morales. Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UCV. Fiscal Provincial en lo Penal.
Dra. Rocio Aquize Diaz. Profesora de Derecho Laboral de la UCV. Jueza Superior de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad.

Atte.

Dr. Frank Acevedo Sánchez (Coordinador Académico – para la organización de la Charla Magistral )

PALABRAS DE BIENVENIDA AL NUEVO CICLO 2011 II . Y REFLEXIONES ACERCA DEL ESTUDIO DE LA CARRERA DE ABOGACÍA

2011-08-28T09:32:00.000-07:00

Frank A. Acevedo Sánchez
Abogado, profesor de Derecho Procesal Civil, Derecho Civil I, Seminario y Conversatorio de Derecho Procesal Civil , en la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Cesar Vallejo. Universidad Privada del Norte y Universidad Privada San Pedro.

Un nuevo ciclo esta por empezar, indudablemente estamos algo temerosos, pero con deseos notables por conocer una nueva disciplina que nos brinda nuestra carrera de derecho, o quizás conocer al nuevo compañero(a) con quien compartiremos el aula o al temible profesor que siendo muy estricto y exigente asumimos el reto por seguir adelante y demostrarle con notas y hechos que su exigencia académica sirvió de mucho y fue invalorable. Aun así las ganas de empezar un nuevo ciclo es excitante y algunas veces abrumador.

Pero la pregunta que asalta a un docente y en particular en mi cátedra, es cuando en el primer día de clases mirando el rostro joven de mis alumnos les hago la siguiente pregunta: ¿porque decidieron estudiar derecho?, las respuestas son variadas dependiendo -claro está - de la identificación que sienten por su carrera. Alguien dijo por allí, que una injusticia en su familia lo motivo a estudiar Derecho; por su parte una alumna expreso que el Derecho fue su pasión desde siempre y que las injusticias con los mas necesitados causan en ella un enorme rechazo; y no falto uno por allí que finalmente sentencio; bueno en realidad nunca me gustaron los números y pues como derecho es pura letra tal vez sea fácil estudiarlo.

Es indudable que la vocación por ser Abogado algunas veces es más acentuada en unos y menos en otros, pero lo importante es, que en el transcurso de su profesión obtendrán esa madurez académica que tanto desean descubrir y que esa vocación, que en un primer momento fue tímida despertara como un león dormido y para aquellos que siempre la tuvieron se nutrirá con mayor fuerza y serán las armas que los acompañara por el resto del camino en esta apasionada profesión

Alguien manifestó que “Ser Abogado no es un Derecho, ser Abogado es un privilegio” lo que significa que ustedes tiene el privilegio de estudiar una de las carreras mas importantes dentro de la sociedad y sin temor a equivocarme, es la carrera de leyes la mas honorable de todas las profesiones.

Por otro lado, nuestra carrera de derecho independientemente de los conocimientos adquiridos en distintas disciplinas jurídicas, promueve líderes, y evita desarrollar sumisos, ni multiplica dependientes fieles cumplidores de las rutinas; pero es trabajo de ustedes crear una fuerza lista con vocación de cambio. No olvidemos que como futuros Abogados serán verdaderos líderes que sueñan, crean y atacan grandiosidades.

Entonces empecemos un nuevo ciclo y conduzcámonos en base a metas y objetivos sin olvidar que ser joven, es ser entusiasta, energético, impetuoso y que genera ideas nuevas, tener conciencia de ello, y además la voluntad de modificar nuestros malos hábitos, costumbres y modos de pensar; ello nos permitirá ser cada día mejores”. No renunciemos a la etapa mas hermosa de nuestras vidas que es la experiencia en la universidad. Este puede ser el punto de partida de grandes metas y bases para su propio futuro, así el resultado de nuestro esfuerzo se verá reflejado en el futuro de nuestra propia familia que será buena, mala o mediocre. Por ellos seamos inconscientemente investigadores, inconscientemente apasionados por el derecho, inconscientemente triunfadores, inconscientemente positivos, ya que sin esos ingredientes, no es posible lograr el éxito.

Dentro del aula, compartan sus conocimientos sin importar que poco sepa tu compañero, se humilde antes que modesto porque el Humilde acepta y reconoce halagos, es fuerte, El Modesto, es el que teme el que le halaguen, ver sus logros y virtudes, es tímido, le teme a los halagos. La Modestia nunca ayuda a nadie a surgir, en cambio sí la humildad. La Modestia es un mal generalizado, tiene vergüenza de demostrar con quien debe demostrar. El Humilde, sabe que sabe y acepta que puede, no es ostentoso ni presume.

Es muy clara la reflexión del Profesor Monroy Gálvez: “Quien no tiene mercancía que canjear en el mercado se convierte en un peldaño a ser pisoteado por un “triunfador”. Esta es una regla básica en nuestros días. Los perdedores cada día en aumento no cuentan.

Bajo este contexto, jóvenes estudiantes, ustedes serán los Abogados del futuro, no olviden que la Abogacía requiere de un profundo conocimiento de la jurisprudencia, las leyes y el procedimiento de los tribunales, que se funda en una tradición común de dignidad y honor en la conducta del Abogado. Tampoco sean ajenos a la realidad que como estudiante les toca vivir, deben ser gestores de un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones; dejen constancia en el transcurso de su carrera y su paso por la Universidad que han contribuido con ella. Impulsen nuevos hábitos como la investigación constante, la promoción de certámenes y círculos de estudios, y así cuando al final del camino reciban el tan anhelado titulo profesional, sentirán la satisfacción y el privilegio de haber sido un estudiante de derecho.

Gandhi, expreso lo siguiente: "Una persona usualmente se convierte en aquello que el cree que es. Si yo sigo diciéndome a mi mismo que no puedo hacer algo, es posible que yo termine siendo incapaz de hacerlo. Por el contrario si yo tengo la creencia que sí puedo hacerlo, con seguridad yo adquiriré la capacidad de realizarlo aunque no la haya tenido al principio"

Estimados alumnos, tal vez estas palabras, pretendan de alguna manera hacerles comprender que entre el éxito y el fracaso existe tan solo una diferencia y son los hábitos, si usted alumno(a) cultiva hábitos por ser cada día mejor como ser humano, como estudiante de derecho, déjeme decirle que el éxito estará a la vuelta de la esquina, pero esta tarea es ardua y mucho más si se trata de un estudiante de Derecho.

Nuestra carrera, que es una carrera de dirigencia y de pasiones exige de sus alumnos formación no solo doctrinaria sino también formación moral y ética, formarnos de esta manera implicaría un cambio en la mentalidad del joven estudiante de derecho y un cambio en las nuevas generaciones de abogados.

No me resta más que darles las bienvenida a un nuevo ciclo y dejarlos con las palabras que el Maestro Couture plasmo en su Decálogo: “Estudia, el Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada día menos Abogado”

Gracias.
Cualquier sugerencia académica escribir al siguiente correo electrónico f_acevedo007@hotmail.com.

¿El honor, ahora una mercancía?

2011-08-22T08:25:00.000-07:00

Por Willam Johel Dávila Sánchez* y Katia Agreda Gaitán**

"La autógrafa del reciente Proyecto de Ley 4581/2010 –CR (observada por el Ejecutivo el 27.Jul.2011), ha puesto nuevamente sobre el tapete el tema de la pretendida despenalización parcial del delito contra el derecho al honor (Art. 132º Cód. Penal, Difamación), derecho fundamental de las personas. Es por ello que el artículo del Dr. Willam Dávila Sánchez, que volvemos a difundir ahora, cobra especial actualidad. Esperamos sus comentarios."

Con motivo de los recientes hechos que tienen como protagonista principal a Magaly Medina, se ha puesto de relieve y muchos (como Enrique Ghersi, los congresistas Javier Valle Riestra, Elías Rodríguez, Fabiola Salazar, Julio Herrera, Hilda Guevara y Miguel Trilles, así como la Asociación Nacional de Periodistas, etc.) hablan ahora de “despenalizar los delitos contra el honor: Injuria, Calumnia y Difamación”. El tema no es tan sencillo como parece; de hecho, antes de proceder a un cambio de este tipo, hay que considerar varias situaciones. Veamos.

Como dice el penalista Julio Rodríguez “En lo penal bastaría con probar que el honor ha sido puesto en riesgo, en lo civil se necesitaría probar que el honor ha sido dañado” (Dossier Despenalización, del diario La República de fecha 26.Oct.2008, Lima, pág. 3). En tal virtud e ilustrando esto con un ejemplo similar al referido especialista, si en algún medio de comunicación a alguien se le tilda de delincuente, en el fuero civil habría que acreditar el daño, presentando, por ejemplo, documentación en la que se verifique que fue despedido de su trabajo como consecuencia de ello; en cambio, en el fuero penal, no sería necesario probar esto, sería suficiente verificar que ese dicho puso en riesgo el honor.

Ciertamente, no sólo habría que probar esto, sino que además tendrían que concurrir tres elementos de la responsabilidad civil adicionales al daño: antijuricidad (conducta contraria al ordenamiento), nexo causal (relación adecuada entre el hecho y el daño) y el factor de atribución (si se obró con dolo o culpa); es decir, mucho más complicado, a menos que con una regulación especial se establezca lo contrario.

“En lo penal no se necesita probar si la afirmación es cierta o falsa; bastaría con decir que, en una sociedad conservadora y prejuiciosa, ese señalamiento puso en riesgo el honor”. Por ello, en sede civil, “el honor estaría menos protegido”, continúa el citado letrado y suscribimos tal posición.

Es importante considerar también que una eventual despenalización, acarrearía más costos a la parte agraviada, pues un proceso civil es más oneroso que uno penal (pago de varias tasas, también de las antes denominadas cédulas de notificación, etc.). Esto, de algún modo significaría, limitar el acceso a la justicia de quienes tienen bajos recursos económicos.

Otro motivo que alegan quienes pretenden la despenalización es de que “(…) más de 50 periodistas han sido asesinados desde los años 80” y que hay más de mil casos de juicios contra periodistas acusados falsamente de difamación…” Muchas veces los agraviados tienen dinero y no les satisfacerla una indemnización, sino que fácilmente recurrirían a sicarios para asesinar a periodistas. Consideramos que cuando se den situaciones como éstas, el agraviado (querellante) quedaría más satisfecho con una pena privativa de libertad aplicada a su querellado, antes que con una simple indemnización (dinero lo poseen y no necesitan más).

Otra situación a tomar en cuenta antes de despenalizar lo señalado, es la evaluación “costo-beneficio” que pueda hacer un periodista o una empresa de este rubro antes de propalar una información. ¿Qué significa esto? Es probable que alguno de los mencionados, por negligencia o mala fe, no haya cumplido con verificar la información (fuentes, cruce de datos, etc.), y al momento de decidir su publicación razone “si demandan y me obligan a pagar 70 mil soles, la noticia es tal que con lo que venda superaré el costo de la sanción”.

En la misma línea de pensamiento, de J. Rodríguez, encontramos al penalista Juan Portocarrero, cuando aduce que “quien tiene dinero dispone del honor de los demás, el honor se convierte en una mercancía.” (Idem, p. 3). O como afirma Federico Salazar “En ese caso, tendrían más opción a difamar los que tienen más dinero” (En La República del 26.Nov.2008, p. 12).

Algo similar podría suceder cuando el Estado (o mejor dicho, sus representantes), cuando se sepa agraviado, “demande a un periodista o medio de comunicación por una cantidad de dinero equivalente a la de su capital, con lo cual quebrarían” (Asdrúbal Aguiar A., Dossier Despenalización, Op. Cit., pág. 8).

Roberto Mejia, Presidente de la Asoc. Nacional de Periodistas del Perú, ha sostenido que “una sentencia como la dictada contra Magaly Medina tiene un efecto desalentador en los periodistas y proporciona a los gobiernos y dirigentes políticos o empresarios una herramienta para amenazar a los medios de comunicación”

¿Por qué no vemos esto desde otro ángulo?, aquel desde el que veamos como un precedente para no repetir y ser más diligentes en la divulgación de la información, por ejemplo. Los periodistas competentes no tienen que preocuparse por esto. Lamentablemente, el mal periodismo es una práctica muy difundida. La ligereza de la información es preocupante. Hay que analizar la situación desde la otra orilla. Para los periodistas serios y diligentes no habrá este tipo de temores.

Abundando en razones, llevar al fuero civil los indicados delitos denotaría un tratamiento especial para los periodistas, por sobre las demás profesionales y eso no es compatible con la Constitución, que establece la igualdad de todas las personas ante la ley (art. 2, inc. 2).

No perdamos de vista tampoco que nuestro sistema penal permite la conversión de la pena privativa de la libertad; vale decir, el juez puede variar una sanción de este tipo a una multa pecuniaria o de servicios a la comunidad (art. 52 del Código Penal). Esto significa que por más sanción privativa que se le aplique a un periodista, esa pena se puede reducir con los beneficios penitenciarios.

Finalmente, una despenalización no sólo requiere la modificación (derogación de los artículos 130 a 138 del Código Penal, sino que también necesitaría una reforma de la Constitución, con una aprobación de más de dos tercios del número legal de congresistas en dos legislaturas ordinarias sucesivas (¡!), según lo dispone el art. 206 del indicado cuerpo normativo. Consideramos que hay otros temas más importantes de los que deben ocuparse nuestros congresistas. Que nuestros amigos periodistas y afines se preocupe más bien –como afirma F. Salazar– por ser más competentes.

*Abogado, Fiscal Adjunto Superior de La Libertad, docente en materia jurídica de la Universidad Cesar Vallejo y Universidad de San Martín de Porres.

** Abogada, Relatora de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, egresada de la Maestría en Derecho, mención en Derecho Civil y Comercial de la Escuela de Post Grado –Universidad Nacional de Trujillo

LA PRIMERA DAMA DEL DERECHO EMPRESARIAL

2011-08-03T09:12:00.000-07:00

Liliana Espinosa Reboa, Socia del Estudio Echecopar abogados.

Es considerada como una de las abogadas más prestigiosas de nuestro medio y no por gusto figura como la única mujer en el ranking de IFLR 1000, destacando en el área de fusiones y adquisiciones. La actual socia del estudio Echecopar, Liliana Espinosa, inaugura esta nueva sección de nuestra revista mostrando que no solo es una bella mujer… sino una profesional de éxito.

A simple vista, sería fácil decir que todo lo que ha logrado Liliana Espinosa podría haberse debido a que tuvo la suerte de tener una familia de abogados que le inculcaron, desde muy joven, el amor por la carrera del Derecho. Nada más alejado de la realidad. Al hablar con esta destacada abogada, uno se da cuenta inmediatamente que la perseverancia y la visión de un buen futuro profesional es patrimonio de quienes deciden, por sí solas, esforzarse para formar una personalidad triunfadora; guiados únicamente de sus ideas y convicciones. Por supuesto, es importante la crianza que uno recibe desde la infancia, tal y como le sucedió ella, pero son las personas las que deciden, en el momento adecuado, cuál es el camino a seguir y que tiene el éxito como único destino.

La imagen que la socia del Estudio Echecopar nos muestra, en esta conversación, que es una mujer convencida que no hay excusa que valga para detenerse en la vida, y que definitivamente, no es de aquellas que dejan escapar sus sueños, justificándose con el hecho de ser mujer. Sin embargo, Espinosa reconoce que si bien entre hombres y mujeres puede existir igualdad en el cumplimiento de las funciones, aún es muy difícil que exista una real igualdad de condiciones. Esto precisamente porque la sociedad y muchas veces el mismo sexo femenino creen que su condición debe estar parametrada. “Decidí ser de aquellas personas que se entregan a algo que les gusta e incluso entregan su tiempo. Creo que cuando uno quiere superarse debe sacrificar su tiempo, claro, siempre que se trabaje con gusto”, asegura la abogada.

Cuando apenas contaba con ocho años, en la pequeña Liliana ya se podían apreciar el ímpetu de quienes quieren llegar alto, aunque el deseo de ser astrónoma no necesariamente tenga que albergar una vocación irrenunciable a tan temprana edad. Claro, posteriormente el mundo de las matemáticas y la advertencia de su abuelo de que iba a tener que dormir de día y trabajar de noche, la acercaron más a la idea de que podría ser más bien una buena defensora de causas justas. “Como que el ideal de todo niño de ser un profesional de éxito se tradujo luego en mí, como el deseo de ser una abogada exitosa”. Así, ya adolescente y conforme fue conociendo más de la profesión, una vez que ingresó a la Universidad de Lima, supo que su personalidad dinámica y locuaz la podía aplicar muy bien en el ámbito empresarial, y eso fue suficiente.

Una profesional decidida había nacido. “Mis gustos y preferencias se acomodaban más hacia los temas financieros y al derecho empresarial. Me llamaba la atención todo lo referido al aparato legal de la empresa, desde que esta se forma hasta cuando deben definirse las funciones claramente. Sin duda, el tema de fusiones y adquisiciones es mi fuerte”, asegura sin falsas modestias.

Quizá la gran oportunidad de Liliana Espinosa, y lo que le sirvió para conseguir la experiencia necesaria en la profesión, fue haber estudiado una maestría en New York University y trabajar por O’Melveny & Myers LLP durante cinco años. En total, fueron siete años en los que se dio tiempo, al lado de su esposo, para ver nacer a sus dos pequeños hijos. El tiempo y la perseverancia le permitieron cosechar logros y satisfacciones. “Bueno, uno de mis logros podría decir que fue la vez que el gobierno de Nicaragua junto al Banco Mundial, nos encargaron llevar a cabo el proceso de privatización de la telefonía de ese país. Debíamos lograrlo, pues era un requisito para que sea condonado el 80% de la deuda externa nicaragüense y el comienzo de la modernidad en el país centroamericano. Finalmente, lo logramos y pude sentir que había ayudado en algo a esa sociedad”.

Para Espinosa, ver que hay quienes se benefician con el fruto de su trabajo es el reconocimiento más grande que pueda tener. El haber sido incluida en el 2008 en la lista de IFLR 1000 y ser la única mujer incluida es un gran aliciente para seguir trabajando con empeño, pero no un objetivo por sí mismo.

“Estoy convencida que uno tiene que hacer lo que le gusta. Eso trae consigo que a uno no le importe sacrificar gran parte de su tiempo, pues significa que avanzamos. Lo más fácil es decir ‘no voy a poder, así que mejor no’. Esa es una actitud que definitivamente no te hace crecer como persona, ni mucho menos como profesional”, sentencia una de las abogadas más exitosas del país.

Fuente: Perú Top Lawyer

IMAGENES I JORNADA DE DERECHO PROCESAL CIVIL 2011

2011-07-11T08:25:00.000-07:00

Gracias a todas las personas que hiceron posible el exito de la Jornada Procesal Civil. A nuestro decano de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo. Dr. Roberto Palacios Bran y a mis alumnos de los Cursos de Seminario y Converstario de Derecho Procesal Civil. A nuestros 10 ponentes Doctores: * Ervin Albretch Pitasig, Wilda Càrdenas Falcòn, Nelson Lozano Alvarado, Marco Carbajal, Carbajal, David Florian Vigo, Oscar Ramos Castro, Santos Urtecho Navarro, Froilan Trebejo Peña y Victor Castillo León. Mi reconocimiento además a los 500 alumnos de la facultad de Derecho que participaron de la Jornada Procesal Civil.

Gracias.

Frank Acevedo Sánchez

Coordinador Acadèmico I Jornada Procesal Civil 2011. UCV

II SIMULACION DE INFORME ORAL. DERECHO PROCESAL CIVIL UPN

2011-06-14T11:05:00.000-07:00

"El proceso oral requiere de jueces y abogados de gran capacidad mental, experiencia y preparación jurídica. La preparación radical del sistema escrito sería un grave error por las deficiencias ya apuntadas, por ello lo que se trata es de acoger gradualmente algunos principios del sistema oral como la inmediación, concentración; distribuyendo el proceso entre actos orales y actos escritos, según resulte más conveniente para el buen desarrollo del proceso y una eficaz aplicación de la justicia". En este sentido en el curso de Derecho Procesal civil comprometemos a nuestros alumnos en la praxis oral, cuya vital importancia debe de cultivarse desde las aulas.

Frank Acevedo Sánchez.

Docente del curso de Derecho Procesal Civil y Teoría General del Proceso

Universidad Privada del Norte.

I JORNADA DE DERECHO PROCESAL CIVIL 7,8 y 9 de Julio 2011 (Click en la imagen)

2011-06-03T10:11:00.000-07:00

Estimados Colegas y alumnos en general, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Cesar Vallejo y el mio propio, estan cordialmente invitados a participar del primer y mas importante evento del año, que reune por primera vez a los mas destacados magistrados y especialistas en Derecho Procesal reunidos para tratar las modificatorias al Código Procesal Civil entre otros institutos procesales. Invitamos a todas la delegaciones de las sedes del consorcio UCV de Lima, Tarapoto, Chimbote, Piura y Chiclayo así como todas las Facultades de Derecho de Trujillo y Cajamarca. Este esperado evento sera registrado como parte de los 20 años de fundaciòn de la Universidad Privada Cesar Vallejo. Estoy seguro que cubrira la espectativas de los asistentes y contribuira a enriquecer sus conocimientos en Derecho Procesal. Agradezco a mis alumnos del curso de Seminario de Derecho Procesal Civil (UCV) y en general a todo mis alumnos y ex alumno que fueron la inspiración para lanzar este proyecto

Gracias.

Dr. Frank Acevedo. Coordinador General. Primera Jornada de Derecho Procesal Civil. Trujillo - Perú.

Informate visitando la página web de la Jornada.

http://www.wix.com/eventosderechoucv/jornadaderechoprocesalcivil

PERÚ: ¿POR QUE PODRÍA GANAR OLLANTA HUMALA

2011-05-26T18:23:00.000-07:00

Por Roberto Pizarro

Economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economia, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile).Culminó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, con un resultado sorprendente para el establishment. Perdieron los candidatos del modelo económico en curso. ¿Curioso, no? Lo es, ya que la economía peruana viene creciendo vigorosamente en los últimos años: 7% promedio en la última década y en 2010 casi llegó al 9%, triplicándose el PIB entre 2000 y 2010. El pueblo peruano rechazó las desigualdades y dejó en evidencia que el desarrollo está lejos del puro crecimiento económico.

Los dos presidentes de este notable periodo expansivo han sido categóricamente derrotados. Alejandro Toledo en cuarto lugar y Alan García ni siquiera se atrevió a promover un candidato de su partido y, al final, apoyó a Pedro Pablo Kuczynski, el más declarado neoliberal, también derrotado. La renuncia del APRA a su propia historia, a sus convicciones socialdemócratas, se convirtió en un suicidio político. Al igual que los socialistas chilenos, han recibido el repudio de los sectores populares.

Alan García continuó con entusiasmo la política de crecimiento y dejó de lado la distribución. No revisó los errores de su vecino chileno. Simplemente copió. Al final de cuentas en ambos “milagros” los beneficios del crecimiento se han acumulado en una minoría. En cambio, la mayoría observa con desencanto que los frutos del trabajo rinden escasamente, mientras la educación y salud se muestran inservibles para los pobres y costosas para los sectores medios.

Igual que Chile en los años 90, el Perú es el país que más crece en América Latina. La macroeconomía anda bien. Revela un reducido déficit fiscal, elevadas reservas internacionales, inflación baja y aumento de las inversiones. Pero, el crecimiento se basa en la exportación de materias primas, con escasa diversificación, salarios congelados, empleo precarizado y 60% de los trabajadores en la informalidad.

El último informe de Oxfam (Informe anual sobre pobreza, desigualdad y desarrollo 2008-2009) destaca que el crecimiento económico no ha beneficiado a las poblaciones excluidas del país, mientras las desigualdades sociales persisten. Si los gobiernos quisieran eliminar la pobreza sólo con el crecimiento económico (por la vía del derrame) se necesitarían más de 80 años de aumento del PIB, por encima de los 5 puntos, para alcanzar tal propósito.

Al mismo tiempo, se informa que las empresas que operaron en los últimos años en el país lograron utilidades superiores a las de las 500 empresas más rentables del planeta, mientras los sueldos cayeron en tres puntos porcentuales en esta época de bonanza.

A mayor abundamiento, Michael Porter, gurú de los negocios, en una conferencia ante el empresariado peruano, manifestó una opinión muy crítica respecto del modelo económico peruano. Destacó que su patrón productivo, concentrado en recursos naturales, no era capaz de generar suficiente empleo y que las desigualdades y la baja productividad eran en extremo preocupantes (diario La República, 27-12-2010). Agregó que la reducida inversión en ciencia y tecnología (0,2% del PIB) y los bajos niveles de educación colocaban en cuestión la competitividad y frenaban el desarrollo.

En definitiva, las buenas cuentas macroeconómicas resultan insuficientes, porque no dan sostenibilidad al crecimiento a mediano plazo y no garantizan el desarrollo. Adicionalmente, el crecimiento sin distribución genera tensiones sociales e inestabilidad política.

Los resultados de las elecciones revelan el profundo malestar de la sociedad peruana. En particular, la insatisfacción de los desamparados con un modelo económico que se muestra generoso con los que tienen más y avaro con los humildes. Se ha atrevido a reconocerlo el propio Toledo al término de la primera vuelta:

“Esta elección es un llamado de atención del país, principalmente a sus fuerzas políticas y económicas. El modelo de crecimiento económico no llega a la mayoría de peruanos y nuestros compatriotas han expresado ese descontento en las urnas”. Y ese descontento se ha personalizado en Humala y Keiko Fujimori.

Ollanta Humala repite en Perú, casi con calco, lo que viene sucediendo en la región en la última década. La emergencia de un nuevo liderazgo que ha reemplazado a la clase política tradicional. Ese liderazgo se ha propuesto la construcción de un proyecto alternativo al neoliberalismo y apunta a reducir las desigualdades, fortaleciendo el Estado aunque sin modificar la economía de mercado. Con la excepción de Chile, Colombia y el Perú, la región ha avanzado en esa dirección, con éxitos y fracasos, debilidades y fortalezas. Esa es la realidad ineludible. Ahora le corresponde al Perú.

Es cierto que existen dudas sobre Humala. Sin embargo, no son tan distintas a las que provocó Lula, Mujica, Correa o Evo, en un primer momento. Pero el mismo candidato ha hecho esfuerzos para mostrarse cercano al líder brasileño antes que a Chávez. Ha moderado incluso su discurso nacionalista y antichileno. Por lo demás, se verá obligado a negociaciones políticas con variados sectores antes de la segunda vuelta, y posteriormente si alcanza la presidencia, ya que el Parlamento no lo favorece.

Por su parte, Keiko Fujimori difícilmente podrá hacer olvidar al gobierno de su padre. Ello representa un peso difícil de sobrellevar. Derechos humanos avasallados, corrupción rampante. Lo ha dicho categóricamente Vargas Llosa en Chile: “sería deshonroso que los peruanos reivindicaran una de las dictaduras más atroces que hemos tenido, cuyos responsables están además en las cárceles cumpliendo condenas de 25 años, empezando por el propio (Alberto) Fujimori" (El Mostrador, 12-04-11).

Todo indica que el camino se encuentra abierto para el éxito de Humala en la segunda vuelta. Tendrá que hacer un esfuerzo para lograr consensos con el mundo político y económico, pero sin renunciar a las demandas populares que representa y que lo han colocado en el centro de la vida política peruana. El triunfo de Humala es altamente probable.

La renuncia del APRA a su propia historia, a sus convicciones socialdemócratas, se convirtió en un suicidio político. Al igual que los socialistas chilenos, han recibido el repudio de los sectores populares.

Fuente: América Economé, Análisis & Opinión, Chile.
Foto: elperiodista.cl

" YA LO CONOZCO LA CAPITAL: SI EL ABOGADO O EL TEMA VIENE DE LIMA ES MEJOR"

2011-05-23T20:23:00.000-07:00

Por: Renato Villa Padilla
Hoy en día, en la enseñanza del derecho, asistimos a un curioso fenómeno.
Cada vez, y con nombres mas rutilantes, se imparten a los alumnos una serie de asignaturas, que no hacen sino, confundir al educando.
Así nombre tan barrocos como "negociación multidimensional", o "derecho penal privativo", son puestos como lo último, es decir el non plus ultra del conocimiento jurídico.

Se está perdiendo de vista, que en la simplicidad está la profundidad, en la claridad del discurso se asegura un buen aprendizaje; lo contrario no es sino la fagocitante costumbre de creer que en la ciudad capital (pues de allí vienen esos flujogramas de estudios tan por decir lo menos, curiosos) se encuentra el alfa y omega de todo lo que es derecho.

Así constantemente se pasean por todo el Perú ciertos (pues como todo en la vida hay honrosas excepciones) abogados limeños (o educados en sus universidades) "expertos", en por ejemplo el "nuevo código procesal penal"(colocamos las frases entre comillas, pues dicho instrumento entró en vigencia en La Libertad hace 4 años), o en la nueva ley procesal del trabajo, cuando curiosamente nunca en su vida dichos profesionales han visto un caso tramitado a la luz de esos dos órdenes procesales (o si los han visto, ello ha sido la excepción y no la regla), por la sencilla razón que en su distrito judicial, ellos aún no han entrado en vigencia.

Asistimos pues, a una degradación de la cultura jurídica en provincias, y en especial en Trujillo, ciudad que siempre le disputó a Lima el liderazgo jurídico nacional (sobretodo en derecho laboral y derecho penal), y pensamos que si viene de Lima es "mejor".

Lo dicho con anterioridad es bastante alarmante, en la medida que con el actual modelo de enseñanza jurídica es imposible sobrepasar a las universidades de Lima, pues entedemos mal lo que es enseñar en base a casos (esto ya ha sido dicho por Pérez Lledó; asimismo ver el libro de Vásquez Kunze y Castillo Freire sobre la enseñanza jurídica en el Perú).

La verdadera forma de enseñar en base a casos es el famosísimo "case method" (o método del caso), anglosajón, que no es otra cosa que la enseñanza en base a casos selecionados, y analizados en un "brief" (o resumen) por parte de los alumnos, luego de lo cual y ante una serie de preguntas exigentes por parte del docente para extraer de allí las enseñanzas o principios del mismo, éstos últimos se aplicarán en problemas prácticos del día a día; pues dejar una jurisprudencia y decir "hay que analizarla" es sólo una parte del "case method", cuya aplicación plena es mucho mas compleja de lo que se piensa.

Digo esto, porque hace poco, pude ver en un flujograma de estudios de una universidad un nombre de curso que tenía 2 líneas y 10 palabras, cuando en realidad por el contenido de su sílabo bien pudo llamarse MARCS (medios alternativos de resolución de conflictos).

Todavía recuerdo hace unos años cuando leí un artículo de Juan Lohmann en donde criticaba la falta de respeto que los abogados (sobre todo lo que trabajan en estudios corporativos) tienen hace el idioma en general y hacia el derecho en particular; así el criticaba que ciertos abogados dijeran "pásame la data" en vez de decir "pásame la información", hay que "hacer un break", cuando se puede decir hay que "hacer un descanso", todas las mañanas hago "footing", en vez de decir salgo a "trotar" todas las mañanas, etc. Esto es exactamente lo que nos está sucediendo con esos nombres que traemos de Lima, y que en realidad no son sino una nueva forma de decir las cosas, pues en el derecho no hay mucho que inventar desde hace casi 200 años.

Para finalizar este pequeño comentario, felicito a los docentes que pese a las limitaciones siempre tratan de ser creativos e imaginativos en sus cursos, pues ellos serán los que inicien este movimiento de reivindicación del abogado educado en provincias en general, y el educado en la libertad en particular, y decir que se puede ser tan bueno o incluso mejor que muchos abogados y/o abogadas limeñas, que y por ejemplo perteneciendo a estudios importantes y en un debate técnico de propuestas presidenciales no se les ocurrió mejor idea que frente al país leer un documento sobre un tema tan importante como derechos humanos.

¿Y QUIEN DIJO QUE EL SENTIDO COMUN NO TIENE CARTA DE CIUDADANIA EN EL DERECHO PROCESAL? ... EL SENTIDO COMUN, LAS MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA O REGLAS DE LA VIDA Y LA FUNCIÓN DEL JUEZ

2011-05-19T06:42:00.000-07:00

"Aprecia como el mejor de lo textos el sentido común"
VIII Mandamiento del Decálogo de Ángel Osorio.
Marco J. Carbajal Carbajal*

Más de uno de los lectores de estas líneas - abogado en ejercicio, estudiante o juez-, debe haberse preguntado alguna vez ¿Si el sentido común juega algún rol en la vida del derecho y sobre todo en la solución de los problemas prácticos?. Y si la respuesta es positiva, la segunda interrogante que surge es : ¿Cómo es que podría plasmarlo en sus argumentos de defensa o en una resolución judicial, respectivamente?. Es decir, si lo hace valer como pura y nuda intuición que brota desde lo más profundo de su ser, o quizá acaso existe alguna institución donde se encuentra encarnado.

Con la brillantez propia de uno de los más grandes procesalistas de la hora actual, como es el profesor italiano Michel Taruffo, éste señala que el análisis del problema que concierne al papel del sentido común, de la experiencia y de la ciencia en el razonamiento del juez puede dar lugar a una constatación que puede parecer al mismo tiempo asombrosa y banal : que el razonamiento del juez en gran parte no está regulado por normas ni está determinado por criterios o por factores de carácter jurídico. Es preciso entonces darse cuenta del hecho que el razonamiento del juez está inevitablemente inmerso en el sentido común, que constituye –junto con el derecho- un contexto imprescindible de él. Aunque sucede con frecuencia -señala este profesor-, constituye un error esencial de perspectiva, sustraer el razonamiento del juez de este contexto, haciendo abstracción de él para verlo como un simple esquema lógico puesto en el vacío. Éste, por tanto, depende en gran medida del sentido común : es context-laden y profundamente situated en la cultura y en la experiencia del lugar y del tiempo de la decisión. Se puede decir incluso con buenas razones que el sentido común está por todas partes en el razonamiento del juez, no es solamente su fondo como la lámina dorada de las ilustraciones medievales, sino que constituye también una parte importante de la materia de la que se sirve el juez, y le provee un repertorio de formas argumentativas y de esquemas interpretativos que él utiliza para su razonamiento. Sin embargo, como es sabido, la noción de sentido común es tan difusa como indeterminada e imprecisa. Es muy difícil definirlo incluso por sus numerosas connotaciones filosóficas, sociológicas y hasta antropológicas, de tal manera que no es posible dar una definición acabada sobre el tema.

No obstante ello, citando a Van Zandt, sostiene que el sentido común es el conjunto de informaciones socialmente producidas, que incluyen elementos descriptivos y valorativos comúnmente considerados válidos y aceptables en cierto contexto social.

De este modo, no cabe ninguna duda que una de las instituciones que mejor encarnan el sentido común en el área del derecho procesal, es obviamente el de las máximas de la experiencia o reglas de la vida.

Ahora bien, si ello es así, cabe preguntarse ¿Qué debe entenderse por máximas de la experiencia o reglas de la vida?. Esta figura que se encuentra regulada de manera expresa en el artículo 281 del Código Procesal Civil, en el capítulo VIII, del título VIII, de la sección tercera, pocas veces utilizada como argumento de defensa por los abogados en ejercicio o como sustento de resoluciones judiciales por parte del juzgador, fue materia de uno de los mejores trabajos logrados hasta la fecha cuya autoría corresponde al profesor alemán Fredrich Stein, quien en 1893 publicó un soberbio estudio titulado “El Conocimiento Privado del Juez”, donde además de bautizar con este nombre al sentido común cuando es trasladado al ámbito de la prueba, sostiene que las máximas de la experiencia o reglas de la vida son definiciones o juicios hipotéticos o de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido, y que por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos[1].

O como señalara el profesor argentino Víctor de Santo, las máximas de la experiencia son aquellos principios generales, extraídos de la observación del corriente comportamiento de los hombres, y en tal carácter sirven de apoyo para establecer una presunción, o para efectuar la valoración de la prueba, funcionando por ende como reglas destinadas a esclarecer el sentido jurídico de la conducta[2].

De lo anterior, se puede concluir que las máximas de la experiencia son reglas de contenido general, por tanto independiente del caso concreto, que han sido extraídas de la observación corriente del comportamiento humano o de cuanto ocurre generalmente en la realidad de los hechos, y que pueden ser conocidas por cualquier persona (incluida el juez) de un nivel mental medio de un círculo social determinado, aunque algunas requieran de un conocimiento técnico a cargo de peritos para su aplicación a un proceso o procedimiento. De allí que se diga que las reglas de la experiencia no sean privativas necesariamente del juez, sino también de las partes, testigos y peritos.

Definido grosso modo lo que debe entenderse por máximas de la experiencia, debe tenerse en cuenta que estos instrumentos probatorios, dentro del proceso, cumplen diversas funciones, entre ellas :

(i) Sirven para establecer una presunción : Ejm. Si se logra establecer que un vehículo iba a más de 100 km por hora, el juez podría presumir sin necesidad incluso de pericia, que la velocidad del vehículo tuvo incidencia en la gravedad del accidente. En efecto, la máxima de la experiencia indica que entre más velocidad lleva un vehículo es menos posible controlarlo, por lo que es mayor la posibilidad de accidentarse, por tanto si ello ocurre las consecuencias son más graves;

(ii) Para valorar los medios probatorios : Ejm. Si un testigo relata en forma detallada y precisa, los hechos que presenció, pese a que se encontraba a 100 metros de distancia, a las 6:30 de la tarde y que no había mayor iluminación, pues tales circunstancias hacen imposible que pudiera apreciarlos con tal claridad y detalle. En este caso el juez, en la etapa de la valoración de los medios probatorios, no debe darle crédito o no debe tomar en cuenta la declaración del testigo en el sentido antes señalado, en aplicación de la máxima de la experiencia que establece como juicio hipotético que la visión es mayor o menor de acuerdo con la cantidad de luz y distancia respecto de la cual se encuentra el observador;

(iii) Para determinar si un hecho es evidente o no : Ejm. Cuando una persona alega que recibió primero los efectos de la luz que los del sonido, en tal, caso la evidencia del hecho lo releva de prueba. Aquí la máxima de experiencia indica que la velocidad de propagación de la luz es más rápida que la velocidad del sonido; y

(iv) Para analizar la veracidad de los hechos materia de prueba y para evitar que en la valoración de llegue a conclusiones absurdas : Ejm. Se afecta una máxima de la experiencia cuando el juzgador sin dar motivo alguno que los justifique, concluye que una anciana mato a golpes a un joven de 25 años. Aquí la regla de la experiencia enseña que por lo general un anciano es más débil que un joven, por lo que resulta casi imposible que pueda dominarlo o matarlo a golpes. Por ese motivo una valoración semejante que no expusiera los fundamentos que justifiquen la variación de lo normal, será defectuosa y absurda[3].

No ajeno a la trascendencia de estos instrumentos probatorios para los fines del proceso, el Tribunal Supremo español, en una de las sentencias más emblemáticas, como es la del 13 de marzo de 1993, sostuvo que:

“Si un testigo declaró tanto antes de la instrucción como posteriormente dentro de un proceso penal, a su criterio, la declaración más fiable es la primera, dado que la experiencia demuestra que la sinceridad y la verdad en lo declarado se encuentra ordinariamente en esas primeras manifestaciones” [4].

Sin embargo, si bien son los jueces y abogados en ejercicio, los que de manera frecuente suelen echar mano a estos nobles instrumentos, ello no implica que no puedan ser utilizados también por otros sujetos procesales como son las partes, los testigos o los peritos.

Por ejemplo, las partes y testigos igualmente pueden utilizar estos instrumentos para manifestar que la persona que vieron, aunque no podrían distinguirla con precisión por la oscuridad del lugar, era un anciano, debido a caminar con dificultad, apoyarse en un bastón y andar encorvado. Aquí la máxima de la experiencia enseña que esas condiciones caracterizan a un sujeto que se encuentra en esa etapa de la vida.

Y ni que decir de la utilidad que puedan reportar para los peritos, quienes con base a ciertas circunstancias y mediante las reglas de la experiencia, pueden deducir determinadas consecuencias. Ello acontece por ejemplo cuando se produce un accidente y estos órganos de auxilio judicial, dictaminan que el vehículo iba a excesiva velocidad de acuerdo con las marcas dejadas en el piso por el caucho de las llantas, por ser éstas largas e intensas al principio y luego tenues hasta desaparecer. Aquí la regla de la experiencia consiste en que una frenada deja huellas más o menos fuertes o extensas o no existen, según el vehículo iba a mayor o menor velocidad, respectivamente.

De lo señalado precedentemente, queda claro que las máximas de la experiencia o reglas de la vida, que hunden sus raíces en el sentido común, juegan un rol trascendente en la vida del derecho procesal, erigiéndose de este modo en dúctiles instrumentos en manos del juez y del abogado en ejercicio, no solo para fundamentar sus decisiones sino también para argumentar inteligentemente cuando no existe prueba plena; y de este modo alejar lo más que se pueda las cavilaciones que generan en el inconsciente de los litigantes y de la sociedad en general, un razonamiento que pretende apoyarse en apreciaciones meramente subjetivas carentes de todo rigor técnico, como por ejemplo “pienso, creo, me parece, tengo para mí, etc”.

Ya descendiendo del cielo de los conceptos como decía Carnelutti, y buscando la utilidad y aplicación de las máximas de la experiencia para la solución de los casos prácticos que se presentan en la vida diaria ante nuestros estrados judiciales, podemos decir que éstas pueden echarnos luces en diversos casos recurrentes, como por ejemplo, en aquellas hipótesis de prueba difícil donde se peticiona la nulidad del acto jurídico de cancelación de obligación y levantamiento de hipoteca y de la escritura púbica que lo contiene, celebrado entre dos personas de avanzada edad, que tienen educación superior (profesor y médico jubilado) y que viven en una zona residencial del medio, donde se alega –obviamente sin prueba plena alguna- que cómo es posible que ello haya ocurrido de esa manera no solo porque el contrato matriz del cual surgió la obligación cancelada se otorgó ante un notario de la ciudad de Trujillo y en específico de la zona –nos referimos a la residencial- donde los otorgantes vivían, así como que los otorgantes de la escritura cuya nulidad se peticiona hayan viajado al interior del departamento en busca de un juez de paz no letrado. Obviamente, ante esta situación el juez no puede fundar su decisión en su simple criterio o en su nuda intuición bajo el argumento que “no cree que eso haya ocurrido, o que los demandados son unos pillos, etc.”; es decir, no puede fundar su decisión en un puro subjetivismo, sino que es justamente en ese momento donde entran a jugar un rol importante las máximas de la experiencia, las cuales otorgan nuevas rutas de acción al juez, persuadiéndolo respecto a que los hechos no han ocurrido conforme de manera formal aparecen en la realidad, pues él al formar parte del mismo círculo social de los sujetos procesales, esto es, al tratarse de un hombre de nivel mental medio de su comunidad, puede colegir de manera válida –no quizá absoluta- que debido a la condición socio económico de los intervinientes en el acto jurídico cuya nulidad se persigue, y otras variables más como son su avanzada edad y a existencia de notarios en la ciudad de Trujillo, resulta “inverosímil” o “poco razonable” que aquellas personas hayan recurrido a un juez de paz no letrado del interior del departamento para otorgar ese instrumento, más aún si uno de los codemandados –el supuesto perjudicado- ya ha fallecido, y el otro codemandado –el supuesto favorecido con ese documento- no se apersona al proceso para interrogarlos, ni menos existe en el expediente el documento original para practicar la pericia respectiva.

En este caso, las máximas de la experiencia, como dijera el profesor De Santo, como principios generales, extraídos de la observación del corriente comportamiento de los hombres, sirven de apoyo al juez para establecer una presunción destinada a esclarecer el sentido jurídico de la conducta.

La hipótesis planteada en las líneas precedentes obviamente extraída de la realidad, constituye sólo un ejemplo palmario, de los múltiples supuestos donde se puede utilizar este noble instrumento probatorio para arribar a una convicción sobre los hechos ocurridos y de ese modo estimar o desestimar la demanda; poniendo con ello, una vez más de relieve, la importancia de la ciencia del derecho –pero ciencia útil- al servicio de la solución de los casos prácticos, sacando lustre a lo que señaló el maestro Alejandro Nieto en uno de sus últimos libros, que es una loa contra el excesivo formalismo o rigorismo del derecho : “Debe buscarse por todos los medios aproximar el derecho a la experiencia y al sentido común, dejando de lado los escombros de la erudición estéril, la inercia cómoda, el pragmatismo engañoso y la falsa autoridad de autoridades que han dejado de serlo” [5].

[1] STEIN Friedrich, El conocimiento privado del juez, 2da. Ed., Temis, Colombia, 1999, p. 27.

[2] DE SANTO Víctor, Diccionario de Derecho Procesal, Editorial Universidad, Buenos Aires, p. 246.

[3] BUSTAMANTE ALARCON Reynaldo, El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo, Ara editores, Lima, 2001, pp. 338 – 340.

[4] Jurisprudencia citada por GARCIMARTIN MONTERO Regina, El objeto de la prueba en el proceso civil, Cedecs S.L., Barcelona, 1997, en : Idem, p. 238, Cita N° 111.

[5] NIETO GARCÍA Alejandro, Crítica a la razón crítica, editorial Trotta, 2007.

SEMANA JURIDICA UPN - Del 30 de Mayo al 4 de Junio. Colegio de Abogados de la Libertad.

2011-05-17T16:54:00.000-07:00

PONENCIAS ESTUDIATILES (Semana Juridica UPN, del 30 de Mayo al 3 de Junio) Colegio de Abogados de la Libertad.

2011-05-12T07:40:00.000-07:00

TALLER DE LITIGACION ORAL DE PROCESAL PENAL - UCV

2011-05-11T14:29:00.000-07:00

VICISITUDES EN TORNO A LA COMPETENCIA POR LA MATERIA DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO. 11 de Mayo 2011

2011-05-05T18:43:00.000-07:00

CONFERENCIA MAGISTRAL: "EL ARTICULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA PERUANA A PROPOSITO DE LA CORRIENTE DEL GARANTISMO PROCESAL" 3 de Mayo 2011.

2011-04-29T05:33:00.000-07:00

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL "PROCESO Y CONSTITUCIÓN" Del 10 al 13 de Mayo del 2011

2011-04-28T17:26:00.000-07:00

ELOGIO DE LOS JUECES. ESCRITO POR CALAMANDREI

2011-04-26T15:04:00.000-07:00

En el ELOGIO DE LOS JUECES ESCRITO POR UN ABOGADO, editado por primera vez en Italia en 1935, se compendian, a modo de píldoras, las reflexiones del autor acerca de las relaciones entre la abogacía y la judicatura y de ambas con la Justicia. Como las auténticas píldoras, las de Calamandrei pueden

amargar o estar recubiertas de dulce costra, ingerirse de golpe o desleírse en la boca, pero siempre producen el efecto deseado. Incluso ahora, pasados casi setenta años.

Pocas figuras del panorama jurídico del siglo xx han tenido la influencia reconocida al profesor, abogado, jurista y hombre de Estado florentino Piero Calamandrei (1889-1956). Al margen de sus importantes estudios jurídicos y su prolífica producción académica, algunos de sus ensayos, como Troppi avvocati! (¡Demasiados abogados!) o Elogio dei giudici scritto da un avvocato, han sido traducidos, editados, leídos y alabados en todo el mundo. Aun transcurridos casi cincuenta años desde su fallecimiento, en Italia El nombre de Calamandrei sigue estrechamente asociado, por su actitud a lo largo de toda su vida pública privada, a la lucha por la libertad y la democracia.

Todo abogado vive en su patrocinio ciertos momentos durante los cuales, olvidando las sutilezas de los Códigos, los artificios de la elocuencia, la sagacidad del debate, no siente ya la toga que lleva puesta ni ve que los jueces están envueltos en sus pliegues; y se dirige a ellos mirándoles de igual a igual, con las palabras sencillas con que la conciencia del hombre se dirige fraternalmente a la conciencia de su semejante para convencerlo de la verdad. En estos momentos la palabra «justicia» vuelve a ser fresca y nueva como si se pronunciase entonces por primera vez; y quien la pronuncia siente en la voz un temblor discreto y suplicante como el que se siente en las palabras del creyente que reza. Bastan estos momentos de humilde y solemne sinceridad humana para limpiar a la abogacía de todas sus miserias.

El aforismo tan estimado por los viejos doctores según el cual res iudicata facit de albo nigrum et de cuadrato rotundum (*) hace hoy sonreír; sin embargo, pensándolo bien, debería hacer temblar. El juez tiene, efectivamente, como el mago de la fábula, el sobrehumano poder de producir en el mundo del derecho las más monstruosas metamorfosis, y de dar a las sombras apariencias eternas de verdades; y porque, dentro de su mundo, sentencia y verdad deben en definitiva coincidir, puede, si la sentencia no se adapta a la verdad, reducir la verdad a la medida de su sentencia. Sócrates en la prisión explica serenamente a los discípulos, con una elocuencia que jamás un jurista ha sabido igualar, cuál es la suprema razón que impone, hasta el último sacrificio, obedecer la sentencia aunque sea injusta: al adquirir fuerza de cosa juzgada la sentencia es necesario que se separe de sus fundamentos, como la mariposa que sale del capullo, y resulta

desde aquel momento inaccesible para ser calificada de justa o injusta, puesto que está destinada a constituir

desde entonces en adelante el único e inmutable término de comparación a que los hombres deberán referirse para saber cuál era, en aquel caso, la palabra oficial de la justicia.

Por ello el Estado siente como esencial el problema de la selección de los jueces; porque sabe que les confía un poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de las

leyes a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente sobre la cándida inocencia el estigma sangriento que la confundirá para siempre con el delito.

Cuando el abogado, hablando ante el juez, tiene la impresión de que la opinión de éste sea contraria a la suya, no puede afrontarlo directamente como podría hacer con un contradictor situado en el mismo plano. El abogado se encuentra en la difícil situación de quien, para refutar a su interlocutor, debe primeramente ablandarle; de quien para hacerle comprender que no tiene razón debe comenzar por declarar que está perfectamente de acuerdo con él. De este inconveniente deriva, en la clásica oratoria forense, el frecuente recurso a la preterición, figura retórica de la hipocresía; la cual aflora por fin en ciertas frases de estilo, como en aquella tan torpe y de que tanto se ha abusado, con la que el abogado, cuando quiere recordar al juez alguna doctrina, dice muy suavemente quererla «recordar a sí mismo». Típico es, como ejemplo de tal pediente, el exordio de aquel defensor que debiendo sostener una determinada tesis jurídica ante una Sala que había ya resuelto dos veces la misma cuestión contradiciéndose, comenzó su discurso así:

–La cuestión que yo trato no admite más que dos soluciones. Esta Excelentísima Audiencia lo ha resuelto ya

dos veces, la primera en un sentido, la segunda en sentido contrario...Pausa; después, con una inclinación:

–... y siempre admirablemente!

Los fragmentos e ilustraciones que se reproducen han sido extraídos de: CALAMANDREI, P.: Elogio de los Jueces escrito por un Abogado. Traducción de Santiago Sentís y de Isaac J. Medina.Prólogo de Diego Medina.Madrid, 1936.

Fuente: http://portalcorporativo.lexnova.es/revista_ln/Revista32/08_Anecdotario.pdf

SOBRE LAS ELECCIONES, LA JUVENTUD Y ALGUNOS MERCACHIFLES.

2011-04-20T18:09:00.000-07:00

Por Rodolfo Román Benites Presidente del Círculo de Estudios Cvltvra Legis, Alumno de Pre-grado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Privada del Norte.

Nunca me atrajo la política, la generación de los que nacimos en los ochentas y los noventas hemos crecido entre la corrupción y la ineficiencia, siendo educados en que los políticos son las personas que no tiene valores, y que trabajar en la administración pública es para aquellos que no consiguen trabajo en la actividad privada y que tan solo quieren enriquecerse a costa de los demás. Así también ciertos optimistas aducían que sí existen personas honestas y que trabajan para servir a la sociedad (no deseo en este artículo señalarnos como el pueblo), pero luego fui testigo de que aquellas pocas personas, terminan siendo despedidas de la administración sin ninguna gratitud y con el lastre de una serie de procesos judiciales.

Lo que quiero transmitir en las siguientes líneas son tan solo mis impresiones, pensamientos y perspectivas acerca de mi país, en ciertos puntos tal vez me pueda exacerbar en alguna medida, ello se debe a que escribo en parte con mi disgusto, impotencia y molestia por la actual situación, sin embargo no espero que me entiendan ni mucho menos estén de acuerdo conmigo, así también voy a dar explícitos nombres de todos los personajes a quienes me refiera y resto total importancia a la delicadeza que los mercachifles de la política enseñan para referirse a otros, porque como lo dije no soy político y en estos momentos siento una gran decepción, tan solo quiero decir lo que pienso.

Sobre el 10 de abril de 2011.

¿Qué pasó el domingo 10 de abril de 2011?, para mi es claro, los jóvenes nos dimos cuenta que somos minoría, aquel domingo pude sentir de que lo que yo pensaba y lo que al perecer muchos creíamos no servía de nada, en mi caso era la primera vez que iba a votar por un presidente, lo que hace años veía que hacía la gente con desgano, por obligación, como si fuera un deber, como si nunca nadie hubiera sufrido y luchado por éste derecho, siempre escuche que se debía de votar por el mal menor, ¿pero porque?, algo que no logro comprender es porque tengo que sentirme descontento con la persona que va a ser mi presidente, por quien me va a representar.

Sobre la situación económica actual.

Una parte de lo que está sucediendo claramente es culpa del gobierno actual, la desazón de la población que manifestó su repudio al modelo actual el día domingo, es culpa de que dicho modelo no se sepa apreciar de buena manera, es también necesario de que el Gobierno haga entender a la sociedad de cuál es el camino a seguir, y que el problema no es el camino que se toma, sino cómo es que se camina, es cierto que los recursos se deben de asignar de una manera más eficiente, sin embargo no podemos pensar que en algún momento todos vamos a llegar a tener el mismo nivel económico, el modelo económico de redistribución de riqueza es exitoso en tanto y en cuanto logra reducir la pobreza, lo cual se ha conseguido, es conocido que uno de los países con peor redistribución en el mundo es Chile, pero a pesar de ello no creo que una persona pobre de Chile quiera ir a vivir en lugar de una persona pobre de Honduras por ejemplo, que es uno de los países reconocido como uno de los que mejor redistribuye la riqueza. El tema es que no hay que ser iguales económicamente, sino que hay que ser iguales ante la ley. Tenemos que entender que más normas no van a hacer una sociedad mejor (las normas entorpecen las actividades y ello lleva a que no sean respetadas), el ser humano debe de aprender a vivir en libertad, es obvio que este aprendizaje va a tener sus deficiencias, pero ello no debe implicar cambiar de camino, sino tan solo aprender a caminar bien, el problema surge cuando los políticos desconocen las normas, cuando las personas piensan en acceder al sistema judicial pero a su vez entran ideando cómo es que van a corromper al funcionario. Entonces si es tan claro que el problema no es el sistema, sino que su producto no es utilizado de manera eficiente, ¿Por qué la mayoría de los peruanos siente que algo no está funcionando? ¿Acaso ello es razón suficiente para cambiarlo todo?, creo que ello es lo más difícil de responder. Tal vez sea porque vivimos en una aún democracia incipiente, en donde existe un cisma entre los peruanos, no es ningún secreto que la mayoría de las personas de la costa no tienen idea de lo que pasa en el Sur o en la Selva, claro está que podemos conocer cifras, escuchar noticias, pero sentir realmente preocupación como si fuera nuestro problema, nunca lo he visto, tal vez sea esa falta de reconocimiento, sentirme tan peruano como otros y que ellos se sientan como yo, quizá sea un utopía, pero intentar llegar a esa meta es lo que puede ayudar a desaparecer la sensación de descontento. Es posible además que el problema sea una serie de factores menores que generan el malestar, como un Estado corrupto e ineficiente, pero del cual no tiene la culpa el sistema económico, sino el político, el cual es incapaz de generar los incentivos correctos, pero ¿por qué?, ¿acaso aquel político no sabe perfectamente que hace años necesitamos una carrera pública?, la cual permita a jóvenes con un futuro expectante en la actividad privada optar por la carrera propiamente dicha, en donde los funcionario no sean acomechados del partido político, gente interesada, una sarta de lambiscones y entenados, una carrera en donde los jóvenes sepan que tan solo su buen desempeño los va a mantener en los puestos de trabajo y los hará ascender.

Pero todo ello es pasado por alto, gente como Humala que utiliza el miedo que genera de delincuencia, Venezuela es uno de los países con una mayo tasa de criminalidad de Latinoamérica, un país en donde se ha llegado a crear una milicia para empoderar aún más a un Presidente o mejor dicho al Dictador, creando un riesgo aún mayor a la sociedad. La delincuencia es un problema social, que no se va a solucionar con un militar, es más, pongámonos en aquellos supuestos; en un cambio económico, en el cual se pretenda distribuir mejor la riqueza, dado ya este cambio estatista (y con las consecuencias consabidas), pregunto ¿Qué riqueza se va a distribuir?, ¿ello acaso no incrementaría la pobreza?, y por ende la delincuencia. La Argentina del Peronismo es uno de los países más inseguros, en el cual las personas viven asediadas por la criminalidad, ¿acaso los asesores de campaña no se dan cuenta de eso? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué telaraña se está tejiendo?, ¿qué debemos pensar cuando aquellos políticos que se aborrecían ahora se toman fotos juntos?, ¿por qué tienen que haber jugadas políticas?, ¿acaso la sociedad que es la que tiene que a fin de cuentas sufrir las consecuencias de todo lo que haga el Estado le interesa que hoy unos sean amigos cuando antes era imposible aparentemente?, ¿si fue ahora tan fácil que cambiaran de parecer, por qué no lo van a hacer después? ¿Cómo podemos asegurarnos que los políticos piensen lo que dicen y hagan lo que dicen?.

A causa de ello se me vienen a la mente ideas (estoy seguro que todos van a pensar que mis ideas son por demás tiradas de los pelos, pero que importa, si algunos piensan hoy en día en cambiar la constitución, creo que lo que se me ocurra va a pasar desapercibido), si la cuestión es asegurarnos de que el Estado sea eficiente, de que el Estado cumpla con todos los designios que se le encargó, que tal si lo hacemos como lo hacen todos para que otros cumplan, mediante un contrato, si bien es cierto ya fue relamida la idea del Contrato Social, y del empoderamiento a aquella autoridad que nos permita controlarnos a nosotros mismos, ello en la práctica no se da, imaginemos entonces una concesión a un privado de la gestión del Estado, fragmentar algunas gestiones del Estado, por ejemplo, se firma un contrato con un privado para mejorar la educación, de tal manera que luego de la gestión de 5 años se logre elevar a la educación a un determinado nivel, ergo, si es que a los 5 años no se ha llegado a ese nivel, entonces no se ha cumplido con el contrato y el Estado tiene la facultad de no pagar al privado por el incumplimiento contractual. Ello claro está, me explico en aras de calmar la ira de los que en estos momentos me están insultando, primero no concesionar ningún órgano del Estado que tenga que ver con la soberanía, sino determinas gestiones básicas de gestión social, como la Educación o Salud, aquellas funciones que está acreditado el Estado NUNCA ha sabido realizar, segundo crear un órgano regular de todas estas concesiones (ojo que concesionar no es privatizar, se concesiona por 3 o cualquier número de años y luego regresa a dominio del Estado), dirigido no por políticos, sino por representantes de la sociedad civil, personas que desde antes cumplen funciones y no necesitarían regalar polos para formar parte de este consejo consultivo del órgano regulador, como por ejemplo dirigentes universitarios, dirigentes sindicales, representantes del sector empresarial, el defensor del pueblo, etc. Algunos una vez en clases me dijeron que ninguna empresa va a querer encargarse de ésta actividad porque no vendría a ser rentable, bueno, creo que es discutible, primero porque ya existe un presupuesto por la educación (pago del precio por el servicio), segundo porque siendo una empresa más eficiente va a desperdiciar menos dinero, tercero porque siendo en la actividad empresarial menor el índice de corrupción, se va a gastar menos dinero, por lo tanto todo ese dinero ahorrado va a los bolsillos del privado.

La alegoría del carruaje

Lo antes dicho por un lado, pero saliendo del trance utópico, y pasando a la realidad, considero que el secreto está en fortalecer la clase media, así pues ideemos un carruaje tirado por caballos, así los caballos son la clase media (sé que parece algo un poco duro la referencia, pero siendo aquellos que realizan todo el trabajo, que laboran en horarios interminables, los que tienen trabajo pero no es bien remunerado, cabe darse ese lugar), el conductor es la clase acomodada (digo acomodada porque el conductor esta acomodado en su silla y dirige a los caballos, son los grandes empresarios accionistas de los grupos económicos que tan solo dicen que hacer y tienen un ejército de contadores, ingenieros, gerentes y abogados que hacen todo por ellos), y por último la carreta que son los pobres (nuevamente una representación muy dura e insensible, pero lo atribuyo así porque como se aprecia a la economía no le parece importar mucho el pobre, es más lo jala a donde ella decide ir). Esa es la imagen que percato y no digo que esté mal, pero es claro, las grandes empresas dirigen la economía, la gran mayoría del Perú trabaja para seguir lo que prescriben estás empresas y las clases sociales más bajas tan solo los siguen, sin importar si lo quieren o no, puede ser que los caballos a veces reclamen, la empresa a veces les dará de comer y otras veces tan solo los arriará y ellos avanzarán con temor, pero el que está en la pobreza no puede ni reclamar, a los grupos empresariales no les importa que 20 pobladores de Sojamure estén descontentos (sé que es cruel ver al pobre como una carga y es muy probable que esté cometiendo un graso error, pero creo que en algún momento debemos de ubicar realmente el problema, hay algo que está mal y no sabemos qué es, pues empecemos a ver las cosas como realmente son y no como quisiéramos que sean). Entonces, tenemos que para que el carruaje avance más rápido tenemos que desaparecer la carga, esto es eliminar la pobreza o sino tener más caballos, esto es que algunos ricos pasen a ser caballos y ciertos pobre pasen a ayudar a jalar la carreta (en cierta medida me pareciera que sigo dando vueltas por un simple chorreo acelerado, pero las ideas son para mejorarse y evolucionar).

Escucho en todos lados que hoy en día a los jóvenes ya no les interesa la política, que hemos desaparecido en la participación de la vida política de nuestro País, se hacen homenajes al Mayo del 68, ponen de ejemplo a aquellos jóvenes y nos menosprecian, hablan de los mártires apristas y nos dejar por los suelos, como si fuéramos una generación absurda, aletargada. Río irónicamente y pregunto ¿para que?, ¿no hemos comprobado que somos minoría y que al fin y a cabo no sirvió lo que nosotros pensamos?, eso es democracia, ¿eso es democracia?.

No reniego de aquellos que votaron por otro, me parece una absurdo canalla llamar ignorantes a aquellos que no han votado por quien nosotros queremos que voten, ello es por demás egoísta y ayuda a seguir incrementando las brechas sociales en nuestro país, incluso si me pongo en el lugar de ellos, se puede advertir que lo que ellos han hecho ha sido tan solo un análisis de costo beneficio, me es menos costoso elegir a una persona que me va a dar un poco de dinero en este momento, aunque no me valla a dar después, porque lo necesito ahora debido a que por la pobreza no tengo nada de dinero, y ello no se puede esperar el chorreo. Por eso dicho sistema hace sufrir de manera inhumana a los pobres mientras esperan que les caiga el chorreo, pero nuevamente, si cambiamos el modelo económico, podemos auxiliar hoy al pobre, pero mañana ya no tendremos con que, volvemos a temas de redistribución, que no es más que afianzar la clase media y acelerar el chorreo.

¿POR QUÉ QUEREMOS SER CONGRESISTAS?

2011-04-12T18:59:00.000-07:00

Por: José Elice Navarro *

Las recetas no suelen funcionar en política. Los políticos son pésimos pacientes; pocas veces—o nunca—hacen caso de la recetas. Las obvian y también las desprecian. Es, quizás, la consecuencia del peor mal que puede sufrir un político: El «mal de altura»; no aquél mal bien documentado en los vademécum médicos sino aquel otro que consiste en dispararse hasta el Olimpo (mental) una vez que se asume un cargo público, desde los cargos más modestos hasta los más encumbrados, aquellos de alcance nacional, aquellos desde donde las decisiones afectan a comunidades de millones de personas.

Cuánta falta nos hace la existencia de funcionarios que, como según se dice existieron en la Roma antigua, se ubiquen detrás de las autoridades para recordarles que son humanos. Que no hay Olimpo con Zeus ni semidioses, que aquello es mitología, que el ejercicio de la función pública es, en muchos casos, pasajero, un mandato temporal para servir a los mandantes, es decir, a las ciudadanas y los ciudadanos que confiaron, que se arriesgaron y que, una pena, no pocas veces se decepcionaron.

Digo esto casi como una cantaleta, como una repetición insana, pues es un tema con el que he torturado a amigos, conocidos y auditorios enteros. Vuelvo con terquedad al mismo asunto porque no puedo dejar de preguntarme por qué más de 1600 personas aspiran a una curul en el Congreso. ¿Por qué hay ciudades enteras llenas de carteles, afiches, pancartas y panfletos y un maremágnum de promesas informes y muchas sin sentido? (como la promesa de construir carreteras ¿desde el Congreso?), ¿por qué las sonrisas fraguadas por expertos e inexpertos en el arte de sonreír y de hacer parecer más jóvenes a los más viejos y más bonitos a quienes se creen feos? Y qué decir de los miles o millones de soles y dólares que pasan de mano en mano por gastos de publicidad. ¿Todo ello para convertirse en semidioses o semidiosas temporales?

La respuesta principal a la pregunta ¿por qué quieres ser congresista? suele ser «porque deseo servir al país» ¿Así? No me digan. Esa respuesta es ya un lugar común, esa respuesta no dice nada. El Perú del siglo XXI, que dizque se encuentra en un umbral de oportunidad, requiere de respuestas más inteligentes y precisas. El Perú de hoy exige, en primer lugar, programas partidarios claros, precisos, realistas y no demasiado extensos (los detalles vendrán y se exigirán después, y deben estar disponibles), acompañados de los mensajes de los candidatos individuales al Congreso (recordemos que hay voto preferencial) alineados con el programa central de la organización política por la que postulan, y determinantes de una agenda parlamentaria también clara, precisa y realista, y si es posible calendarizada.

Pareciera que por el momento el punto principal es llegar al Congreso, lo demás puede esperar, se verá más tarde, una vez que todas y todos se encuentren en el Olimpo bebiendo el triunfo, recibiendo honores y altas dosis de «egolatrina» (peligrosa sustancia capaz de incrementar el ego hasta niveles inimaginables).

Imaginemos las reflexiones y respuestas de un candidato al Congreso promedio, frente a preguntas concretas formuladas, digamos, en un foro electoral: ¿Y qué hacemos con la pobreza? Ya veremos, a partir de julio. ¿Y qué haremos con el Estado para que sea más eficiente? Ya veremos, a partir de julio o agosto. ¿Y qué haremos con la educación y la salud? Ya veremos, quizás entre agosto y setiembre. ¿Y qué haremos con la competitividad? Ya veremos, tenemos cinco años para pensarlo. ¿Y qué haremos con el Congreso? Para empezar lo «fumigamos», luego veremos qué hacer. ¡Ya sé! (improvisando) ¡Legislamos más!, porque para eso nos han elegido, para legislar y fiscalizar, para investigar todo, para juzgar si los tribunales no lo hacen, para negociar sin prisa el nombramiento de los altos funcionarios que el Congreso debe designar o ratificar su designación (que los cargos vacantes esperen), para invitar a todos los ministros a todas las Comisiones –las existentes y las que crearemos para que todos podamos presidir alguna—, para convocar audiencias públicas legislativas y no legislativas, para modernizar la gestión parlamentaria (aunque ya se haya modernizado varias veces), para crear nuevos grupos parlamentarios si la cosa se pone difícil en los grupos que corresponden a los partidos por los que postulamos al Congreso; total: ¡No estamos sujetos a mandato imperativo! En fin, tendremos mucho por hacer; pues, para empezar, la agenda legislativa siempre registra —y de seguro no puede ser de otro modo—, en promedio, alrededor de 60 puntos y el tiempo no alcanzará para asistir a las varias Comisiones en las que nos inscribiremos, pues hay que tratar de tener presencia en todas ellas (la eficiencia no importa, eso es teoría). Y si el pueblo no nos aprueba, como al Congreso del período actual y a los de los períodos anteriores, ya sabemos que la culpa es de la prensa y de la falta de cultura política de la ciudadanía, cuando no de las molestas ONGs que siempre nos están controlando y los gremios que nos están presionando.

La idea de este ejercicio de imaginación caprichoso es llamar la atención sobre las razones que motivan la postulación al Congreso y el modo como se enfrenta la campaña electoral. En forma preliminar, y sin sugerir que todos quienes postulan al Congreso piensan y actúan igual, me parece que la razón principal para aspirar a una curul es la prefiguración de que el cargo de congresista da status y provee una sensación única de goce por efectos del poder que trae consigo. Y no menciono otras razones concretas relacionadas inclusive con intereses ilegales, de lo que mucho se habla pero sobre lo que pocos se atreven a mostrar evidencias y mucho menos dar nombres.

En cuanto a la campaña electoral esta se enfrenta con todos los medios posibles y utilizando todos los recursos disponibles (dinero, imaginación, conocimientos, información, etc.) que contribuyan a cumplir el objetivo: jurar el cargo de congresista el 27 de julio, sentir el placer de sentarse en la silla curul y poseerla (así, antigua, de madera, no necesariamente cómoda ni bonita, pero muy simbólica), gozar los honores y privilegios de la función y, en fin, proyectarse hacia el futuro (¿reelección, alcaldía provincial, presidencia regional, despacho ministerial, presidencia del Congreso, presidencia de la república?).

Ya lo dijo el gran constitucionalista germano‐americano Karl Loewenstein: «Los tres incentivos dominantes en la vida del hombre son: el amor, la fe y el poder, los cuales se encuentran unidos y entrelazados de una manera misteriosa». ¿Amor a sí mismo? (pasado como amor a los demás), ¿fe en sí mismo? (pasada como encarnación personal de la fe popular) y ¿poder para sí mismo? (pasado como mandato soberano). Y si es enteramente cierto lo que dijo Loewenstein ¿acaso estamos bregando ilusoria e inútilmente por la construcción de un Estado democrático y eficiente? Creo que no, pienso que esas tres fuerzas (amor, fe y poder) pueden ser encauzadas en beneficio del proceso de fortalecimiento institucional del Estado democrático de Derecho. Quizás no le hemos dado la debida importancia al problema del manejo del poder desde una perspectiva personal y colectiva, es decir, queremos alcanzar el poder sin saber cómo lo vamos a utilizar o, mejor aún, cómo lo podemos utilizar para sentir satisfacciones distintas de la de su sólo ejercicio; como la satisfacción del reconocimiento por las cosas bien hechas, el agradecimiento por la promesa cumplida, la admiración por mantenerse fuerte y consecuente frente a las seducciones de la ilegalidad y la renovación de la confianza ciudadana por el balance positivo del trabajo desarrollado.

Para lograr todo ello —que para unos puede resultar fácil y para otros menos fácil, pero en realidad nunca difícil—hemos de establecer una buena plataforma inicial para trabajar, tanto en la esfera personal como corporativa.

En lo personal cada ciudadana y ciudadano que postula al Congreso debería tener una respuesta clara (y muy personal) frente a la pregunta sobre por qué quieren ser congresistas o la cuestión sobre qué quieren hacer exactamente si obtienen los votos necesarios para asumir la representación nacional. Y en lo corporativo todas y todos deben trabajar, apenas asumido el cargo y aún antes (digamos, desde el momento en que se oficializan los resultados electorales), para definir qué reformas o cambios urgentes necesita el Congreso como corporación para mostrarse (y ser en realidad) una organización eficiente, concentrarse en sus funciones constitucionales (y en ninguna otra más) y servir de apoyo —a título de promotor principal— de las reformas integrales y sectoriales que el Perú necesita para progresar y garantizar mayores niveles de bienestar y justicia.

El Parlamento es una de las grandes creaciones de la cultura. Resuelve el problema de la representación, el de la legitimidad de las macro decisiones gubernamentales y el del necesario balance del ejercicio del poder estatal para garantizar la libertad y los derechos. Está en crisis, es verdad, pero lo cierto es que nació de varias crisis. Sí, la crisis es un componente natural de la existencia del Parlamento. En él se confrontan (mediante alegatos y debates) visiones y posiciones diferentes y hasta antagónicas, y en él se alcanzan consensos o se toman decisiones bajo reglas previamente acordadas. No sólo legisla (y por ello no debe ser llamado más el «poder legislativo»), aunque es un legislador preferente, sino que también ejerce el control político, influye sobre la política general del gobierno, ejerce la jurisdicción política y participa en la designación o la ratificación de la designación de altos funcionarios del Estado. Y es, en esencia, la principal asamblea representativa, deliberante y decisoria de la sociedad estatal.

Los electores deberíamos intentar descubrir qué candidatas y candidatos pueden responder mejor o en forma satisfactoria la cuestión sobre las razones por las que decidieron postular al Congreso de la República. No aceptemos lugares comunes, reclamemos claridad, precisión y previsión.

*Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Ha sido Director General Parlamentario y Oficial Mayor en el Congreso de la República, Secretario General de la Presidencia de la República y Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros. Además ha realizado diversas consultorías sobre temas parlamentarios, tanto en el Perú como en el extranjero. Es profesor de Derecho constitucional y Derecho parlamentario.

Fuente: Reflexión Democrática.

Peru Top Lawye

ALCANCES SOBRE EL ARBITRAJE EN EL PERU

2011-04-01T06:57:00.000-07:00

Por Annie Moreno Lizarzaburu, Alumna de Pre-grado del noveno ciclo de la Universidad Privada del Norte

El arbitraje como muchos sabemos, es un medio alternativo de resolución de conflictos que ha logrado con el tiempo captar la atención de muchas personas que confían en sus beneficios y aceptan someterse a él.

Este medio presupone que exista un conflicto de intereses entre dos o más partes, el cual tenga implicancias jurídicas en el Derecho Privado y sobre todo en el cual las partes tengan facultad de disposición. (art.2, Decreto Legislativo Nº 1071). Asimismo, dicho conflicto es conferido a un tercero imparcial y neutral llamado Árbitro, el cual actúa en virtud del poder que le otorgan las partes y posteriormente procede a emitir un laudo definitivo.

Históricamente el arbitraje tiene un origen muy remoto e incluso puede afirmarse que es la primera forma de administrar justicia .

Como en aquellos tiempos no existían leyes ni tribunales, es de entenderse que la costumbre regía por ese entonces en la sociedad antigua y cuando existía algún tipo de controversia entre los particulares, se escogía a un tercero imparcial para que tome la decisión adecuada y brinde solución final al conflicto.

Si nos remontamos a sus orígenes, se decía que en la antigua Roma era el paterfamilias quien actuaba como tercero, pero con el paso del tiempo se le fue designando este cargo a un Árbitro.

Todo lo expuesto operó cuando la comunidad era pequeña, pero a medida que crecía la población, crecían los conflictos entre sus habitantes. Por lo tanto logró crearse un sistema oficial para resolver conflictos (sistema judicial).

A mediados del siglo XI aparece un marcado interés en vender productos a comunidades ajenas y distantes de los lugares de producción, a pesar de las dificultades geográficas y de los limitados medios de transporte . Es por ello, que con el tiempo no es el Estado quien otorga leyes en cuanto a los problemas que se pudieron suscitar en dicho contexto, sino más bien eran los comerciantes quienes creaban normas en cuanto a sus costumbres y experiencias.

Este nuevo ordenamiento jurídico se denominó lex mercatoria por la doctrina, posteriormente se inicia una gran controversia que persiste hoy en día y es aquella que nos lleva a analizar la naturaleza del arbitraje.

La Doctrina se divide en cuatro teorías fundamentales, tres de las cuales existen desde hace muchos años: La Teoría Contractualista o Privatista, la Teoría Publicista o Jurisdiccional y la Teoría Ecléctica o Mixta. La cuarta Teoría, la Autónoma surge a partir de1965.

Para la teoría jurisdiccional, el arbitraje forma parte del campo público, en el cual el árbitro actúa por una ampliación de las funciones del Estado; y aunque los árbitros sean particulares, éstos quedan revestidos de jurisdicción. Así también, el laudo es considerado una auténtica sentencia por esta teoría. Montoya Alberti Ulises cita a Ludovico Mortara, considerado como el mejor exponente de esta teoría señal: “el arbitraje existe porque la ley lo ha instituído. Y ésta a su vez ha dado su autorización para que las partes tomando un cierto grado de la soberanía inherente al Estado confieran a los árbitros por medio del compromiso el poder que es necesario para resolver la controversia con plena autoridad. En consecuencia, los árbitros no son simples apoderados de las partes, sino verdaderos jueces y el laudo una verdadera sentencia” .

La Teoría Contractual manifiesta que los árbitros no son jueces sino particulares, y no tienen a su cargo impartir justicia a nombre del Estado, porque su poder radica en las partes; el poder de los árbitros proviene del acuerdo arbitral y no de los jueces. Además si bien es cierto las sentencias tienen una importancia colectiva, cada conflicto es interés de las partes involucradas.

En conclusión, para esta teoría se considera este proceso como un contrato originado por las partes en litigio y toma las siguientes características para el arbitraje: Tiene una naturaleza privada ya que proviene de un acuerdo de voluntades, los árbitros son particulares designados por las partes, el árbitro no ejercita poder jurisdiccional. Y finalmente el laudo no es una sentencia sino que está revestido de obligatoriedad como la tienen los contratos .

La Teoría Mixta señala que existe una relación indiscutible entre los elementos contractuales (acuerdo arbitral, forma y procedimiento) y los jurisdiccionales del arbitraje (efecto legal de sus acuerdos y ejecución del laudo dependen de las leyes de la jurisdicción a la que se someten).

Finalmente, la Teoría Autónoma rechaza las anteriores teorías por no encontrarlas de acuerdo con la realidad, más bien esta teoría mira al arbitraje con otros ojos por sí solo y como funciona, además de en qué sistema legal nacional o internacional se adecua.

En Perú no puede hablarse de un reglamento de arbitraje específico hasta 1992, año en que se creó mediante Decreto la primera Ley de Arbitraje Nº 25935 con fecha 10 de diciembre, la cual se dividía en Arbitraje Nacional y Arbitraje Internacional. Años más tarde se sustituye por la LGA Nº 26572 que rigió desde 1996.

Con posterioridad, entro en vigencia el 1 de setiembre del 2008 el Decreto legislativo 1071 que norma el arbitraje y en la cual se elimina la apelación de los laudos, situación distinta a la anterior ley. La justificación fundamental de esta nueva ley es el crecimiento económico de Perú y su estrecha relación con países importantes como EEUU, es por ello que es necesario regular la ley a la realidad, al contexto, a los últimos avances del mercado y hacer que nuestras leyes puedan ser aceptadas y reconocidas por agentes importantes internacionales que busquen hacer relaciones con empresas peruanas.

Es necesario además, señalar que el arbitraje tiene un nuevo surgimiento en el país por ser más flexible, más rápido que un proceso judicial; ya que las partes son las que tienen libertad absoluta de escoger el modo, el procedimiento, entre otros beneficios más, para que su conflicto pueda ser resuelto de la manera más eficiente. La confidencialidad, es una característica importante de este medio, y sobre todo para grandes empresas trasnacionales que son agentes importantes del mercado, las cuales acuden al arbitraje internacional para resolver sus conflictos de manera más rápida y especialmente para que no se pueda ventilar información al público de forma desmesurada.

Entre otras características del arbitraje tenemos la buena fe, neutralidad e imparcialidad de los árbitros, la legalidad, la autonomía para elegir a los árbitros, entre otras.

Pero, a pesar de sus beneficios es necesario algunos presupuestos para que el arbitraje sea sólido y duradero en un país: a) una sociedad culturalmente preparada para entender y aceptar el arbitraje; b) abogados técnicamente preparados para asesorar a sus clientes antes y durante el arbitraje; c) una legislación que brinde confianza y seguridad jurídica; d) entidades que ofrezcan servicios serios de arbitraje y profesionales preparados para actuar como árbitros; y e) un poder judicial que comprenda la naturaleza y los alcances del arbitraje .

Es preciso, que tanto los estudiantes de Derecho como todas las personas y profesionales que conforman una sociedad seamos abiertos a una nueva cultura de aprendizaje, no siempre tomemos al Poder Judicial como la primera opción para resolver un conflicto porque casi siempre no salimos contentos con los resultados o con la rapidez de los procesos judiciales debido a la gran carga procesal que hay en el país y otros efectos que incurren en él que no permiten hacer justicia de manera efectiva. El arbitraje es una buena alternativa para aquellas personas que buscan soluciones rápidas, sobretodo en un campo tan competitivo hoy en día y en una economía de mercado como la nuestra que va creciendo cada día más.

Deberíamos tomar al Poder Judicial como “ultima ratio” y acudir a otros medios alternativos de solución como éste. De esta manera podremos dejar más satisfechos a nuestros clientes que con un proceso tan complejo y rígido como el establecido en los códigos procesales.

BIBLIOGRAFIA:

- MARIO CASTILLO FREYRE, ORIGENES DEL ARBITRAJE.

- FERNANDO CANTUARIAS SALAVERRY, LA NUEVA LEY DE ARBITRAJA PERUANA: UN SALTO A LA MODERNIDAD.

- FERNANDO DE TRAZGEGNIES GRANDAM ¿LEX MERCATORIA REDIVIVA?

- TOMÁS OGAYAR Y AYLLÓN, EL CONTRATO DE COMPROMISO Y LA INSTITUCIÓN ARBITRAL.

- ULISES ALBERTI MONTOYA, EL ARBITRAJE COMERCIAL.

DENEGATORIA INCONSTITUCIONAL DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO

2011-03-27T17:01:00.000-07:00

Por: Carolina Castillo Pastor, jefa del Área de Derecho Laboral y Seguridad Social del Estudio Alva, Rubina, Molero & Castillo.

Sobre la necesidad de tener un buen entendimiento de la actual legislación para poder acogerse sin problemas a este beneficio agrario.

Según lo dispuesto por su artículo 2°, este régimen tiene como beneficiarios a las personas naturales o jurídicas que desarrollen: a) cultivos, b) crianzas, c) agroindustria que utilice principalmente insumos nacionales y d) avicultura; salvo determinadas excepciones. Adicionalmente, el artículo 6° de la Ley establece que, a fin de que las personas naturales o jurídicas gocen de los beneficios tributarios establecidos en ella, éstas deberán estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias de acuerdo con las condiciones que establezca el Reglamento.

Por lo tanto, al amparo de la Ley, basta que una persona (natural o jurídica) desarrolle una de las actividades contempladas y que se encuentre al día en el pago de impuestos.

La ley bajo comentario se encuentra reglamentada por el D.S. N° 049-2002 AG, publicado en noviembre de 2002, el cual se esfuerza en limitar el acceso al régimen especial, ya que especifica que los beneficiarios del régimen especial son aquellas personas que realicen, principalmente, las actividades de cultivo, crianza, agroindustria y avicultura. Como se puede apreciar, el Reglamento añade el término “principalmente” que la Ley no contenía, lo que trae consigo graves consecuencias, pues, según su texto, no bastará para acogerse realizar alguna de las cuatro actividades, sino que solo podrán acogerse las personas que realicen principalmente alguna de ellas, es decir, aquellas que obtengan ingresos netos anuales por esta actividad no menores al 80% de éstos. En otras palabras, aquellas cuyos ingresos netos anuales por otras actividades (incluidas las exceptuadas, como la industria forestal, el aceite, etc.) no superen en conjunto el 20% del ingreso neto total.

Ahora bien, debe recordarse que el principio constitucional de jerarquía normativa exige, además del respeto a la Constitución, la obediencia al principio de legalidad, según el cual la ley prevalece sobre toda norma de inferior jerarquía (como sucede con un reglamento), principio que además encuentra su fundamento en el mandato constitucional al Poder Ejecutivo de ejercer la potestad reglamentaria sin transgredir ni desnaturalizar las leyes. Asimismo, el principio constitucional de reserva de ley ordena que el establecimiento de supuestos de hecho determinantes para el goce de un beneficio tributario, así como los alcances, beneficiarios y requisitos para acceder al mismo, se encuentren regulados por una norma con rango de ley o, en el peor de los casos, en una norma reglamentaria, siempre que la ley misma lo exprese así, previa fijación de parámetros o límites, y solo si se respetan los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Estas condiciones no se han cumplido en el presente caso, ya que la Ley N° 27360 no ha efectuado remisión expresa alguna a favor del Reglamento para que éste regule o limite, los sujetos beneficiarios del régimen, por lo que se concluye que el Reglamento ha desnaturalizado su Ley.

Debe recordarse que todo juez tiene el deber y la facultad de controlar la constitucionalidad de las normas con el fin de no aplicarlas al caso concreto. Para determinar si procede la aplicación, esta facultad, conocida como “control difuso”, es necesario examinar si se cumple con tres requisitos que han sido fijados por el Tribunal Constitucional en sucesivas sentencias:

1. Que el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional: la norma reglamentaria cuestionada es una de carácter autoaplicativo que viola los principios constitucionales de jerarquía normativa, legalidad y reserva de ley, ya que, sin necesidad de esperar a que la Sunat deniegue el acceso al régimen, excluyen desde su publicación a todas aquellas personas que al amparo de la Ley se consideraban beneficiadas.

2. Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso: la exclusión del régimen especial agrario de las personas que no realizan principalmente las actividades especificadas en la Ley, es producto exclusivo de la entrada en vigencia de su Reglamento, de tal manera que, si éste no contuviera tales disposiciones, no habría inconveniente para considerarlas beneficiarias del régimen por mandato de la Ley.

3. La norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución: la norma reglamentaria criticada no admite interpretación constitucional alguna, puesto que no solo ha incluido el término “principalmente”, sino que ha definido con exactitud cuando se entiende que se realizan principalmente las actividades especificadas por la Ley como beneficiarias.

Por tanto, toda persona natural o jurídica que se considere afectada por la entrada en vigencia del D.S. N° 049-2002-AG puede solicitar judicialmente la inaplicación a su caso del numeral 1 del artículo 2°, de tal manera que no se le apliquen las limitaciones contenidas en éste y así pueda acogerse al régimen especial del sector agrario. Asimismo, cabe precisar que en caso que se cuente con una resolución de la Sunat que deniegue el acogimiento y exija el pago del íntegro del Impuesto a la Renta según el régimen general, puede solicitarse la inaplicación citada en el mismo procedimiento administrativo tributario, ya que el Tribunal Fiscal tiene la facultad y el deber de controlar la constitucionalidad de las normas tributarias, al igual que el Poder Judicial.

LITIGIO Y PRETENSIÓN, ACLARANDO CONCEPTOS.

2011-03-15T10:19:00.000-07:00

Frank A. Acevedo Sánchez

Abogado, profesor de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Conversatorio de Derecho Procesal Civil, en la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte y Universidad Privada Cesar Vallejo

(...) la simiente de la verdad necesita, a veces, de años, o de siglos, para tomarse espiga (veritas filia temporis) (...).El proceso dura; no se puede hacer todo de una sola vez. Es imprescindible tener paciencia. Se asemeja a lo que hace el campesino; es preciso esperar para cosechar. Al lado de la exigencia de la atención, se coloca la paciencia entre las virtudes esenciales del Juez y de las partes. Desgraciadamente éstas son impacientes por definición; impacientes como lo enfermos, dado que también sufren. Una de las tareas de los Abogados es la de inspirarles paciencia. El slogan de justicia rápida y segura, que anda en boca de los políticos sin experiencia, contiene, lamentablemente, una contradicción esencial: si la justicia es segura no es rápida, si es rápida no es segura."

(Francesco CARNELUTTI)

Sabido es, que el hombre ha sido considerado un ser social por naturaleza desde su nacimiento hasta su muerte, por tal motivo, para la realización de la vida misma, dependemos de otros seres humanos. Dicha dependencia va a estar en función de nuestras necesidades, es por ello que los seres humanos somos seres con necesidades infinitas para ser satisfecho por bienes finitos.

Además de poseer en esencia una naturaleza social, también poseemos una naturaleza conflictiva y es precisamente en esas interrelaciones entre los individuos que integran una sociedad que surgen incompatibilidades o antagonismos, dando lugar al litigio.

Independientemente del concepto de proceso, el mismo que nos sugiere la idea de un conflicto de intereses, es necesario precisar que se entiende por litigio el cual no tiene un concepto esencialmente procesal, ya que todo proceso contiene un litigio, pero no todo litigio terminará en un proceso, pero si será siempre el contenido de todo proceso judicial.

Pero antes de abordar el tema central, debemos hacernos la pregunta: ¿cuando empieza un litigio entre dos justiciables?. Aquí cobra vida lo que dejo establecido Carlos Marx en su obra "El Manifiesto Comunista",....la historia de la Humanidad es una constante lucha de clases, frase realmente cierta, toda vez que el litigio forma parte de la conflictiva o sinergia social, es decir un constante choque de fuerzas contrarias que de mantenerse equilibradas la sociedad progresa o al menos se conserva estable. Pero cuando ese equilibrio se rompe trae como consecuencia que la sociedad entre en crisis y no progrese.

Por tanto ya lo decía Monroy: Un ordenamiento jurídico no es otra cosa que es un sistema de conductas preestablecidas las cuales deben ser cumplidas por todos los integrantes de una sociedad, cuando este cumplimiento es espontáneo no hay problema pero si un miembro de la sociedad no la cumple es necesaria la intervención del Juez.

El choque de fuerzas lo vemos en los problemas privados de distintas formas por ejemplo: en un contrato de compraventa hay un choque de fuerzas entre el comprador y el vendedor, en el arrendador y el arrendatario igualmente en el matrimonio entre el marido y mujer.

Bajo este contexto podemos arribar a la conclusión de que el proceso es el instrumento para solucionar ciertos tipos de conflictiva social, que permitirá el equilibrio de la sociedad buscando resolver el conflicto de intereses y lograr la tan anhelada paz social con justicia, conforme lo establece el Art. III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

Carnelutti, da a conocer que es un litigio:

"Llamo litigio al conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro"

Ahora bien la siguiente pregunta es ¿donde ubicamos a la pretensión?, lo cual no resultaría difícil responder, ya que uno de los elementos para la existencia del litigio es la pretensión lo que se infiere que es una suerte de continente y contenido, ya que si no hay pretensión no hay litigio. Nuevamente citando a Carnelutti, nos da el concepto más aceptado de pretensión:

...La exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio.

Según el Diccionario de la lengua, es “solicitación, empeño en conseguir algo. Derecho que uno cree tener sobre una cosa”. Entonces es la pretensión un querer, una voluntad, una intención exteriorizada para someter un interés ajeno al interés propio pero no un derecho ya que el único derecho para hacer valer esa pretensión ante el juez es el derecho de acción, el cual es un derecho subjetivo propio de cada sujeto de derecho, así como tampoco la demanda es un derecho sino un acto procesal, un instrumento para hacer valer la acción y la pretensión que van contenidas en la demanda.

Faire Guillen en sus Estudios de Derecho Procesal expone la distinción entre la acción y pretensión: En tanto que la acción es un derecho, la pretensión procesal es un acto, una declaración de voluntad; es el acto de exigencia de subordinación de un interés ajena a otro propio.

Pero no se crea que toda pretensión amparada por el Juez deberá ser necesariamente fundada ya que, la pretensión puede ser fundada, impugnada, infundada, insatisfecha o bien sin derecho, ya que el solo echo de alegar una pretensión ante el Juez, no la hace merecedor del derecho invocado.

En rigor la pretensión, no siempre presupone la existencia de un derecho material, y además por otra parte, puede existir el derecho sin que exista la pretensión y, consecuentemente, puede haber también pretensión sin que exista derecho.

De un lado la pretensión es el sustento del conflicto y que a su vez es un elemento de la demanda, pero al margen de ello, considero que hay que proyectar la noción de conflicto y de litigio desde dos plano si bien es cierto diferente pero que se confluyen en el camino y no caer en confusión de conceptos de quienes trajinan por los vericuetos del derecho procesal. Así el litigio es el conflicto mismo pero llevado al órgano jurisdiccional, donde las partes actúan sus situaciones jurídicas tratando de resolverlas aun cuando tenga existencia o carezca de factualidad. Por otro lado pueden darse las siguientes situaciones: 1.- Conflicto sin litigio: Cuando el actor no demanda sino que decide ad nutum abstenerse de demandar. 2.- Litigio sin conflicto: El actor demanda, a sabiendas que no hubo conflicto. 3.- Conflicto con controversia: Cuando el demandado conteste o controvierta la pretensión. 4.- Conflicto sin controversia: En los casos de allanamiento y rebeldía.

Por otro lado en la praxis suelen confundirse o no tener clara la idea de los siguientes conceptos. Así una cosa es un casó justiciable y un derecho Justiciable. El primero se configura cuando el conflicto de intereses goza de relevancia jurídica, mientras que el segundo procede cuando el sistema jurídico pese a reconocer la existencia del derecho, le niega al titular la oportunidad de reclamarlo en vía de acción, véase los artículos 1943 y 1944 del código civil.

Ahora bien, entendida la postura de lo que entendemos por caso justiciable, la pregunta en contrariu sensu seria: ¿Que entendemos por caso no justiciables? Y sobre el particular la doctrina afirma que procede cuando la pretensión contenida en la demanda no tiene sustento en el sistema jurídico ya que el objeto de la pretensión debe ser jurídicamente posible, a manera de ejemplos podemos citar el caso que un concubino demande divorcio, el pedido al Juez de la filiación de un hijo ya reconocido, o la reivindicación de un bien público. Procesalmente hablando y frente a estos casos, la postura que asumiría el Juez al momento de la calificación de la demanda sería la del rechazo liminar de la demanda declarándola improcedente justamente por la causal de que la pretensión es física y jurídicamente imposible conforme lo señala el Artículo 427 del Código Procesal Civil.

Finalmente podemos concluir que todo litigio contiene una pretensión, y sin estos presupuestos no puede haber acción y sin acción no puede haber proceso. Es decir, todo proceso judicial presupone la existencia de la acción como derecho subjetivo, pero la acción a su vez está fundada en la existencia de una pretensión resistida.

EL ABOGADO GRITON

2011-02-09T07:24:00.000-08:00

El abogado gritón es el que utiliza el énfasis como eje central de su esquema discursivo. Utilliza abusiva y erradamente recursos tipográficos modificando no tanto el contenido de lo que dice, sino la forma en que —a criterio del lector— ese mensaje es expresado.

El abogado gritón lo que dice, lo dice mayoritariamente en mayúsculas, las cuales —salvo que se trate del nombre de una empresa, o siglas de alguna institución o casos análogos— no corresponde utilizar más que en los casos que las reglas ortográficas más básicas nos enseñan: al comenzar la oración, la primera letra de un nombre propio, el título de alguna sección o del escrito, etcétera.

Lo mismo con la negrita y el subrayado. Su uso como énfasis en alguna sección especial del texto (o palabra individual) debe ser prudente para no generar que todo lo que se dice sea enfatizado. En tal caso el lector pensará internamente “bueno sí, a este tipo evidentemente le interesa resaltar todo”. Más aun, la función de la negrita y el subrayado sirve a los fines de que una vez leído el texto, se pueda pasar las hojas rápidamente y encontrar un tema particular, buscando aquellas palabras que se diferencian del resto por su especial resalto. Esta función se pierde si toda la hoja es un mar de letras negras y subrayadas.

Mejor en ejemplos gráficos utilizando un fragmento imaginario.

El abogado gritón gusta de estas cosas:

Cuando parece suficiente esto:

En el último caso, nuestro planteo imaginario se expone sin mayores sobresaltos. La idea es manifestada y se comprende perfectamente qué se pretende y cuáles son las razones. En el primer ejemplo, el abogado utiliza excesivamente las mayúsculas (que actualmente equivalen no sólo en el ámbito web sino también en la propia literatura, a un grito o voz alta que exclama), y cuando quiere acentuar aún más una palabra, agrega negritas, y cuando aun no contento con insistir tanto (a esta altura el abogado grita y enfatiza algunas palabras) pone el subrayado en algunas otras. O sea, no sólo quien lee recibe el mensaje (confuso de leer, y más difícil de comprender) sino que da la sensación de que viene de alguien que en esa parte del relato perdió sus cabales y está alocado pidiendo fuera de control que la agregación de documental sea rechazada.

Estas cosas, en mi opinión, no suman. Restan calidad a los escritos.

Fuente: http://quieroserabogado.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

FIRMAS DE ABOGADOS MÁS DESTACADAS DEL PERÚ *

2011-01-31T10:23:00.000-08:00

La demanda de servicio legal especializado crece, el perú cierra el 2010 con un crecimiento de casi 9.8% en su pbi, el más alto de latinoamérica, junto con argentina. tras la contracción que vivimos en el 2009 y la recuperación económica, se abre una etapa auspiciosa para el incremento de las inversiones en diversos sectores. y con ella, la demanda de los servicios jurídicos.El Perú es un país privilegiado. El buen manejo interno de la crisis mundial en el 2009 y la recuperación económica de este año, hacen prever el despegue de las cifras para el próximo año. Hoy los inversionistas vuelven a mirar con mucha atención los sectores económicos peruanos de, minería, manufactura, energético, textil, pesquero, entre otros.

Las altas perspectivas de crecimiento futuro, el tamaño de su mercado interno, el ambiente de negocios amigable, las condiciones regulatorias estables, la seguridad jurídica y los convenientes precios de los activos, son los principales criterios que colocan al Perú –con un 18 %– como el segundo país más atractivo para invertir en la región, seguido de Colombia (15%), Chile (13%) y Argentina (8%), según lo revela una Encuesta de Ambiente Económico realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC) entre los ejecutivos más importantes de las principales empresas latinoamericanas.

Y es que la economía peruana viene demostrado un excelente desempeño. Durante el 2008, alcanzó una tasa de crecimiento 9.8% en el PBI, situándonos entre los países que más avanzaron en dicho período, y reafirmando la tendencia de ocho años consecutivos de crecimiento.

En el 2009, cuando la mayoría de países en el mundo decrecieron por la crisis internacional, el Perú registró un PBI de US$ 130,324 millones, equivalente a una tasa de crecimiento cercana al 1%.

Las razones que sustentaron la resistencia de la economía peruana fue, entre otros, el crecimiento sostenido de la PEA (en Lima, llegó recientemente a casi cinco millones de personas, es decir, un aumento del 4.8% respecto al año anterior, según el INEI), así como una reducción de la pobreza extrema (calculada en 11.5% en el 2009, frente al 12.6% en el 2008), como lo precisa la misma entidad.

La estabilidad económica y jurídica sostenida durante los últimos 17 años, así como los importantes descubrimientos energéticos (gas natural) y mineros (oro, cobre, etc.), y el grado de inversión otorgado al Perú por las agencias calificadoras internacionales (como el Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch), contribuyeron en la creación de un escenario positivo para las inversiones extranjeras.

La acumulación del capital local, como resultado de varios años de crecimiento sostenido y la venta de las empresas del Estado peruano, ha dado lugar a un modelo dinámico de reinversión en el que los empresarios locales y las empresas están invirtiendo en nuevos proyectos y sectores.

DEMANDA DE SERVICIOS JURÍDICOS

Mauricio Olaya, socio de Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados, lo confirma, al señalar que en las actuales circunstancias, el sector jurídico ha jugado un papel muy activo. Y con un marco normativo favorable a las inversiones (flujo de entrada libre y salida de moneda extranjera, una estructura tributaria basada en no más de cuatro o cinco impuestos básicos, y la posibilidad de establecer una empresa en ningún superior a quince días), el Perú sigue siendo un destino atractivo con excelentes oportunidades de inversión.

La tendencia creciente de las inversiones tuvo su origen en las grandes privatizaciones realizadas desde principios de los años 90. Estas atrajeron capital y empresas transnacionales sentando las bases de una demanda de servicios legales que hoy, al cierre del 2010, tiene un inusitado despegue y dinamismo. Y las firmas de abogados han estado a la altura de los retos, con responsabilidad y creatividad en la adaptación a los cambios. Por el arribo cada vez más importante de inversionistas y la demanda de servicios legales de primer nivel ha generado el surgimiento de nuevas firmas de abogados, sobre la base de una nueva definición de lo que debemos entender como “servicios legales” y que han sido bautizadas como ‘boutiques jurídicas’.

Durante los últimos tres años, los grandes “estudios tradicionales” han comenzado a realizar cambios y adecuarse al nuevo panorama económico peruano, algunos decidieron unirse y otros, con menos suerte, fueron absorbidos por firmas más fuertes, y algunos abogados se aventuraron en el sueño de Estudio propio.

En la siguiente lista “Perú Top Lawyer” da cuenta de las firmas de abogados y estudios más representativas, todas ellas recomendadas por los empresarios peruanos y extranjeros que operan en nuestro país.

ESTOS SON Y AQUÌ ESTAN

Firmas de abogados y estudios jurídicos más importantes del país:

Barreda Moller

Barrios Fuentes Abogados

Bellido, Saco-Vertiz & Bellido Abogados

Benites, Forno, Ugaz & Ludowieg, Andrade

Berninzon, Benavides, Vargas & Fernández Abogados

Bullard Falla Ezcurra Abogados

De la Puente Abogados

Del Mar-Ugarte Abogados

Duany & Kresalja Abogados

Durand Abogados

Ernst & Young

Estudio Echecopar

Estudio Ferrero Abogados

Estudio Grau

Estudio De la Flor, García-Montufar-Arata & Asociados

Estudio Valencia

Estudio Gálvez Abogados

Estudio Olaechea

Fernández Dávila & Bueno

Francisco Espinosa Bellido Abogados

García Sayán Abogados

Hernández & Cía. Abogados

Jorge Avendaño-Forsyth & Arbe

KPMG Grellaud y Luque Abogados

Laub & Quijandría

Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados

Miranda & Amado Abogados

Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados

Osterling Abogados

Payet, Rey, Cauvi

Pizarro, Botto & Escobar

PricewaterhouseCoopers Peru

Priori, Carrillo & Cáceres

Rebaza, Alcázar & De las Casas Abogados Financieros

Rodrigo, Elías & Medrano Abogados

Rosselló Abogados - Attorneys at Law

Rubio, Leguía, Normand & Asociados

Zuzunaga & Assereto Abogados

Del mismo modo, a consecuencia de la consolidación de un equipo de alto desempeño respaldado por su amplia experiencia y reputación en compañías locales y transnacionales, no se puede dejar de mencionar a las siguientes firmas:

Aguirre Abogados

Amprimo Abogados

Aramburu Camino & Boero Abogados

Azabache Caracciolo Abogados

B&B Legal Corporativo

Carbonell O´brien Abogados

Caro & Asociados

Casa Hierro Abogados

Cavero-Blumenfeld, Llosa & R. La Rosa Abogados

Croci & Silva Abogados

Daly, Otero & Florez Abogados

Echaiz – Estudio Jurídico Empresarial

Estudio Belaunde & Musayón Abogados

Estudio Blume Abogados

Estudio Flint Abogados

Estudio Flores - Araoz

Estudio Ghersi Abogados

Estudio Mario Castillo Freyre

Estudio Navarro, Ferrero & Pazos Abogados

Estudio Rodríguez Larraín Abogados

Estudio Torres & Torres Lara & Asociados

Fernández Heraud & Sánchez Abogados

García Calderón -Vidal-Montero & Asociados Abogados

Girao & Asociados Abogados

Hurtado Abogados

Iriarte & Abogados

Lema Solari & Santiváñez Abogados

Linares Abogados

Loli & García Cavero Abogados

Navarro Sologuren-Paredes-Gray Abogados

OMC Abogados & Consultores (patentes y marca)

Pérez Vásquez & Asociados

Rivera & Vela Abogados

Segura, Vera & Document Abogados

Sparrow Hundskopf & Villabuena Abogados

Vicente Ugarte Del Pino Abogados

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que entre los empresarios encuestados resaltó Iriarte & Asociados, considerado como la única firma especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías. Entre los liderazgos individuales destacan Erick Iriarte, especialista en nuevas tecnologías, nombres de dominio y regulación de Internet; Ruddy Medina, especialista en propiedad intelectual, software, industrias culturales, y Rocío Suarez, en egovernment. Asimismo, nombraron a otro estudio como especialistas en Derecho aeronáutico, se trata de Girao & Asociados.

* Fuente: Perú Top Lawyer.

La Primera Abogada Arequipeña

2011-01-25T15:08:00.000-08:00

Escrito por Mario Rommel Arce

Archivado en Historia de Arequipa, Personajes Arequipeños el 05-10-2009

Columbia Valdivia Carpio fue la primera abogada en Arequipa. Un hecho inusitado hasta entonces en que la mujer, según el criterio del siglo XIX, solo debía ser “buena hija, buena esposa y buena madre de familia”. Una situación impensable hoy, pero que describe con claridad el pensamiento de una época de marcado acento patriarcal.

La mujer en la historia estuvo excluida de la posibilidad de seguir una carrera que le permita alcanzar su independencia económica, pero también la realización personal en el ámbito profesional.

La mayoría de ellas eran analfabetas y no estaban suficientemente preparadas para la vida; lo cual las hacía más vulnerables ante los hombres. Su situación, en el siglo XIX, la condicionaba a un rol de ama de casa y sujeta a los prejuicios sociales de la época. En cambio, las mujeres del pueblo fueron más libres y menos esclavas de los convencionalismo sociales.

Sin embargo, ya a comienzos del siglo XIX, se notaba la necesidad de establecer centros de enseñanza que instruyan a las mujeres en determinados oficios y a que accedan a un mínimo de educación para desenvolverse en la vida. En el caso de Arequipa, tal objetivo cumplió el Colegio de las Educandas (1809), como también el Colegio del Rosario (1870) y los Sagrados Corazones de Arequipa (1878).

En el “Prospecto del Colegio de Señoritas de Nuestra Señora del Rosario” que publicó la Reverenda Madre Elena Chávez Delgado, se hace referencia a la importancia para la época de la enseñanza impartida en materia de educación religiosa, moral, intelectual y estética. Al respecto decía lo siguiente: “La enseñanza de las alumnas no carece de cuanto exigen su propia condición y los adelantos de la época, abarcando todo cuanto puede serles provechoso en las diversas situaciones de la vida, para que al regresar al seno de sus hogares no echen de menos ningún conocimiento útil a toda mujer católica y esmeradamente educada”.

Está claro que para esos centros de enseñanza había la necesidad de llenar un vacío que permita a las mujeres mejorar su condición en la sociedad. Como señalaba la Reverenda Madre Elena Chávez Delgado, la instrucción en su Colegio no solo era teórica sino también práctica. De manera que le permita acceder a una serie de conocimientos que le sean útiles en la vida. En esa línea, el citado “Prospecto” del año 1900, menciona que el Colegio fomenta: “el preceptorado, la instrucción comercial, la costura blanca y confección de vestidos, el trabajo de toda clase de labores de manos, el cultivo de las bellas artes, etcétera”.

La idea era dotar a las mujeres de los conocimientos esenciales para el desempeño en el hogar, pero también para “luchar más tarde con ventaja en el rudo combate de la vida”. Sin embargo, todavía no existe la posibilidad de que la mujer logre seguir estudios superiores en la única Universidad que entonces existía en la ciudad de Arequipa. Esto mismo ocurría en otros lugares del país.

Recordemos sólo para ejemplarizar este caso a Trinidad Enríquez, la abogada cuzqueña que no llegó a serlo, porque se le impidió graduarse en la Universidad San Antonio Abad del Cuzco, donde había seguido estudios de derecho. Luego que inició una batalla legal, llegando hasta la Corte Suprema de Justicia, el dictamen fiscal de este tribunal resolvió en su contra, alegando que el temperamento de la mujer no era afín a la abogacía que exigía carácter. Dijo entonces el fiscal Ricardo Wenceslao Espinoza:

“La mujer debe ser, ante todo, buena hija, buena esposa, buena madre de familia: Dios la puso en el mundo con ese objeto; y para que pueda realizarlo, la dotó de belleza, candor, delicadeza de sentimientos y cierta tendencia a someter su voluntad y su inteligencia a las del hombre, en todos los estados de la vida. La poesía, la música, las labores domésticas, el comercio y la industria por menor y otras ocupaciones de este género, convienen a la mujer, pero la milicia, por ejemplo, la marina, la ingeniatura y otras profesiones que demandan fuerza física, vigor intelectual y cierta rudeza de voluntad, son absolutamente incompatibles con el carácter del bello sexo y con el fin a que está destinada en la sociedad”.

“La abogacía se encuentra en este caso, pues aun cuando no requiera esfuerzo físico, exige en cambio un gran desarrollo de la inteligencia, un notable poder de abstracción para perseguir todas las relaciones jurídicas y una inquebrantable firmeza de carácter, para luchar en defensa del Derecho y combatir el crimen y la injusticia donde quiera que se encuentren. Esta profesión, esencialmente varonil, no puede menos que modificar el carácter propio del sexo femenino y apartar a la mujer del hogar doméstico, al cual tal vez más tarde sin las cualidades necesarias para ser una buena esposa, ni siquiera una mediana madre de familia”.

Una situación increíble hoy, pero que describe con exactitud el pensamiento de la época, de marcado acento patriarcal. Y ello debido a la influencia romana de la legislación nacional, que privilegió la figura del varón sobre la mujer. Así, por ejemplo, él fijaba el domicilio conyugal y ella debía seguirlo adonde fuera, bajo pena de incurrir en causal de divorcio. Aunque, por otro lado, el primer código civil peruano de 1852 permitió la patria potestad de ambos padres, en lo que viene a constituir un elemento evolucionado en relación a su referente romanista.

El dictamen del fiscal de la Corte Suprema, corresponde al año de 1891, y es un claro ejemplo de cuál era el pensamiento de la época en relación a las mujeres. Su rol estaba circunscrito a las actividades propias de su sexo. En cambio, el rigor intelectual y aquellos trabajos que exigían fuerza y carácter, eran también contrarios a la naturaleza de su sexo.

“Trinidad María Enríquez. Una abogada en los Andes” titula el libro escrito por Carlos Ramos Núñez en alimón con Martín Baigorria Castillo; el mismo que gira en torno a la vida de la cuzqueña Trinidad María Enríquez (1846 – 1891), estudiante de abogacía en la Universidad San Antonio Abad del Cuzco, que no llegó a graduarse, por impedimentos sobre todo sociales, en una época en que el hombre estaba por encima de la mujer.

La condición de la mujer estaba entonces relegada a las labores domésticas. Era impensable que una mujer pueda ser profesional. La propia normativa vigente la limitaba a las decisiones del varón. No podía, por ejemplo, ser testigo testamentario o suscribir contratos por sí. El varón fijaba el domicilio conyugal y la mujer debía seguirlo a donde éste vaya. Se sancionaba el adulterio de la mujer y el marido la representaba en juicio. Igualmente estaba limitada en el ejercicio de sus derechos políticos. No podía elegir ni ser elegida. Su formación seguía siendo elemental, si no contaban con los recursos necesarios para acceder a los libros. Los hogares más acomodados económicamente constituyeron probablemente la excepción. En todo caso, con la creación de colegios para señoritas, se demostró una mayor conciencia sobre la importancia de la educación femenina.

Recién en 1908, se permitió que las mujeres realicen estudios superiores en las universidades del país. Fueron inicialmente pocas las mujeres que optaron por seguir una carrera profesional. Todavía las ideas decimonónicas sobreviven en el inconsciente colectivo de la sociedad. “La buena hija, la buena esposa y la buena madre de familia”, siguen vigentes durante la primera mitad del siglo XX. Hasta entonces, era innegable el predominio del varón en el campo laboral.

Un caso singular y, por lo mismo, relevante en la historia de género en Arequipa, fue el grado de abogado de la señorita Columba Valdivia Carpio en 1942. Como entonces lo destacaron los periódicos locales, era la primera vez que se graduaba de abogada una mujer en la Universidad Nacional de San Agustín.

Columba Valdivia Carpio nació en Arequipa el 6 de octubre de 1913. Fueron sus padres, el señor Augusto Valdivia Barrientos, regidor provincial durante la alcaldía del próspero industrial arequipeño Pedro P. Díaz, y la señora Julia Carpio. Su padre fue, además, autor de la iniciativa que estableció a partir de 1947 la Semana de Arequipa, para festejar el aniversario de fundación española de la ciudad.

Hizo sus estudios primarios y dos primeros de secundaria en la Escuela Normal. El tercero en el prestigioso Colegio del Corazón de Jesús y el cuarto y quinto de secundaria en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de la Asunción. Luego de seguir los estudios superiores en la Facultad de Derecho de la UNSA, alcanza el grado de bachiller en 1941, con la tesis “Derechos Fundamentales del Niño” que fue aprobada por unanimidad; y al año siguiente, el título de abogado que dio motivo a varios homenajes en su honor.

El jurado estuvo integrado por los catedráticos Mariano Ponce y Talavera, Juan Manuel Polar Ugarteche, Humberto Núñez Borja, Luis de Taboada y Bustamante y Juan Manuel Chávez Torres. Después de haber sido aprobada por unanimidad, invitó una champañada en el bar Botazzi.

Por su parte, las socias de “La Acción Femenina Peruana” saludaron el logro académico conseguido por una mujer que, a la sazón, era secretaria de su directiva, y organizaron en homenaje suyo un cóctel en el Hotel Arequipa en Selva Alegre.

Los periódicos de la época dieron cuenta del agasajo ofrecido a la doctora Valdivia en el Hotel Arequipa, donde le fue obsequiado un pergamino de recuerdo. Aquella vez agradeció emocionada el gesto y dijo que “si había llegado a coronar su carrera profesional era por designios de la suerte, pues no poseía ninguna cualidad que la pudiera distinguir de las demás”. Otra institución representativa de la ciudad, que se sumó a los homenajes fue el Rotary Club.

Cuando cumplió 25 años de actividad profesional, fue igualmente objeto de un cálido homenaje por parte de la “Asociación Femenina de Profesionales de Arequipa”. En dicho acto, la doctora Valdivia recibió un artístico pergamino “como expresión de reconocimiento y aplauso por su labor de abogado en la vida jurídica de Arequipa”.

Durante los 25 años de labor profesional, la doctora Valdivia fue defensora de oficio en la Corte Superior así como Relatora Suplente y Agente Fiscal Suplente. Desde 1959 ocupó la Jefatura de la Oficina de Estadística y Registros Civiles del Concejo Provincial de Arequipa.

Anteriormente sirvió la Inspección de Cultura en el Concejo Provincial que presidió Ulrich Neisser. Fue igualmente fundadora de la “Acción Femenina Peruana” y miembro de instituciones como el “Centro Defensor del Niño” y el “Centro Social de Trabajadores”. Aquí, justamente, con motivo de su primer aniversario, dictó una conferencia sobre las normas de defensa de la mujer. Dijo entonces, según una crónica periodística, que la mujer obrera tenía menos probabilidades de conocer la legislación social que la ampara.

También opinó, en otro momento, a favor del divorcio. En una entrevista para el diario “Noticias”, de fecha primero de octubre de 1949, la doctora Columba Valdivia Carpio dijo que “el divorcio absoluto debe subsistir en nuestra legislación, pues derogarlo significaría un gran retroceso en nuestro progreso y bienestar social”. Dijo que “el divorcio es una cuestión moral y social, ya que la moralidad redunda siempre en el perfeccionamiento o atraso de la sociedad; y hay que tratarlo desde el punto de vista real y humano, porque humana y real es la sociedad. Sus proyecciones son, pues, enormes, en la sociedad y en la moral”. Y agrega: “En la práctica judicial, el divorcio no se concede por que si; la justicia encargada a nuestros jueces, no declara el divorcio sin causa debidamente comprobada que condene al cónyuge culpable. Además, en todo juicio de divorcio interviene obligatoriamente, como defensor del vínculo y como representante de la sociedad, el Ministerio Público y su opinión es valiosa para el juez”.

Recordemos que el matrimonio civil y el divorcio fueron establecidos en 1930 y luego en el Código Civil de 1936. Sin embargo, todavía había voces discrepantes que preconizaban la vigencia del matrimonio religioso como sacramento indisoluble.

A raíz de la muerte de la notable escritora arequipeña María Nieves y Bustamante en 1947, la doctora Columba Valdivia pronunció un sentido discurso fúnebre en nombre del Concejo Provincial de Arequipa. Con elocuente palabra habló de la importancia del personaje en los siguientes términos: “María Nieves y Bustamante fue la única mujer ilustre de nuestra tierra, la hija predilecta de Arequipa; la mejor intérprete de sus bellezas naturales y de las virtudes y el heroísmo de nuestro pueblo”.

La primera abogada arequipeña falleció el 15 de diciembre del 2007, a la edad de 94 años rodeada de toda su familia.

Se trató, sin duda, de un personaje singular para su época. Como ella misma declaró en cierta ocasión, desde muy joven sintió el impulso de estudiar una carrera para valerse por sí misma en la vida. El suyo es un notable ejemplo de lucha por ocupar nuevos espacios y asumir un rol más protagónico en la sociedad.

LA NEGOCIACIÓN RACIONAL (Entrevista a Pinkas Flint)

2011-01-12T08:06:00.000-08:00

El objetivo de "Negociar", es encontrar una solución creativa, actual y que sea satisfactoria en los aspectos emocionales y materiales para las partes, en la resolcuión de un conflicto. Pinkas Flint Blanck..

Usted ha trabajado el tema negociación por años. ¿Considera que esta forma de solución de controversias es mejor que recurrir a los procesos judiciales?

Sin duda. La negociación resuelve conflictos y mantiene la relación interpersonal. Todo juicio, aunque se gane, destruye la relación. Sin embargo, la negociación debe ser racional y lograr eso no es fácil.

¿Qué es la negociación racional?

La negociación racional evita que se genere distorsiones que impiden ver oportunidades y obtener todo lo que se podría en una negociación. No olvidemos que las personas actúan acorde a modelos mentales, entre ellos, el modelo económico, normativo, político, social y cultural. No es lo mismo negociar con un colega abogado que con un político. No todo proyecto se financia porque es rentable. Puede llevarse a cabo por una decisión política que mide número de votos, y no rentabilidad y retorno de la inversión.

¿Cuáles son las tendencias que cuestionan lo racional?

Voy a señalarte siete, todas ellas importantes. Estas son resultado de la economía conductista o behavioral economics que propugna la racionalidad limitada. Así, tenemos la escalada irracional del compromiso con un curso de acción inicial, aunque deje de ser la alternativa más favorable. Acá tenemos Costo de oportunidad vs. Costo hundido. Otra tendencia es suponer que lo que uno gane debe obtenerlo a expensas de la otra parte, con lo cual se pierden las oportunidades de intercambio que benefician a ambos, o el mito del pie fijo. También está aquella en la que los juicios se sustentan en información inadecuada como, por ejemplo, una oferta inicial. El anclaje. Escogemos un dato y nos anclamos. Cuanto pagué por mi casa como precio referencia del precio al que quiero vender. Otro elemento importante es el sentirse manifiestamente afectado por el modo en que se presenta la información. Esto genera aversión al riesgo. Otra es confiar demasiado en la información de fácil acceso ignorando datos más pertinentes. Nos impresiona más los accidentes de avión que los ataques al corazón. Asimismo es muy común no considerar lo que se puede aprender centrándose en la perspectiva de la otra parte, y confiar excesivamente en que se obtendrán resultados favorables.

Estos siete principios deben ser tomados en cuenta siempre.

¿Qué pautas son importantes para establecer un marco racional de la negociación?

Un profesional eficaz debe evaluar objetivamente las alternativas que tiene cada parte para llegar a un acuerdo negociado, sus intereses y prioridades. Es decir, un gerente o profesional eficaz debe comprender los componentes de tipo integrativo y distributivo presentes en toda negociación, para aumentar el pastel de los recursos disponibles y aumentar la porción que le toca. Recordemos que “No todos queremos lo mismo en la torta”.

Ello nos lleva a un tema que me gustaría que nos comente. ¿Qué pautas o pasos debe seguir un abogado que desea una negociación racional?

Nuevamente son siete los criterios. El primero es que debe estimar qué hará si no llega a un acuerdo con nuestra oponente (alternativa externa); el segundo es estimar lo que hará nuestro oponente si no llegamos a un acuerdo. Otro importante es tener en cuenta cuáles son los verdaderos temas que están en juego en la negociación y cuál es la importancia que tiene para nosotros cada uno de los temas en discusión. Asimismo es fundamental tener presente cuál es la importancia que tiene para nuestro oponente cada uno de los temas en discusión, cuál es la zona de regateo y dónde existe posibilidad de hacer intercambios.

En otras palabras debemos siempre manejar un criterio costo-beneficio. No solo la legalidad, sino el costo de cada curso de acción.

Pero, no siempre se actúa así…

Las partes están tentadas frecuentemente a actuar de modo irracional. Somos la suma de la razón y la emoción. Por ello tenemos la tendencia a escalar irracionalmente el compromiso con una estrategia elegida anteriormente. Creemos en el mítico pastel entero y una vez que pensamos en una cifra caemos en el anclaje y ajuste. No es fácil trabajar con información accesible y pecamos de confianza excesiva.

¿Qué hay que hacer para lograr una negociación racional?

Se formulan varias preguntas que debemos responder antes, durante y al finalizar una negociación, entre ellas está si estoy insistiendo en una línea de acción sólo para justificar una decisión anterior; si estoy dando por sentado que lo que es bueno para mí es necesariamente malo para mi oponente y viceversa; si me está afectando irracionalmente un precedente-ancla inicial; si hay otro marco que permita ver la negociación con una perspectiva distinta; si me está afectando la información de fácil acceso, mientras desatiendo datos válidos pero menos accesibles; si he pensado cuidadosamente en las decisiones de mi oponente, y finalmente si tengo demasiada confianza en mi propio juicio. La mayoría de los grandes errores de una negociación no provienen de responder incorrectamente las preguntas, sino en no formular las preguntas correctas. Si se contesta correctamente la pregunta equivocada incurrimos en error. Si no sabemos la respuesta… pero ¿sabemos al menos cuál es la pregunta?

¿Cuál considera que debe ser el rol del abogado siglo XXI?

Ser un profesional en el manejo del conflicto y esto implica poder administrarlo para reducir su incidencia. Es fundamental que sea capaz de negociar racionalmente para crear valor y convertirse en un asesor empresarial multidisciplinario.

* Fuente: Perú Top Lawyer.

UNIVERSIDADES DE FINLANDIA SON LOS MÁS ASEQUIBLES A NIVEL MUNDIAL

2011-01-12T07:55:00.000-08:00

Según un ranking canadiense, entre los mejores sistemas también están Noruega y Alemania. El sondeo midió a 17 países para saber cuáles eran los más accesibles y asequibles en educación superior.

Finlandia es el país con el sistema de educación superior más accesible y asequible, según un estudio que analizó a 17 países. La investigación la realizó un grupo de investgadores canadienses de la Sociedad de estrategia de educación superior. Noruega se encuentra en el segundo lugar.

Los países estudiados fueron Australia, Canadá, Dinamarca, Inglaterra y Gales, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Letonia, México, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, Suecia y los Estados Unidos.

Los sistemas de educación superior más asequible se registraron en Europa, siendo Finlandia el más accesible, seguido de Noruega, Alemania, Dinamarca y Suecia.

A los países de habla inglesa no les fue tan bien: Canadá, Nueva Zelandia, Inglaterra y Gales, Estados Unidos y Australia se posicionaron - en promedio - cercanos a la posición 9 y 13 respectivamente.

Según el sondeo, las naciones con mayor accesibilidad a la educación superior fueron Finlandia, los Países Bajos, Noruega, EE.UU y Australia.

Según Alex Usher, uno de los expertos, los resultados de Finlandia son muy buenos en todos los aspectos. "Ellos tienen costos razonables en educación, un sólido y generoso sistema de becas y préstamos, altas tasas de participación y número de estudiantes igualitarios”.

Por su parte, Finlandia y Noruega son los países con mejor desempeño en ambas características, tanto en accesibilidad como asequibilidad. Según la investigación ambos conceptos no siempre están relacionados, así se vio – por lo menos – en los países.

“A Alemania le fue bien en términos de asequibilidad pero muy mal en accesibilidad. Los Estados Unidos le va muy mal términos de asequibilidad, pero razonablemente bien en términos de accesibilidad. Esto sugiere que es considerablemente más que un asunto de accesibilidad que en costos simples”, explicó Usher.

Si bien la educación superior en Finlandia está bien posicionada respecto a lo medido en el estudio, no es la más eficiente, según los investigadores. Dicho país, es una de las naciones extraordinariamente más generosa al tener un sistema gratuito y heterogéneo.

Sin embargo, de acuerdo a otros estudios los alumnos finlandeses están entre los más lentos en terminar sus carreras y por lo tanto entran al mercado laboral con más años (viejos).

Estos son los resultados que arrojó el sondeo canadiense: Finlandia (1 º en la asequibilidad y accesibilidad), Noruega (2 º y 3 º respectivamente), Alemania (3 º y 11 º), Dinamarca (4 º y no clasificado en accesibilidad), Suecia (5 º y 9 º), Holanda (6 º y 2 º ), Francia (7 º y 10º), Letonia (8 º clasificado y no), Canadá (9 º y 7 º), Nueva Zelanda (10 º y 6 º ª), Reino Unido-Inglaterra y no calificada), México (15 º y 14 º), Portugal (no clasificado y 12), Estonia (no clasificados y 13). Fuente: La Tercera de Chile.

Detalles del Ránking aquí: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20101029223616117

* Perú Top Lawyer.

LA PENA EFECTIVA EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, UNA CUESTIÓN DE LEGITIMIDAD DE ESTADO*

2011-01-04T04:57:00.000-08:00

* Dáel Dávila Elguera, alumno del último año de Derecho. Universidad Privada del Norte - Cajamarca.

Introducción:

Para la realización del presente artículo se ha tenido presente que la disciplina del derecho no se estudia de manera aislada, sino de manera holística con ayuda de las diferentes disciplinas, en ese sentido el presente artículo se apoya en las disciplinas de la ciencia política, el derecho y la sociología.

El objetivo de este artículo es analizar la relación existente entre la legitimidad del Estado y las penas que se aplican en nuestro sistema penal en los delitos contra administración pública, para ello se analizó las penas de los delitos antes descritos y tras ello se ha llegado a la conclusión que las penas no son efectivas lo cual es un peligro para la legitimidad del Estado pues con ello podrían surgir posibles conflictos sociales. En esa línea de reflexión, se plantean algunas recomendaciones a fin de agilizar los procesos de delitos contra la administración pública.

El presente trabajo se encuentra divido en cuatro partes: la primera es una cuestión ontológica del Estado, la segunda de la legitimidad del Estado en relación a la burocracia de funcionarios y servidores públicos, en la tercera parte analizamos las penas que ofrece el sistema penal a los burócratas y en la cuarta y última parte entramos a las conclusiones y recomendaciones.

Se deja el presente trabajo en manos del profesor a fin de que sea valorado y criticado en su oportunidad.

La época en la que vivimos no existe institución más grande que rodee nuestras vidas que el Estado ya sea mediante colegios, hospitales, comisarias, el ejército, municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, sedes judiciales, entre otros. El Estado se encuentra presente de manera omniabarcadora en nuestras vidas y mantiene lo que se conoce desde el derecho romano como el Ius Imperiun, es decir aquella facultad que le permite mandar y dirigir sobre la vida de sus habitantes. Sin embargo surgen algunas preguntes de orden filosófico entorno a la existencia del Estado, por ejemplo en qué momento es que los ciudadanos aceptamos que una persona sea la encargada para dictar justicia, en qué momento es que los ciudadanos decidimos aceptar las ordenes de un conjunto de personas uniformadas que dicen cuidar el orden público, en qué momento es que se aceptamos que se retenga un porcentaje de lo pagado por un producto para que luego sea redistribuido por obras públicas. Estas preguntas aunque parezcan superficiales, son las que colectivamente pueden hacer tambalear el leviatán[1] del Estado[2].

El sociólogo Max Weber[3] plantea algunos requisitos fundamentales para la existencia del Estado: el primero, es el conjunto de instituciones que permitan mantener su presencia física sobre todo el territorio, entre ellas cada Estado puede elegir las que mejor considere necesarias para su desarrollo[4], en el Perú desde 1993 el Estado tiene un rol un regulador de la economía y ya no es más un actor de esta dejando así espacio libre para que los particulares generen riqueza; el segundo componente es un sistema legal que sanciona y respalda los derechos y libertades del régimen democrático, este sistema legal tiene dos espacios claramente definidos el primero de ellos son el conjunto de normas que dan sustento al aparto institucional[5] y le permiten que su actuar se desarrolle entre los márgenes legales[6], y el segundo espacio es aquel conjunto de normas que pertenecen a lo que conocemos como derecho privado[7] que permiten a los ciudadanos actuar de manera libre y con seguridad jurídica dentro del Estado; el tercer requisito es el más importante y es el de la legitimidad es decir que los pobladores dentro de un territorio acepten e interioricen que la actuación del Estado es real y puede hacerse de manera que se limiten ciertas libertades[8]; en ese sentido los pobladores aceptan que el Poder Judicial es el encargado y el único de dictar justicia así como aceptamos que el gobierno retenga parte de nuestro dinero llamado impuesto y luego lo redistribuya entre todos o que tengamos personas uniformadas que conforman la policía y resguardan el orden público.

El teórico del Estado Offe[9] señala que el estado ejerce una dominación sistémica sobre dos grupos el primero de ellos es el económico que recibe e influye en el Estado para las políticas económicas y el segundo grupo es la sociedad que recibe bienes y servicios del Estado y ocupa los puestos requeridos por la economía, otorgando así legitimidad al Estado y al sistema económico para su funcionamiento.

Como afirma Maquiavelo la supervivencia del Estado es una lucha constante por la defensa de este sobre los siervos[10], es decir que si bien el Estado existe en nuestro tiempo su continuidad pasa por la defensa y promoción de su legitimidad sobre los ciudadanos a fin de que los sistemas se articulen entre sí.

La lógica de desarrollo del Estado moderno como bien señala Offe, es que a través de la actividad económica realizada por los privados, sean estos quienes por medio de sus tributos sostengan las instituciones Estales y este a su vez por medio de la dominación sistémica se encargue del monopolio del uso de la fuerza, administrar justicia y algunas actividades como salud, vivienda, educación logrando con ello que los ciudadanos vean retribuido el pago de sus tributos en obras públicas.

En ese sentido y bajo esta lógica, Antony Guiddens[11], plantea una des-particularización del espacio público, donde los ciudadanos sientan como suyo y como un servidor al Estado de los diferentes intereses de los grupos sociales. Todo ello ha de estar guiado en una economía de desarrollo capitalista donde el Estado regule y deje libertad a la propiedad privada para la generación de riquezas y puestos de trabajo.

En Perú, la pasada década se vivió etapas no solo de violación de derechos humanos sino que además actos de corrupción que quedaron grabados en la memoria de todos y todas, entre ellos se encuentran los videos de la “salita” del Servicio de Inteligencia Nacional donde el ex asesor Vladimiro Montesinos repartía millones de dólares a polticos, jueces, propietarios de medios de comunicación, etc. Esta herencia producto de la dictadura fujimontesinista dejó un sabor a corrupción e incapacidad que aun se encuentra vigente hasta nuestros días[12].

Para la ley general del procedimiento administrativo, la administración pública son: El Poder Ejecutivo con todos sus ministerios y Organismos Públicos Descentralizados, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, Los Gobiernos Regionales, Los Gobiernos Locales, Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia[13].

En la doctrina se precisa[14] que “La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha atribución tiende a la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización del contenido de actos administrativos emitidos ex profeso” .

En ese sentido podemos entender que la administración pública se encuentra compuesta por las instituciones, las normas que vinculan estas instituciones y las personas quienes son la burocracia estatal. Los burócratas juegan un papel importante en el desarrollo de la nación, nuestro código penal en su artículo 425 hace referencia a funcionario y servidor público[15]. Pese a que no existe una diferencia tacita entre ambos bajo el ordenamiento adjetivo podemos entender por la doctrina que la diferencia entre el servidor público y el funcionario es que el primero es ciudadano en ejercicio ya que este presta servicios en las entidades administrativas publicas con nombramiento conforme a la Ley y el segundo es ciudadano elegido o designado por una autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos más altos en los poderes públicos y organismos con autonomía[16].

Por lo tanto podemos concluir que tanto las leyes como la doctrina consideran que la administración pública está compuesta por una burocracia dividía en dos grupos los servidores públicos y los administradores públicos, dicha diferencia de personal se encuentra presente en todos los espacios públicos estatales ya antes mencionados.

Como bien se menciono líneas otras, la década pasada nos dejo de herencia la corrupción en nuestras instituciones lo cual se ha hecho una actividad común, es por ello que la mayoría de personas piensa que tras la actividad política está el lucro personal o que la justicia es vendida al mejor postor o que las normas tienen lobbies que las auspician o que los puestos de trabajo en el sector publico responden a “padrinazgos”. En ese sentido se hace necesario también una sanción a aquellas actitudes realizadas por funcionarios o servidores públicos que hacen suyo el Estado bajo la idea de patrimonialidad en la cual lo público se convierte en privado o no realizan de manera correcta funciones.

La sanción para estas malas conductas por parte de la burocracia estatal tiene diferentes aspectos entre ellos el administrativo que implica una sanción impuesta cuyo objetivo es castigar en la vida laboral del trabajador público[17], así mismo tenemos las sanciones penales que se encuentran tipificadas en el código penal.

El código penal peruano se guía por el principio nullum crimen, sine previa lege, es decir que sólo lo tipificado es sancionado, en ese sentido es necesario re pensar cuál es el significado de la pena dentro de los delitos cometidos en la administración pública.

Si bien es cierto que la discusión teórica y doctrinaria entre Zaffaroni y Nino[18] es un punto de partida interesante a partir del cual podemos analizar el significado de la pena dentro del sistema penal es necesario resaltar que la pena en los delitos contra la administración de justicia ha de tener función positiva preventiva y no negativa abolisista. Es decir que tras el delito cometido por un particular o un funcionario contra el Estado la pena cumpla una función de prevención a fin de que esta no sea cometida por otras personas y no una a de ser abolisista en el sentido de aislar de la sociedad a una persona. Pese a los diferentes llamados populistas por parte de algunos políticos[19] se considera para el presente artículo que la pena en delitos contra la administración pública ha de tener una función preventiva.

A continuación vamos a analizar cuál es la estructura del Titulo XVIII del código penal peruano, referido a delitos contra la administración pública:

Capítulo I: Delitos cometidos por particulares

Sección 1: Usurpación de autoridad títulos y honores.

Sección 2: Violencia y resistencia a la autoridad.

Sección 3: Violencia y resistencia a la autoridad.

Capitulo 2: Delitos por funcionarios públicos.

Sección 1: Abuso de autoridad.

Sección 2: Concusión.

Sección 3: Peculado

Sección 4: Corrupción de funcionarios.

Capitulo 3: Delitos contra la administración de justicia.

Sección 1: Delitos contra la función jurisdiccional:

Sección 2: Prevaricato.

Sección 3: Denegación y retardo de justicia

Capítulo IV: disposiciones comunes.

Como podemos apreciar el código penal contempla cuatro capítulos en el primero encontramos los delitos cometidos por particulares donde el sujeto activo en su mayoría es alguien quien no es burócrata y el sujeto pasivo es el Estado y el bien jurídico protegido es el desenvolvimiento regular de la actividad del Estado dentro de las reglas de dignidad, probidad e eficiencia o el ordenado e imparcial desenvolvimiento de los servicios adscritos al Estado a favor de la sociedad y de los individuos.

En el capítulo 2 tenemos aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos quienes son los sujetos activos, es decir personas que trabajan para el Estado pero que por medio del abuso de autoridad, concusión, peculado y corrupción de funcionarios tienden a dañar los bienes jurídicos protegidos por el Estado que son el libre desenvolvimiento estatal. Es de notar que en esta clase de delitos el sujeto activo comete un delito contra el sujeto pasivo, el Estado, quien es su propio empleador por lo que la mayoría de delitos traen consigo una sanción de inhabilitación.

En el capítulo 3 tenemos los delitos contra la administración de justicia que van relacionado a la función jurisdiccional y el prevaricato.

El código penal de 1991 es producto de vientos doctrinarios extranjeros ligados al sistema penal francés e ingles, sin embargo la reforma estatal de 1993, la cual adopta en su mayoría las recomendaciones del consenso de Washington[20], sumado a los nuevos tiempos de gerencia social[21] y modernización estatal realizadas en el último gobierno, no se encuentran en relación legal con el código mencionado anteriormente; pues dicho código no contempla de manera completa los diferentes aspectos de la burocracia estatal de los cuales hemos hablado anteriormente. Así mismo la actitud dolosa de algunos funcionarios públicos no tiene límites y al no estar tipificada se entiende que no hay delito.

Los delitos contra la administración pública aunque deberían estar enmarcados en una lógica preventiva de la pena, no son efectivos pues si estas actitudes no encuentran el tipo penal especial entonces no podemos hablar de delito ni de la función preventiva de la pena, por el contrario nos encontramos con una visión por parte de la comunidad que entiende que el Estado y sus instituciones/representantes se ven burlados y que la administración de justicia no cumple su función. En ese sentido tenemos el Estado pierde su tercer requisito el cual es el de la legitimidad. Analizando las diferentes penas impuestas por el legislador en el código penal se encuentra el siguiente cuadro:

Delito marco	Delito sub marco	Característica penal.
Capítulo I delitos cometidos por particulares	Sección I usurpación de autoridad, títulos y honores	Tres de los cuatro delitos tiene penas de 0 a 4 años mientras que el restante no tiene pena efectiva[22].
	Sección II violencia y resistencia a la autoridad	Ocho delitos contemplados tienen penas de 0 a 4 años, existe un agravante[23] cuya pena máxima es de 8 años y un delito sin pena efectiva[24].
	Sección III desacato	Este delito no tiene pena efectiva
Capítulo II delitos cometidos por funcionarios públicos	Sección I abuso de autoridad	Siete delitos contemplados tienen penas de 0 a 4 años, existe un agravante cuya pena máxima es de 8 años y un delito sin pena efectiva[25].
	Sección 2 concusión	Cuatro son los delitos punibles uno de ellos sin pena efectiva, otro con pena menor de cuatro años, otro con pena menor de ocho años y el ultimo con pena no menor de quince años[26].
	Sección III peculado	Tres de los cinco delitos tienen penas de 0 a 4 años mientras que los otros dos delitos restantes tienen penas hasta los 10 años
	Sección IV corrupción de funcionarios	Cuatro de los diez delitos tienen penas mayores a los ocho años mientras que los demás tienen penas hasta los ocho años.
Capítulo III Delitos contra la administración de justicia	Sección I Delitos contra la función jurisdiccional	Trece tipos penales son tipificados con penas menores a los 4 años, tres delitos tienen penas no menores a los seis años y un delito no tiene pena efectiva.
	Sección II prevaricato	Dos de los cuatro delitos no tienen pena efectiva, uno tiene pena menor a los cuatro años y ultimo una no menor a los cinco años.
	Sección III denegación y retardo de justicia	Dos de los tres delitos tienen penas efectivas no menor a los cuatro años y el otro delito no tiene pena efectiva.

Así mismo tenemos el porcentaje de delitos y penas:

Como se puede apreciar los delitos de concusión y peculado son los que tienen mayores penas así mismo el porcentaje de delitos cuya pena supera los cuatro años solo son el 23% de delitos mientras que el 64% de delitos no superan los cuatro años y los delitos sin pena de cárcel son el 13%.

Aunque la mayoría del delitos en el código penal respecto a delitos contra la administración pública se encuentren penados, la realidad nos indica que en aquellos procesos cuya pena efectiva no sea mayor a cuatro años de cárcel la pena será suspendida, si a ello le sumamos los tipos penales que tienen una duración aproximada de dos años entonces quiere decir que ninguno de los delitos comprendidos en el rango de pena de 0 a 4 años se hace efectiva porque en el mejor de los casos la pena solo seria de un año u año y medio y esto sin contar los beneficios penitenciarios, pues la etapa de investigación y juzgamiento dura entre uno y dos años. Eso quiere decir que tenemos un 77% de delitos contra la administración pública que no tienen pena efectiva.

Así mismo del rango de delitos que superan la pena de 4 años estos son los relacionados al cohecho, peculado y corrupción es decir aquellos delitos que son más sensibles a la sociedad sin embargo en la realidad nos muestra que los jueces no aplican en su mayoría estas penas ya que la etapa probatoria se hace difícil pues el fiscal no cuenta con los argumentos suficientes, es decir aquellos argumentos contables y financieros que verifiquen efectivamente que se ha cometido un delito por lo que en el mejor de los casos, ya sea enriquecimiento ilícito, la pena efectiva será de dieciocho años lo que con beneficios penitenciarios puede reducirse doce años y si a ello le restamos la buena conducta y la etapa de duración del proceso la pena real y efectiva sería de seis años.

Con todo ello se quiere decir que en el Perú un funcionario público puede cometer delitos contra el Estado y sabe que la pena no será efectiva y si en el peor de los casos fuese condenado la sanción podría ser de seis años. Es así que la sociedad puede ver que las penas no son reales ni efectivas y que cualquier persona puede trabajar para el Estado hacerse rico o lucrarse de este y no recibir ninguna sanción.

Frente a ello surge la pregunta sobre el origen de este falla en el sistema, ante lo cual se nos presenta la idea si los tipos penales son muy débiles o el proceso de aplicación de las normas es deficiente, para el presente artículo se considera que las penas establecidas en el código son suficientes pues la ultima ratio del derecho debe ser aplicada como una sanción cuya función sea la de persuadir a los demás trabajadores y no dañar, salvo sea el caso como el de peculado, la vida de los burócratas en espacios penitenciarios durante mucho tiempo. En esa lógica de pensamiento urge la necesidad de un proceso que articule la fiscalía, la contraloría y poder judicial logrando con ello un rápido juzgamiento en los delitos contra la administración pública.

En ese sentido podemos arribar a diferentes conclusiones:

La función de la pena de persuasión en el caso de los delitos contra la administración pública no viene cumpliendo su real función por lo que la sociedad no percibe que el Estado sea fuerte sino que por el contrario que las personas pueden hacer de este un espacio para sus intereses particulares y con ello viene la desacreditación de las instituciones públicas lo que puede traer consigo una crisis que ponga en jaque al sistema estatal y con ello los conflictos sociales se apoderen de nuestra sociedad.

Por ello surge la necesidad que exista una comisión reformadora del código penal que actualice nuestro sistema penal de aquellas malas prácticas de burócratas y permita establecer un proceso especial que permita trabajar de manera conjunta, rápida y más articulada a la fiscalía y la contraloría haciendo de este proceso mucho más rápido y efectivo ante la sociedad para así cumplir la función de la pena y sea persuasiva para que el resto de burócratas no trabaje para el estado para su propio beneficio y con ello lograr el desarrollo de nuestro país.

BIBLIOGRAFIA:

· Guidens. La tercera via The Mc Hill. London 1998

· Codigo Penal Artículo 425.-

· Constitución Política del Perú.

· Hobbes el leviatán. Oveja negra. 1998

· Juan Salazar Hidalgo. Discusión de la pena entre Saffaroni y Nino. Publicado en la web del congreso de la republica del Perú. www.congreso.gob.pe

· Mario Alva Matucetti Blog de Derecho Tributario.

· Mill sobre la libertad. Bliblioteca política. Espasa Calpe. Barcelona 1998..

· N. Maquiavelo. El Principe. Espasa Calpe. Madrid 1989.

· Offe. Teory of States. Mg Hill. San Lois 1999.

· Titilo Preliminar de la Ley 27444 “Ley General del procedimiento administrativo”

· Ver el Blog de Javier Luna : http://javierluna.wordpress.com/

· Weber en su libro “Economía y Sociedad. Espasa Calpe. Madrid 1998

[1] Para Hobbes el Estado permite dominar al resto de ciudadanos de manera omniabarcadora haciendo de esta el monopolio de la fuerza.

[2] La discusión la ontología del Estado ha tenido y tiene aun una lucha constante a lo largo de la Historia por un lado existen grupos que plantean que la presencia del estado ha de ser en lo mínima posible y que son los particulares quienes deben guiar el destino de las gentes mediante sus actos económicos y por otro lado se encuentran aquellos argumentos que plantean la necesidad que el Estado regule y controle las actividades de sus individuos haciendo de este un espacio común de servicio para todos.

[3] La idea expuesta es del sociólogo Max Weber en su libro “Economía y Sociedad”

[4] En el caso peruano el artículo 58 de la constitución contempla que el Estado peruano se encargará de la salud, la educación, la infraestructura y dejara a los particulares que generen la riqueza.

[5] Entre dichas normas se encuentra la ley general del procedimiento administrativo, ley orgánica del poder judicial, ley del poder ejecutivo, entre otras normas que son de las instituciones públicas o que relacionan unas con otras o con los particulares.

[6] Durante muchos años en el mundo de la administración pública ha existido el paradigma weberiano sobre burocracia que plantea que los trabajadores del Estado solo han de actuar en virtud de lo que dice la norma no dejando espacio para su libre desarrollo, sin embargo tras la presencia de Margareth Tacher se inicia la gerencia social en la cual los trabajadores públicos pueden participar en la toma de decisiones de la administración no siendo meramente robots.

[7] Entre dichas normas tenemos las pertinentes al código civil, ley general de sociedades, entre otras normas que dan sustento y seguridad jurídica para los negocios de los privados.

[8] Mill plantea que la libertad dentro de un Estado no implica una libertad personal que permita a los ciudadanos realizar lo que ellos deseen sino que permite a los ciudadanos entenderse de manera comunitaria y que su libertad va en relación a la libertad de otros y que en virtud de ello el Estado puede regular las libertades a fin de cuidar la libertad de los otros.

[9] Offe. Teory of States. Mg Hill. San Lois 1999.

[10] N. Maquiavelo. El Principe. Espasa Calpe. Madrid 1989.

[11] A. Guidens asesor del gobierno Ingles durante los últimos veinte años.

[12] En resientes declaraciones a RPP, el contralor general de la republica señalaba que el pago total realizado por una obra pública el 10% se pierde en actos de corrupción.

[13] Articulo I del Titilo Preliminar de la Ley 27444 “Ley General del procedimiento administrativo”

[14] Ver Mario Alva Matucetti Blog de Derecho Tributario.

[15] Artículo 425.- Se consideran funcionarios o servidores públicos:

1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa.

2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular.

3. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos."

4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

6. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley.

[16] Ver el Blog de Javier Luna : http://javierluna.wordpress.com

[17] Entre ellas podemos encontrar el Capitulo IV y Capitulo V de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

[18] Sobre este debate encontramos un articulo interesante realizado por el Juez del Distrito de Baños del Inca de Cajamarca Juan Salazar Hidalgo.

[19] Recordemos tan solo los constantes llamados de pena de muerte o fusilamiento hecho por el Sr Antauro Humala.

[20] Se entiende por Consenso de Washington un listado de políticas económicas consideradas durante los años 1990 por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington D.C. (Distrito de Columbia), Estados Unidos, como el mejor programa económico que los países latinoamericanos debían aplicar para impulsar el crecimiento.

[21] Producto de las reformas inglesas de 1970 con Margareth Tacher.

[22] Ostentación de distintivos de función o cargos que no ejerce

[23] Violencia contra autoridad si se realiza por dos o más personas o funcionario público.

[24] Atentado contra la conservación e identidad de objeto.

[25] Nombramiento o aceptación ilegal.

[26] El patrocinio ilegal no tiene pena efectiva, el cobro indebido es no menor de cuatro años, la concusión es no menor de ocho años y la colusión no menor de quince años.

El honor ¿una mercancía?

2010-12-21T07:10:00.000-08:00

Por Willam Johel Dávila Sánchez* y Katia Agreda Gaitán**

*Abogado, Fiscal Adjunto Superior de La Libertad, docente en materia jurídica de la Universidad Cesar Vallejo y Universidad de San Martín de Porres.

¿PROGRESO O PERJUICIO EN EL ÁREA TEXTIL?

2010-12-14T14:10:00.000-08:00

Rodolfo A. Roman Benites

Presidente del Círculo de Estudios Cvltvra Legis

Estudio Tuesta, Uriarte & Sedano Abogados S.C.R.L.

Considero que el problema parte de un complejo de inferioridad, pues desde niño siempre escuche; “los juguetes chinos son más baratos”, pero la cuestión es ¿por qué?

Sucede algo parecido cuando se aprobó el TLC con Chile, cuando los políticos simplemente movidos por una xenofobia pretendieron que se declare su inconstitucionalidad, pero cabe preguntarnos;

¿Vamos a esperar que siempre el Estado nos este cuidando las espaldas?, ¿qué efectos provoca este aislamiento del mundo?

En ese sentido la primera pregunta sirve para contestar la segunda. Pues bien hagamos un poco de historia, ¿cuándo nace la idea de las fronteras comerciales?, está claro que las fronteras como soberanía del estado aparecen junto con las sociedades que dejan de ser sedentarias, sin embargo es cuando este concepto se desnaturaliza, cuando las personas son limitadas, y ya no es nuestra la libertad de contratación, cuando un ser abstracto impulsado por argucias de políticos que tan solo pretenden ostentar el poder, cuando concurren estas causales, el Estado decide como siempre que las fronteras no son geográficas, sino son además un límite a la libertad de las personas, a la libertad de contratar, a la libertad de capitales, de información y de MERCADERÍAS.

Es entonces la intervención del Estado que ha vuelto inútiles a las personas, temerosas de competir, pues se han acostumbrado a que alguien haga las cosas por ellos, a que les den empleos, comida, dinero, convirtiéndoles en entes que tan solo saben recibir y no han aprendido a producir por sí mismos. Es así como en su momento salpian a relucir comentarios como los de Magda Quispe en el diario la República en los que muestra números al parecer alarmantes de pérdidas en algunas empresas, sin embargo, en ninguna parte se ha demostrado que este hecho haya sido a casusa de las importaciones de textiles, y por otro lado nos han mostrado acaso los resultados positivos, pues si es que se pierden puestos por un lado pero se ganan por otro, está claro que no es el panorama que nos muestran.

Asimismo otros como el economista Armando Mendoza, escribiendo también en la República pretendiendo explicar que el sistema intervencionista, que nunca definió exactamente, resulta mejor que una economía liberal, chocan con opiniones como las del Diario La Primera, pues por un lado se dice que el sistema es malo y por el otro se dice que el sistema Chino es bueno, pero ambos concluyen en que el TLC es desfavorable, por lo tanto es fácil deducir la inconsistencia del argumento del señor Mendoza y el facilismo del Diario la Primero, pues en el primero el mismo autor aduce con su refrán, “lo que importa no es el color del gato, sino que cace ratones” , es decir, lo que pretende decir es que siempre y cuando un sistema funcione bien, va a dar resultados, pero ¿Cómo se pretende que un sistema liberal funcione bien, si es que sus requisitos como la libertad de fronteras y el libre mercado son impedidos?, pues mientras no consigamos convertir al sistema político peruano en uno liberal, nunca va a dar resultado. Asimismo puede ser de que el sistema Chino sea exitoso, pero ¿a qué precio?, es posible considerar que en el Perú se podría implantar un sistema parecido, pues solo como ya lo he dicho, la aplicación completa del sistema permite su funcionamiento, es que al parecer nuestro autor olvido de revisar un poco la historia, tal vez el nombre de Mao Zedong pueda sonarle familiar, pues China ya posee una doctrina socialista, una formación social totalmente distinta, China durante la guerra fría sabe alejarse de los embates capitalistas y forja su economía, a diferencia de Perú, un país que fue devastado durante la Colonia y que heredó instituciones ineficientes que lo dejaron en el limbo, que nunca supo tomar una senda económica real, y que sin embargo de forma indirecta adopta una economía de mercado que si bien no funciona a la perfección es justo por la intervención del Estado en lo que no bebe de intervenir, De Soto ya lo ha explicado, para el capitalismo es necesario capitales, y que el Estado intervenga para proteger los capitales de las personas, no para crearlos ni destruirlos.

Pasando ahora al facilismo planteado por el segundo artículo, es posible dilucidar con más claridad el complejo del empresario peruano, pues parte de la premisa de que China explota a sus trabajadores, por lo tanto tiene mano de obra barata, y entonces sus productos son más baratos y por ende van a destruir a nuestros productos comercialmente hablando. Sin embargo a pesar de que esta afirmación pueda ser verdadera en cierto sentido, considero que la afectación va a depender simple y llanamente de nuestros productores, pues uno de los problemas empresariales en el país es la falta de innovación sostenible, es decir, el peruano es creativo, pero no optimiza esa creatividad para la creación de valor que le genera rentabilidad, es por ellos que el Perú no es productor, sino tan solo exporta materias primas o de servicios, puesto que los profesionales en el Perú incluyéndome, o son abogados, ingenieros, o médicos, dejando de lado a los técnicos capaces de inventar, entonces la entrada al mercado, la competencia, hará cambiar la mentalidad al empresario peruano, pues se dice de que el Perú exportará a China materia prima y luego comprará por ejemplo el mismo polo del cual produjo la materia prima, pero ¿qué sucede si es que el Perú empieza a producir ese polo?, si es que el exportador peruano decide elevar los precios de las materias primas, y él mismo produce los textiles, entonces se elevarán los precios de los importadores y se reducirán los precios de los textiles del mercado nacional, provocando una verdadera economía liberal que se basa tan solo en decisiones de los agentes del mercado y no del Estado.

Por otro lado la opinión de José Luis Peroni también me pareció del todo particular, puesto que pretende que las confecciones de calzado y textiles se retiren de las negociaciones, es decir, China supuestamente va a aceptar que sus industrias pierdan y que tan solo las nuestras ganen, pues con ese criterio entonces China podría decir, que se retiren de las negociaciones al sector pesquero o agroindustrial, lo cual es un fundamento del todo tirado de los pelos.

Quiero tocar ahora un punto que en realidad nadie hasta la fecha ha analizado, el cual es “EL Consumidor”, ¿acaso hemos visto los intereses del consumidor?, pues no vaya a ser que tan solo se piense en los bolsillos del empresario textil, ojo a aquellos que por ir en contra del TLC se dicen defensores del pueblo. Analicemos entonces; ¿qué va a generar la entrada de productos textiles chinos más baratos?, en primer lugar lo que provocará es que el consumidor no gaste tanto dinero, pues va a ahorrar en este rubro, y segundo efecto, ese dinero que no gasta en textiles lo va a gastar en otra cosa, que puede ser ALIMENTACION, EDUCACIÓN, SALUD. Parece que olvidamos que los precios tienen información implícita, y que muchas veces las personas pobres de nuestro país no tienen dinero para comprar textiles hechos por peruanos a precios elevados, pero si por el contrario un abrigo Chino barato que les permita sobrevivir a una helada en Puno.

Esto último tiene ya se ha visto su fundamento técnico, como lo enseña Bullard, como lo enseña Calabresi, teniendo un poco de interés para revisar algunas resoluciones magistrales de INDECOPI (el primer ente estatal de Latinoamérica que resuelve con el Análisis Económico del Derecho), y entenderán que de que los denominados “Productos Basura” son necesarios en nuestro país, pues las personas elijen ellos porque no tienen los medios para elegir otros, de lo contrario se quedarían sin consumir. Calabresi (juez) por su lado, resuelve todos los casos que tienen que ver con el derecho del consumidor sin mirar las demandas y tan solo fijándose en los precios de los productos, pues el precio tiene información implícita, es así que utiliza la siguiente fórmula;

Cuando el Precio < mercado la demanda es infundada, pero

Cuando el Precio> mercado la demanda es declara fundada.

Por lo tanto es conocida la calidad de los productos Chinos, es un típico ejemplo de mala calidad a precio bajo, y por otro lado es también conocida la calidad de los textiles peruanos, siendo incluso el calzado peruano y en especial el Trujillano uno de los mejores del mundo, los cuales son los más caros incluso en las mejores tiendas del mundo.

Esto a todas luces destruye el temor de los empresarios textiles, por lo tanto dejemos que el consumidor elija, motivemos a nuestros empresarios a que fortalezcan sus empresas, se agrupen, se asocien, vuelvan a sus empresas más rentables e innovadoras y puedan competir con otros países.

Es pues así que debemos de una vez por todas entender que Papá Estado no nos va a estar protegiendo por siempre, y que el día de que el Estado inhiba su intervencionismo y permita a los agentes del mercado a actuar, lograremos una verdadera política liberal y conseguiremos que el Gato de color liberal cace al ratón.

Fuente de los comentarios:

http:/www.larepublica.pe/economia/26/02/2010/hay-temor-al-tlc-con-china-0

http:/www.larepublica.pe/economia/26/02/2010/hay-temor-al-tlc-con-china-0, escrito por: Armando Mendoza –Economista

http://fichasdehistoria.blogspot.com/2008/11/desventajas-del-tlc-con-china.html

http://topneg-tlc-china-peru.blogspot.com/

I JORNADA DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA UPN.

2010-12-07T17:15:00.000-08:00

Fueron dos eventos de real importancia que colmaron las expectativas de nuestros alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte (Trujillo - Cajamarca). En primer lugar nuestra primera Audiencia Pública llevada acabo en nuestro auditorio UPN. Los alumnos de los cursos de Derecho Procesal Civil I - Trujillo, experimentaron con gran expectativa su primera simulación de una Audiencia de Pruebas, abriendo el camino para que en adelante futuros alumnos del curso antes mencionado puedan participar de este evento, que estoy seguro contribuirá en su formación y desarrollo profesional.

El segundo evento que fue todo un éxito fue nuestra I Jornada de Derecho Procesal Civil, que se desarrollo los días 3 y 4 de diciembre, con la participación de destacados procesalistas expertos en la materia y Magistrados de la Corte Superior de Cajamarca. Los temas abordados fueron por demás interesantes y lo mas importante fue la participación en pleno de los alumnos de los cursos de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, I y II, de la facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte de Trujillo y Cajamarca, así como las delegaciones de la Universidad Privada Cesar Vallejo y alumnado en general. Finalmente se logró la integración de las dos ciudades con un Tour a Granja Porcón que motivo a los alumnos y pudieron confraternizar logrando de esta forma el objetivo de la integración.

Quiero agradecer especialmente a Daél Davila Elguera que fue quien lidero la organización, a la Dra Judith Meza, Directora del Consultorio Jurídico Gratuito y nuestra Dirección de Escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte - Cajamarca, que hicieron posible se lleve con éxito esta Jornada.

Por mi parte solo me queda seguir ofreciendo mi compromiso y apoyo total, en el desarrollo de estos eventos académicos y agradecer a las personas que hacen posible se cumplan con estas metas.

Gracias.

Frank Acevedo

Docente UPN - Trujillo - Cajamarca.

IMAGENES, SIMULACION DE AUDIENCIA DE PRUEBAS

IMAGENES, I JORNADA DE DERECHO PROCESAL CIVIL - CAJAMARCA

I JORNADA DE DERECHO PROCESAL CIVIL. UPN - CAJAMARCA, 2 y 3 DE DICIEMBRE

2010-11-28T12:55:00.000-08:00